La Fiscalía Superior de Andalucía ha presentado un recurso de apelación contra el archivo de la causa que investiga el nombramiento y ejercicio de Luis Guerrero como director del Centro Andaluz de Documentación del Flamenco (CADF), cargo que ejerció entre agosto de 2012 y junio de 2015 sin haber visitado nunca la sede del mismo ni desempeñado las labores del cargo.
En el recurso de apelación, el Ministerio Público argumenta que el nombramiento de asesor de gabinete --cargo que tanto Guerrero como el exconsejero Luciano Alonso, que sí continúa siendo investigado en la causa, declararon que fue el que realmente ocupó el primero-- carecía de cobertura legal y presupuestaria en Málaga al no existir en el organigrama administrativo de la Junta de Andalucía y que tampoco la tenía las funciones que se encomendaron a dicho puesto de trabajo ya que “sólo se encuentra avalada por el testimonio de los propios querellados”.
Para el fiscal resulta “significativo” que Luis Guerrero, periodista y que hasta ese momento desempeñaba el cargo de coordinador del grupo del PSOE en la Diputación de Málaga, en la declaración de incompatibilidades en la toma de posesión del cargo en el apartado al puesto de trabajo no hiciera constar el cargo de asesor de gabinete sino el de “DIR”.
El recurso también recoge que, aunque el auto de sobreseimiento “no lo expresa con claridad”, parece que lo acuerda para los dos querellados sobre el delito de malversación de caudales públicos“. El Ministerio Fiscal señala ”no compartir los criterios del instructor“ y apunta que en la conducta de Luciano Alonso concurren todos los requisitos exigidos judicialmente para la existencia de este delito.
El fiscal considera acreditado que los fondos públicos o sueldos recibidos por Luis Guerrero estaban destinados a un fin administrativo concreto como es la dirección del Centro Andaluz de Documentación del Flamenco y no a la promoción de las actividades de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte en la provincia de Málaga. El escrito fiscal señala que cuando Luciano Alonso “desvió de su destino legal estos fondos públicos y dispuso de ellos en beneficio de Luis Guerrero facilitó que éste se lucrase indebidamente del erario público”.
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