Un juez imputa a dos altos cargos de la sanidad andaluza en Cádiz por el caso de los contratos a dedo archivado en Sevilla
Apenas tres días después de que un juzgado de Sevilla archivase la causa contra el Gobierno de Juan Manuel Moreno por prevaricación en los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) con clínicas privadas, otro juzgado en Cádiz ha abierto una “pieza separada” para investigar la misma querella del PSOE -personado como acusación popular- y ha citado a declarar como imputados a dos altos cargos de la sanidad andaluza: el exgerente del hospital Puerta del Mar en Cádiz, Sebastián Quintero Otero, y al jefe de compras de la Junta del SAS en este provincia, Demetrio González.
El juez ha citado a los dos directivos a declarar como investigados, acompañados de sus abogados, el próximo 24 de marzo. En una providencia firmada el lunes, adelantada en la tarde de este martes por la Cadena Ser y a la que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía, el Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz abre nuevas diligencias a partir de la ampliación de la querella presentada por el PSOE, que se unifica con la investigación ya en curso, a partir de una denuncia de Podemos.
La causa original en el juzgado de Cádiz se centraba en el abuso de contratos menores del SAS como un “fraccionamiento masivo” para burlar la ley. La nueva línea de investigación apunta a otro tipo de adjudicaciones directas: los contratos de emergencia con clínicas privadas, es decir, la misma causa que fue archivada el pasado viernes por un juez de Sevilla.
Ambas parten de las mismas denuncias de los interventores del SAS en las ocho provincias, que alertaron en sus informes desfavorables de las irregularidades en la contratación directa, sin publicidad ni concurrencia, con un puñado de clínicas privadas.
La querella que se acaba de archivar en Sevilla era la más trabajada -15 meses de instrucción- y documentada de las tres causas judiciales contra el SAS, aunque la Junta no estaba personada. Sí lo está -como responsable civil subsidiaria- en esta causa que instruye el juzgado de Cádiz por malversación en el fraccionamiento masivo de contratos menores.
Tanto en el juzgado de Sevilla, como en Cádiz y en otro tribunal de Córdoba, los socialistas presentaron cientos de expedientes de gasto del SAS con empresas privadas para denunciar hasta cinco delitos de corrupción: prevaricación administrativa, falsedad documental, fraude en la contratación pública, malversación de fondos y pertenencia a organización criminal.
Las adjudicaciones a dedo del SAS a la sanidad privada están siendo investigadas por estos dos juzgados andaluces, aunadas ya la denuncia del PSOE y la de Podemos: los contratos de emergencia sin aparente cobertura legal tras la pandemia; y el “abuso” de contratos menores encadenados, a través del fraccionamiento irregular de contratos por valor de 235,4 millones para “vulnerar” la ley, desde un tribunal de Cádiz.
El Gobierno de Moreno sólo está personado en el causa de los contratos troceados, primero se presentó como parte perjudicada y al poco modificó su personación a “responsable civil subsidiario”, admitiendo por primera vez que pudo haber algún desfalco en las cuentas públicas.