Las plataformas digitales tendrán que retirar los anuncios de casi 17.000 pisos turísticos en Andalucía, en concreto 16.740, a los que se les ha denegado el obligatorio número de registro al no cumplir los requisitos legales. Esto supone que la comunidad autónoma acapara un tercio (el 31%) de las 53.876 viviendas que están en esta situación en toda España, con Sevilla (con un total de 2.289) como la ciudad con más pisos en esta situación ilegal en toda España, seguida de Marbella (1.802), Barcelona (1.564), Málaga (1.471) y Madrid (1.257).
Ha sido este domingo cuando el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha notificado estas viviendas turísticas ilegales en Andalucía a las plataformas digitales para que retiren los anuncios online de estos alojamientos. Se trata de pisos que han solicitado el número de registro obligatorio desde el pasado 1 de julio, pero que no lo han obtenido porque no cumplen los requisitos legales. Ahora, las distintas plataformas deberán proceder a la retirada de los anuncios de estos inmuebles, que se pueden estar comercializando en varias de ellas a la vez.
El encargado de hacer el anuncio ha sido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que en un mitin celebrado en Málaga comunicaba que este lunes van a revocar y quitar del Registro Único de Arrendamientos más de 53.000 viviendas “que pretenden convertirse en alquileres vacacionales o turísticos”. El objetivo ahora es que pasen a ser “alquileres constantes, permanentes para la gente joven y las familias de este país”.
La reación de la Junta de Andalucía ha sido furibunda, cono el consejero de Turismo, Arturo Bernal, criticando el “bochornoso y lamentable mitin” de Pedro Sánchez y María Jesús Montero y denunciando que “han venido a Andalucía a atentar contra nuestra principal industria, el turismo”. A su juicio, “el problema de la falta de vivienda en España y Andalucía no está en el turismo, sino en la nefasta Ley la Vivienda aprobada por decreto y con nocturnidad por el sanchismo que demoniza a los propietarios de viviendas, a los ahorradores y la clase media andaluza y premia a los okupas”.
En declaraciones a los periodistas, Bernal ha señalado que “las viviendas que falsamente dice Sánchez haber sacado del registro de la propiedad no son ilegales”, así como que “la norma por la que se habilita al registro de la propiedad es una norma de más que dudosa legalidad, que nació muerta, con informes demoledores del Consejo de Estado y la advertencia de Europa de iniciar un expediente por ir manifiestamente en contra del reglamento europeo, así como con un recurso en contra ante la sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo”.
“Se ha generado, en consecuencia, una gran inseguridad jurídica que perjudica de forma directa al ciudadano”, ha añadido. El Gobierno andaluz, por cierto, interpuso en mayo un recurso contencioso-administrativo contra el Ministerio de Vivienda por este registro obligatorio que es efectivo desde el 1 de julio, ya que entiende que invade sus competencias. La Junta también considera que son las comunidades autónomas las que deben ser las destinatarias de toda la información facilitada por los interesados, por lo que reclama la exclusividad autonómica sobre los datos de la Ventanilla Única Digital.
Las ciudades andaluzas en las que se concentran más de estos pisos son Sevilla (2.289), Marbella (1.802), Málaga (1.471), Benalmádena (926), Fuengirola (686). Por lo que respecta al resto de capitales, hay un gran contraste entre las cifras: Almería (117), Cádiz (403), Córdoba (397), Granada (620), Huelva (19) y Jaén (12).
Atendiendo al dato por provincias, las cifras más altas se registran en Málaga (8.014) con mucha diferencia, ya que le sigue Cádiz con 2.849. A continuación figuran Sevilla (2.533), Granada (1.250), Almería (851), Huelva (556), Córdoba (503) y Jaén (184).
En cuanto a comunidades autónomas, a los 16.740 pisos de Andalucía le siguen Canarias (8.698), Cataluña (7.729), Comunidad Valenciana (7.499), Galicia (2.640) y Baleares (2.373). En un siguiente escalón ya están la Comunidad de Madrid (1.531), Región de Murcia (1.402), Cantabria (955), Castilla-La Mancha (918), Castilla y León (904), Asturias (755), Aragón (700), País Vasco (472), Navarra (230), Extremadura (181), La Rioja (136) y Ceuta y Melilla (13).
El presidente del Gobierno ha explicado que con el Registro Único de Arrendamientos se quería “poner orden en el desorden que existía hasta entonces de las viviendas y los apartamentos turísticos, lo que son los alquileres turísticos”. El argumento que ha esgrimido es que “eso encarece el precio del alquiler y además reduce la oferta y por tanto hay mucha gente, no solamente jóvenes sino también muchas familias, que no pueden acceder”.
El Ministerio de Vivienda ha resaltado que España ha sido el primer país de Europa en poner en marcha este registro, en colaboración con el Colegio de Registradores, para acabar con el fraude en los alquileres turísticos. A través de la Ventanilla Única Digital, los datos se cruzan con los de las plataformas digitales, que están colaborando para identificar los anuncios sin código.
Desde que comenzó a funcionar el 1 de enero, el registro ha recibido un total de 336.497 solicitudes, de las cuales 264.998 (78,75%) corresponden a alquileres de uso turístico. De estas, 53.786 han sido revocadas (20,3%).
Si un código es revocado significa que el Colegio de Registradores ha recibido la solicitud, que la misma contenía datos incompletos o no acordes a la normativa vigente del tipo de actividad que se pretendía desarrollar y que no fue subsanada en un plazo oportuno. El Ministerio subraya que el objetivo final es “preservar la función social de la vivienda y combatir los pisos turísticos ilegales, que expulsan a las familias de sus barrios y desdibujan las ciudades”.
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