La Agencia Pública de Educación (APAE) ha informado de que, ante “un llamativo incremento en el presupuesto” de transporte escolar en la provincia de Cádiz en el curso escolar 22-23, abrió una investigación en mayo de 2023 que se ha saldado, de momento, con el despido de un trabajador de APAE supuestamente implicado y llevando el caso a la Fiscalía por indicios de delito. El fraude que se analiza, para el que se habrían utilizado facturas falsas, suma un importe que supera los 350.000 euros.
Según ha explicado la Consejería a Europa Press, ante la información adelantada por El País sobre este caso en el que se usaron facturas falsas, en mayo de 2023 la APAE abrió diligencias preliminares por la tramitación irregular de expedientes de contratación de transporte escolar en la provincia de Cádiz en el curso escolar 22-23.
Como medida cautelar, el trabajador de la agencia pública fue suspendido de empleo y sueldo. Según la información de El País, la Fiscalía apunta además a varios empleados de APAE y empresarios por malversación, prevaricación, fraude a la administración y falsedad en documento mercantil.
Estas diligencias fueron abiertas porque la agencia había detectado un “llamativo incremento” en el presupuesto que dio paso a la investigación que llevó a cabo un técnico de APAE en la Gerencia de Cádiz. A partir de ahí se abren las diligencias y en noviembre de 2023 la Agencia Pública de Educación despide al trabajador implicado después de incoar un expediente disciplinario por faltas muy graves.
Según ha indicado, la Agencia Pública de Educación puso en conocimiento del caso a la Intervención General de la Junta, que a su vez lo trasladó a la Fiscalía por indicios de delito. Además, ha señalado que también la agencia ha trasladado a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) la documentación que ha requerido sobre el caso.
Finalmente, la Agencia Pública de Educación ha explicado que ha reclamado a la empresa, mediante resolución de nulidad de los contratos afectados (15 de marzo de 2015), las cantidades percibidas de forma irregular, que ascienden a 351.396 euros, además de 25.235 euros al trabajador, que supone la cantidad correspondiente al periodo de suspensión de empleo y sueldo.
Según ha adelantado El País, la irregularidad detectada afecta a varias rutas de transporte escolar en la provincia gaditana, entre ellas dos con centros escolares de Chiclana, “prestándose el servicio una única vez, pero abonándose repetidamente a través de los diferentes expedientes con la misma empresa”.
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