Moreno orilla el código ético del PP y sostiene al alcalde de Estepona tras abrirse juicio por corrupción
El PP ha decidido proteger a José María García Urbano, alcalde de Estepona (79.621 habitantes), que será juzgado por corrupción acusado de presuntos delitos de malversación y prevaricación. Lo hace a pesar de la literalidad de sus Estatutos Nacionales, que obligan a suspender provisionalmente la afiliación de aquellos sobre quienes pese auto de apertura de juicio oral (como es el caso), y sin dar explicaciones sobre ello.
Este martes, Elías Bendodo, vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, evitó responder sobre la situación del alcalde del PP en el sexto municipio por población de Málaga y despachó a la prensa así: “Pregúnteme por cosas de Málaga”. Mientras, Antonio Repullo, secretario general del PP de Andalucía, replicaba en Sevilla que hay un expediente informativo abierto que se abordará “en función del proceso judicial”. Estas son las respuestas de las direcciones nacional y andaluza del partido siete días después de que se confirmara que García Urbano será juzgado por dos delitos de corrupción.
En el PP sostienen que los Estatutos no obligan al partido a adoptar ninguna medida, y que permiten esperar a que haya sentencia. El artículo 19.7 b) de los Estatutos del PP dice: “La suspensión provisional de afiliación será acordada de manera automática por el Comité Nacional de Derechos y Garantías, en los siguientes casos: (…) Cuando un afiliado esté incurso en un proceso penal respecto de los cuales se haya dictado auto de apertura de juicio oral por un delito relacionado con la corrupción y quedará expulsado en el momento en que se dicte sentencia firme por corrupción”.
El juez dictó auto de apertura de juicio oral, contra el que no cabe recurso, el pasado 10 de noviembre. La Fiscalía, Vox y el PSOE acusan a García Urbano de contratar a una mujer con la que mantenía una relación sin que fuera nunca a trabajar, imputándole delitos de malversación y prevaricación, ambos delitos de corrupción. Piden para él entre un año y diez meses (Fiscalía) y cinco años y seis meses de prisión (las acusaciones populares), además de una inhabilitación de entre cinco y diez años.
La posición respecto al alcalde contrasta también con las exigencias públicas de ejemplaridad hacia los demás. El pasado 27 de julio el PP presentó al Congreso una proposición no de ley (PNL) en la que instaba al Gobierno a “cesar de manera inmediata” a “cualquier alto cargo investigado por corrupción”. La primera medida que se pedía era la convocatoria de elecciones. La PNL caducó cuando se convocaron las elecciones y no llegó a votarse.
Evasivas en el PP
Este medio ha preguntado por cauces oficiales a las direcciones nacional, andaluza y provisional sobre qué medidas han adoptado con García Urbano. El PP de Málaga trasladó a este medio que el expediente informativo pasa ahora a disciplinario, pero que no se va a adoptar ninguna medida por ahora por respeto a la presunción de inocencia de García Urbano.
Tampoco aclaró nada Elías Bendodo este martes, tras un acto con productores locales. Respondió sobre diversos temas de actualidad nacional, pero cuando este medio le preguntó si el PP había adoptado alguna medida sobre García Urbano y si buscaba candidatos alternativos en Estepona, como aseguran algunas fuentes, Bendodo evitó contestar. “Me preguntaron esto algunos días y mi respuesta no ha variado”. Hace unos días lo que respondió a la pregunta de si se iban a respetar los Estatutos del partido fue: “Cuando hay una decisión judicial somos absolutamente respetuosos y no hacemos más comentarios”. Es decir, tampoco contestó.
Bendodo también dijo este martes que respetan “a rajatabla” los Estatutos. Pero cuando este medio ha pedido al PP que aclare si el artículo 19.7 debe leerse de una manera contraria a su literalidad (“suspensión provisional automática”), si hay otro precepto que lo invalide o algún argumento que explique una interpretación diferente, no ha obtenido respuesta.
También es cierto que el Reglamento orgánico del PP andaluz no es tan riguroso como los Estatutos Nacionales, y señala que en acusaciones de corrupción y ante la apertura de juicio oral el partido “podrá” iniciar la tramitación de un expediente de suspensión cautelar de afiliación. Pero en el párrafo inmediatamente anterior advierte: para todo lo relativo al régimen disciplinario el reglamento se remite a lo previsto en los Estatutos Nacionales.
El precedente de Landaluce en Algeciras
Más allá del andamiaje jurídico de la decisión, la postura del PP choca con sus exigencias públicas en casos de presunta corrupción que afectan a otros partidos, incluso en estadios anteriores al que ahora se dirige alcalde esteponero.
En su día, el PP andaluz exigió reiteradamente la expulsión de Manuel Chaves y José Antonio Griñán cuando estaban investigados en el Caso ERE, sin esperar a que estuvieran procesados, acusados y mucho menos condenados. Ambos renunciaron cuando se les notificó el auto de apertura de juicio oral.
Más recientemente, también ha pedido la expulsión del exsecretario general José Luis Rodríguez Zapatero, investigado por la Audiencia Nacional por siete presuntos delitos de corrupción.
El PP no parece dispuesto a abordar ahora una crisis con el alcalde de Estepona, un antiguo referente de su municipalismo, y mucho menos a abrir el debate sucesorio de cara a las próximas elecciones de mayo. La consigna es aplicar sordina al caso, que ha llegado al punto de no retorno (el alcalde enfilando el banquillo) en un momento inoportuno, en plena campaña electoral para las generales. Sin embargo, en Estepona circulan ya nombres de postulantes y se ve difícil que pueda mantenerse la candidatura de un alcalde con un juicio en el que se juega cárcel e inhabilitación y con muchos visos de caer en primavera, en plena campaña a las municipales.
El escaqueo recuerda al otro caso que le ha estallado en los últimos meses al PP andaluz, también con uno de sus referentes municipales. Durante dos años, el PP ignoró las acusaciones contra José Ignacio Landaluce, alcalde de Algeciras, por presuntas agresiones sexuales, primero atribuyendo las denuncias a la rumorología, luego apartándolo formalmente pero manteniéndolo como alcalde (“Ya no es del PP”, decía Juanma Moreno), hasta que la situación fue insostenible. El 12 de octubre por la noche, el líder del PP gaditano reunió al grupo municipal popular en un hotel, y les puso ante la tesitura de relevar a Landaluce o abandonar el partido después de recibir dos nuevas denuncias.
El detonante de la operación para descabalgar a Landaluce fue la constatación de que él estaba decidido a presentarse nuevamente a alcalde, constituyendo una nueva candidatura al margen del que fue su partido durante más de tres décadas. Todo ello, con el riesgo de romper una agrupación amalgamada en torno a su liderazgo.
Algo parecido puede estar calibrando el PP para el caso de Estepona. En Málaga aún se recuerda el tacto exquisito que el partido mantuvo durante mucho tiempo con Pedro Fernández Montes, exalcalde de Torremolinos, a pesar de la evidente incomodidad que generaban sus exabruptos. La tensión se resolvió con una escisión que partió el partido por la mitad durante un tiempo. Igual sucedió con Juan Martín Serón en Alhaurín el Grande.