Los vehículos con conductor (VTC) de empresas como Uber y Cabify van a seguir operando en las ciudades andaluzas con ciertas restricciones. Fundamentalmente, esta es la premisa que se desprende del nuevo decreto aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía “a contrarreloj” el pasado martes, en tanto que se aproximaba la fecha límite del 1 de octubre que había fijado el conocido como decreto Ábalos.
Restricciones que el taxi considera insuficientes para frenar “el intrusismo” que denuncian desde el sector, al entender que la normativa recién publicada en el BOJA es un “traje a medida de las plataformas y las multinacionales” mientras “deja en la cuneta a las 10.000 familias andaluzas del taxi” y sentencia al sector a “un futuro muy oscuro”, como lamenta David Capelo, presidente de la Unión Sevillana del Taxi. En esta línea, la organización en defensa de los consumidores Facua Andalucía ha cuestionado la efectividad del nuevo decreto para garantizar el “equilibrio” entre las dos modalidades, además de criticar que “no está pensado especialmente en la protección del consumidor”, como indica a este diario su secretario general en la región, Jordi Castilla.
Sin embargo, para la titular andaluza de Fomento, Marifrán Carazo, con la aprobación de la norma no hay “ganadores ni perdedores”, sino que es el resultado de “más de cien horas de negociación”, y de “poner en el centro los intereses de los usuarios”, así como la seguridad jurídica y la convivencia de taxis y vehículos VTC, según manifestó la consejera en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que aprobó el decreto ley.
“Son palabras vacías”, reprochaba David Capelo, después de su intervención y aseveraba que el “decretazo” (como lo han denominado desde el sector) “no contempla ninguna de las aportaciones y sugerencias que se le ha hecho llegar por parte del taxi”, contradiciendo así las palabras de la consejera.
Al día siguiente de su aprobación, la norma se debatió en el Pleno del Parlamento andaluz y la Marifrán Carazo volvió a defender que su departamento ha promovido una regulación del sector de los VTC “centrada en el usuario” para que tenga “el mejor servicio”. Y reiteró que “en ningún momento daña al sector del taxi”, sino “todo lo contrario”. Un pleno tenso y dividido en el que la oposición reprochaba al Gobierno de Moreno Bonilla no haber alcanzado un acuerdo con el sector del taxi y en su lugar, haber promovido una regulación que “viene a enquistar” el “conflicto” entre los taxis y los VTC, mientras que los populares elogiaban la determinación de la Consejería de Fomento en lo que han defendido como una regulación “valiente”. Entretanto, a las puertas del antiguo Hospital de las Cinco Llagas, taxistas de todos los rincones del territorio andaluz pedían la dimisión de Carazo y lanzaban proclamas de “tristeza” y “enfado”, además de huevos contra el edificio.
¿Qué dice el decreto?
El decreto ley por el que se modifica la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOJA, es decir, este sábado 1 de octubre. Según consta en el documento, la finalidad de este decreto es la de “establecer un marco común para la actividad” de los VTC en Andalucía, “tras las nuevas exigencias introducidas” en 2018 por normativa estatal, según la cual el Estado solo habilitaba a las VTC a prestar servicios urbanos (esto es, dentro de las ciudades) hasta el 1 de octubre y a partir de ese momento delegaba en las Comunidades Autónomas la decisión de que siguieran operando en territorio urbano y bajo qué condiciones.
Responde así, de acuerdo con el contenido del decreto, a la necesidad de “solventar el vacío legal existente para la prestación del servicio en el ámbito urbano” a partir de septiembre. Y se escuda diciendo que la no regulación (escenario anhelado por los taxistas) “tendría un impacto económico y en términos de empleo inasumibles para la sociedad andaluza, condenando además a un sector [el de los VTC] a la práctica desaparición”, así como “efectos negativos para la movilidad urbana”.
Por ello, se autoriza a los vehículos con conductor a “seguir desarrollando su actividad en el ámbito urbano” en aras de “asegurar la protección de los derechos de los consumidores y usuarios”, al tiempo que se establece un conjunto de “limitaciones al servicio de VTC”, de acuerdo con el planteamiento del Tribunal Supremo, para “permitir una competencia equilibrada entre ambas modalidades de transporte urbano y hacer posible con ello el mantenimiento del servicio”, tal y como recoge el texto.
