Dimite el interventor general de la Junta de Andalucía vinculado al 'caso Leire'
El Interventor General de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Figueroa, ha dimitido de su cargo, aduciendo “motivos personales”. La dimisión de Figueroa, adelantada por ABC y confirmada por este medio, se conoce tras revelarse que sus siglas aparecen en el cuaderno de la exmilitante socialista Leire Díez como “nuestros ojos en la SEPI”.
Figueroa, interventor general de la Junta de Andalucía desde enero de 2025, llegó a ese puesto procedente de la Agencia IDEA, aunque antes había pasado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), donde estaba bajo el mando de su amigo y expresidente Vicente Fernández, hoy investigado por la Audiencia Nacional por presuntas irregularidades en contrataciones públicas vinculadas a la SEPI y otras entidades públicas. Esta parte del caso sigue bajo secreto de sumario. No ha trascendido que Figueroa esté investigado.
Fuentes del Ejecutivo andaluz confirman a elDiario.es que Figueroa comunicó su intención de dimitir “hace unos meses”, cuando comenzaron a revelarse las primeras informaciones sobre el caso. Continuó, pero anunció que dimitiría tras las elecciones. Así ha sido. Estas mismas fuentes confirman que presentó su carta de dimisión el lunes.
Ahora, la renuncia debe pasar por el Consejo de Gobierno, antes de que se active el procedimiento de sustitución. La previsión es que eso ocurra la semana que viene. El procedimiento de sustitución es reglado, tal y como previene el Reglamento de funcionamiento de la Intervención: asume el puesto la persona titular de Dirección de División con mayor antigüedad en el cargo.
La Intervención General de la Junta de Andalucía es la encargada de controlar cómo se gestiona el Presupuesto de la Junta de Andalucía, más de 48.000 millones de euros, ejerciendo funciones de auditoría interna independiente dentro de la Administración. Controla la legalidad del gasto, realiza auditorías, lleva la contabilidad, colabora con los tribunales cuando se le requiere para ello...
Nombrado en enero de 2025
Figueroa se desempeñaba como interventor general desde hace año y medio, después de que en enero de 2025 el Gobierno andaluz cesara a su antecesora, María Antonia González Pavón, responsable del informe de actuación que alertó a la consejera de Hacienda del “fraccionamiento masivo e indebido” de contratos menores en el SAS en 2021, un informe que dio pie a la apertura de diligencias en un juzgado de Cádiz por un supuesto delito de malversación.
Poco después de aterrizar, destituyó a cuatro de los ocho jefes de división, lo que motivó que la oposición hablase de purga. Casi simultáneamente, el Gobierno andaluz cambió el sistema de fiscalización interna de sus cuentas, en plena investigación judicial por los contratos sanitarios: la Intervención General asumió el control financiero permanente del SAS, esto es, las auditorías a posteriori que hasta entonces realizaban los interventores provinciales.
Esos informes de auditoría desfavorables elevados por los interventores provinciales del SAS están en el origen de la investigación judicial. El control de los informes determina también el de la relación con los órganos judiciales que puedan investigar posibles irregularidades.
En mayo, Figueroa reorganizó el trabajo, y la Intervención General pasó a asumir directamente la realización de esos informes.