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El alcalde de Estepona expulsa del Pleno a una concejala por decir que gastó dinero público en contratar a una “amiga íntima”

Néstor Cenizo

Málaga —
19 de noviembre de 2026 14:08 h

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José María García Urbano, alcalde del PP en Estepona (79.621 habitantes) ha expulsado a la portavoz municipal del PSOE del Pleno municipal por aludir, mientras ella hacía uso de su turno de palabra, al próximo juicio contra el regidor, acusado de presuntos delitos de prevaricación y malversación de dinero público. Tras un receso ordenado por el propio alcalde, Emma Molina y los otros tres concejales del grupo socialista han sido acompañados por agentes de la Policía Local a la puerta del Ayuntamiento.

Molina estaba defendiendo las alegaciones del PSOE a los Presupuestos municipales. En ese contexto, ha afeado que García Urbano destinara dinero público para contratar a una “amiga íntima” (según definición judicial) o “mujer con la que mantenía una relación sentimental” (según la Fiscalía) que nunca fue a trabajar, según la acusación de Fiscalía. El juzgado de instrucción ya ha abierto fase de juicio y el alcalde se sentará en el banquillo por este asunto.

Es entonces cuando el regidor la ha interrumpido, le ha advertido en dos ocasiones y, mientras ella seguía hablando, ha ordenado a la Policía Local que la expulse del Pleno. Tras amagar con resistirse, el regidor ha ordenado un receso y ella ha acabado marchándose.

El Ayuntamiento no ha respondido a la pregunta de qué motivos y artículos del Reglamento justifican la expulsión de la concejala del Pleno.

“¿Por decir la verdad me va a echar?”

Los Plenos del Ayuntamiento de Estepona, el sexto municipio por población de Málaga, no se emiten en directo por Youtube, como sí hacen otros municipios de tamaño similar, pero el PSOE los graba. En el vídeo de ese momento, difundido por los socialistas y que acompaña a esta información, se ve la secuencia de la intervención de Molina y la orden de expulsión.  

“Lo que sí han hecho con el dinero público, y eso está recogido judicialmente, es gastárselo y meter la mano en el dinero público, que por eso el alcalde va a ir al banquillo, por haber utilizado presuntamente el dinero de todas y todos, y habérselo gastado en contratar a una amiga con la que mantenía una relación íntima”.

Tras estas palabras, el regidor retira la palabra a Molina, que sigue hablando para enfatizar que habla de hechos presuntamente delictivos ya contenidos en un auto judicial y relativos al uso del dinero público.

Tras llamarla al orden dos veces, García Urbano pide a la Policía que la expulse. “¿Por decir la verdad me va a echar? Se está retratando”, protesta Molina, que advierte de que no va a salir voluntariamente. “Lo siento por vosotros, pero me vais a tener que sacar”, dice la concejala, que explica que quiere “la foto” que refleje cómo la expulsan y no puede seguir hablando. Finalmente el alcalde suspende la sesión, y en el receso ella y sus compañeros han salido acompañados de los agentes pero sin oponer resistencia: “Quería que se viera la actitud dictatorial del alcalde, pero no lo he hecho por respeto a los policías, sabía que iba a hacerles pasar un mal rato”.

Uso de dinero público y Presupuestos

“Estaba haciendo una comparativa con las prioridades de gasto, y he puesto el ejemplo de contratar a una amiga íntima”, explica Molina a elDiario.es. “Estaba usando un tono relajado, en ningún momento he insultado, sólo he contado los hechos”. La concejala subraya que la reciente apertura de juicio contra el alcalde por presuntos delitos de malversación y prevaricación al contratar a una “amiga íntima” que no trabajó y a la que se pagaron algo más de 7.000 euros de dinero público, guarda una íntima conexión con el debate presupuestario.

El PSOE ha subido el diapasón con este asunto, tras constatar que el PP nacional y andaluz quieren aplicar sordina al caso y evitar la aplicación de sus Estatutos, que obligan a suspender provisionalmente al afiliado contra el que se abre juicio oral por delitos de corrupción, como es el caso. Ayer, María Márquez fue más dura que Molina: dijo que, presuntamente, García Urbano había usado el dinero de los esteponeros para “favores sexuales”.

La intención de Molina, anunciada en los días previos, era interpelar a ofrecer a los concejales del PP los votos del PSOE para una moción de censura con otro candidato o candidata popular. También quería preguntar, ya en ruegos y preguntas, si el PP ha adoptado alguna medida sobre García Urbano (algo que los populares evitan aclarar, soslayando la literalidad de su propio código ético) y si había hablado con Alberto Núñez Feijoo o con Juanma Moreno.

Tampoco ha podido defender sus mociones sobre mantenimiento de los colegios públicos y los daños en las instalaciones deportivas. “Se gasta más en autobombo y publicidad en medios de comunicación, 370.000 euros en dos trimestres, y lo presupuestado para 2027 para colegios son 125.000 euros en 18 centros”. Iban por asuntos urgentes porque, según denuncia, el alcalde nunca las incluye en el orden del día. El PSOE ha iniciado un procedimiento contencioso para denunciar que la interpretación del Reglamento les impide en la práctica cualquier iniciativa, vulnerando sus derechos de participación política.

“No ha dicho nada que no sea verdad”

La expulsión de Molina ha recogido la solidaridad de Manuel Aguilar, portavoz de Vox y antiguo concejal de García Urbano: “Es una locura. No ha dicho nada que no sea verdad, y ha usado incluso términos suaves”. En este mismo Pleno, Aguilar se ha referido al equipo de gobierno como “banda”. El alcalde le ha exigido que retire el término, y él ha accedido, al creer que también él iba a acabar expulsado: “Lo he cambiado para decir que son un grupo sin corazón que se carga a la banda municipal de Estepona”.

“Se está hablando de presuntos delitos económicos con dinero municipal. Molestarse por esto es creerse el ”dueño del cortijo“, que es lo que dijo su amiga íntima al juez”, subraya Aguilar: “Es así, y si no es un cortijo, lo parece”.

La acritud de García Urbano con la oposición se ha incrementado en los últimos meses. El PSOE y Vox están personados como acusaciones populares en el caso de la contratación de su “amiga íntima”, y también en el de la adjudicación de un restaurante de lujo en una torre pública a la empresa de su nuera, creada un par de meses antes en el despacho de su concejal de confianza, que también investiga un juzgado de instrucción.