Medidas concretas
En este punto, el decreto se remite a la ley estatal que regula la actividad de las VTC - el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre - en el que dice basarse para garantizar que se diferencie la actividad de estas dos modalidades que compiten en el mismo mercado de transporte urbano. Así, los VTC “únicamente podrán circular si se justifica que están prestando un servicio previamente contratado” y “en ningún caso” podrán “circular por las vías públicas en busca de clientes ni propiciar la captación de viajeros que no hubiesen contratado previamente”. Esto es, precontratación y prohibición de captar clientes alzando la mano a pie de calle. A partir de ahí, se establecen entre otras, las siguientes limitaciones al servicio de los vehículos de transporte con conductor, que están siendo en algunos casos objeto de controversia:
No se concederán más autorizaciones. A partir del sábado, operarán en el territorio andaluz los mismos vehículos con licencia VTC que hasta ahora, y solo podrán ampliar el número en un futuro si se cumple la ratio fijada por el Gobierno de España de un VTC por cada 30 taxis. Actualmente, Andalucía registra una proporción de un VTC por cada 2,7 taxis. Desde la Consejería explican que dicha proporción podría alcanzarse en caso de que algunas licencias VTC decaigan por no cumplir las condiciones, llegado el momento de la renovación. Con todo, este punto lo han recibido con alivio los representantes de los vehículos con licencia VTC, porque “no se ven afectadas las que ya están concedidas a día de hoy”, y se evita así el temido “ERE de 8.000 trabajadores que supondría ajustar la proporción a la que establece el decreto Ábalos”, como explica el secretario regional de acción sindical de la Federación de Servicios para la Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT Andalucía, Juan Antonio González. Por tanto, en nombre del sector, desde UGT-A “se dan por contentos” de que la Consejería “haya regulado el sector”, pudiendo “garantizar la estabilidad del sector de las VTC en Andalucía”.
Limitación espacial. Esta es la principal medida en discordia. El decreto elaborado por el departamento de Carazo establece “zonas de protección” de alta demanda en las que los vehículos con conductor no podrán aparcar ni circular sin contratación. De esta forma, a menos que hayan sido contratados por un usuario, tendrán que permanecer alejados 300 metros de aeropuertos, puertos y estaciones de tren y autobús, y a 150 metros de hospitales, centros comerciales, paradas de taxis, hoteles de al menos 4 estrellas, sedes judiciales o espacios en los que se esté celebrando un evento multitudinario (deportivo, cultural o socia). Con la excepción de “aquellos servicios que deban prestarse de forma inmediata, como consecuencia de urgencias, emergencias y asistencia en carretera”.
No obstante, la reivindicación del taxi instaba a limitar la precontratación por un criterio de tiempo - de al menos 15 minutos - y no de espacio, pues consideran que esta última en la práctica no va a suponer gran cambio para el servicio de los VTC. Una medida (la del tiempo) que cuenta en el Parlamento Andaluz con el visto bueno del ala izquierda y también con el posicionamiento favorable del Ayuntamiento de Sevilla.
Sin embargo, la Consejería de Fomento ha optado por desestimar esta demandada por “la inseguridad jurídica” que propicia a la Administración, en palabras de Marifrán Carazo. Alude en este punto la consejera de Fomento al caso de Catalunya, donde su aplicación provocó que “Uber abandonara” la región y acarreó “reclamaciones patrimoniales millonarias” contra la referida administración autonómica que “aún no están resueltas”.
Prohibida la geolocalización previa a la contratación. Es decir, el usuario solo podrá conocer la ubicación del vehículo solicitado una vez contratado. Antes de solicitar el servicio, no podrá disponer de información acerca de los vehículos disponibles ubicándolos en el espacio.
Características técnicas. Los nuevos vehículos con licencia VTC que se incorporen a la circulación (por sustitución, por ejemplo) deberán reunir determinadas condiciones técnicas relativas al color (todos serán negros) y al tamaño (un mínimo de 4,9 metros, por lo que deberán ser de alta gama; 4,7 metros para híbridos/Eco y 4,5 metros para los cero-emisiones). El tema de la rotulación quedará sujeta al desarrollo reglamentario posterior a la norma, pero “en ningún caso se instalarán signos o elementos externos que induzcan a confusión con la actividad de los taxis”.
Al respecto, Ignacio Manzano, presidente de la Asociación Andaluza de Alquiler de Vehículos VTC, Andeval, ha expresado preocupación por “algunas restricciones desproporcionadas, como las medidas de los vehículos”, pues entiende que “el tamaño mínimo, sobretodo en vehículos ECO, ralentizará sin duda el proceso de electrificación del parque de vehículos en Andalucía y dificultará el acceso a alternativas de movilidad más sostenibles para los usuarios”. Aun así, celebra como “una buena noticia” que la nueva regulación “garantice la continuidad del sector de la VTC en Andalucía”.
¿Y los derechos de los consumidores?
Durante las diversas reuniones que han mantenido con los dirigentes andaluces, Facua asegura haber trasladado propuestas para que la normativa contemplara un marco de relación de derechos entre los usuarios y las VTC. Sin embargo, “las promesas de protección al consumidor asumidas con Facua” se han “diluido” en el texto “sin concretar nada y sin que en la práctica suponga ningún avance” para mejorar los derechos de los usuarios, aun cuando “el documento refleja algunos detalles tan específicos como el color o las medidas de los vehículos, pero no así qué derechos tienen los usuarios a la hora de usar estos medios de transporte”, critica Facua Andalucía.
Precisamente, algunas de estas propuestas han quedado sujetas al posterior desarrollo reglamentario y a la potestad de la administración, como lamenta Jordi Castilla. Por un lado, en lo relativo a limitar los precios abusivos - que en los VTC no están sujetos a tarifa administrativa, como sí los del taxi - el texto recoge que “se podrá establecer una tarifa máxima por proporcionalidad y necesidad”, “previa audiencia de las organizaciones del sector, de consumidores y usuarios”.
De esta forma, el límite “queda condicionado a un acuerdo con las plataformas” y si Uber o Cabify “no quieren ceder en determinados aspectos, no existirá este marco de derechos para los consumidores”, advierte la organización. Con lo cual “podría no aplicarse nunca esta limitación y aún así se estaría cumpliendo la ley”, lamentan el secretario general de Facua a nivel regional.
Otro de los elementos del que se había hablado de manera expresa en la negociación y que han quedado “en el aire”, es el relativo a las “indemnizaciones por daños y perjuicios concretos, especialmente en el caso de que los prestadores cancelasen el servicio de manera unilateral”, como denuncia Facua. Por último, Jordi Castilla reprocha a la Junta de Andalucía que “tampoco esté garantizando el acceso universal de las personas con movilidad reducida”, pues la normativa estipula que el 5% de vehículos adaptados solo será imprescindible en las flotas con más de 100 coches.
El papel de los ayuntamientos
Otro punto controvertido del decreto es la cesión de “la potestad sancionadora” a los ayuntamientos. Con este gesto, la Consejería de Fomento demanda la “colaboración” de los gobiernos municipales a la hora de “vigilar la aplicación de la ley”, con el aliciente de que podrán hacer uso propio de la recaudación. Así lo dio a conocer la titular andaluza de Fomento en rueda de prensa, asegurando que contaba con el visto favorable por parte de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.
Asimismo, el decreto concede a los consistorios la potestad de recrudecer las sanciones a los taxis que operen sin licencia y de regular en su ámbito territorial un máximo de 52 días de descanso al año para los VTC “para garantizar el equilibrio entre la oferta y la demanda del transporte urbano de viajeros”, si bien “en ningún caso podrán implantarse durante los periodos de mayor demanda del servicio”, como reza el documento.
No obstante, el delegado del Área de Gobernación del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Carlos Cabrera, ha criticado la intención de “traspasar una competencia propia de la Junta de Andalucía” a los consistorios en la medida en que “supone para los ayuntamientos un coste añadido y una complejidad” referente a la “tramitación de las sanciones y la inspección”. “¿Quién controla e inspecciona eso?”, se ha preguntado el delegado que subraya la “complejidad” que entraña para el Ayuntamiento sin que “la Junta hable para nada de proporcionar medios”.
En cualquier caso, la nueva regulación de los VTC ya ha echado a andar en Andalucía con el taxi andaluz en contra. “Estamos muertos, pero no enterrados”, afirma a este periódico David Capelo. Por ello, sostienen que seguirán trasladando su malestar al Gobierno de Moreno Bonilla, aunque avanzan ya que “a partir de ahora” van a “emprender otro camino”: el de las reclamaciones judiciales. “Sabemos que la justicia es lenta pero creemos en ella y en los jueces encomendamos nuestro futuro”, sentencia el presidente de la Unión Sevillana del Taxi en nombre del sector.