Un millón de razones (para repensar la política migratoria)
El proceso de solicitudes para acogerse a la regularización extraordinaria concluye con más de 1,2 millones de solicitudes presentadas, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Más allá de la magnitud de la cifra, el dato lanza una pregunta difícil de eludir: ¿qué nos dice de nuestro modelo migratorio que más de un millón de personas hayan necesitado una medida excepcional para poder acceder a una autorización de residencia?
Desde Sur Acoge hemos vivido este proceso muy de cerca. Las once asociaciones y dos delegaciones de la federación hemos acompañado a más de 20.000 personas, ofreciendo información, orientación y apoyo en una tramitación compleja y con plazos ajustados. Detrás de cada expediente había mucho más que papeles: había historias de vida, familias, empleos, barrios y comunidades de las que estas personas ya forman parte.
Este proceso también ha estado muy presente en nuestra 35º Asamblea, celebrada el pasado fin de semana en Granada. La regularización extraordinaria ha supuesto uno de los mayores retos organizativos de nuestra trayectoria, con todos los equipos profesionales y cerca de 200 personas voluntarias implicadas en todo momento para que nadie se quedara sin información o acompañamiento.
La experiencia de estos meses confirma algo que las organizaciones sociales llevamos años señalando: la irregularidad administrativa no define a las personas. Lo que define esta realidad es un sistema que deja durante demasiado tiempo fuera del reconocimiento de derechos a quienes ya viven, trabajan y sostienen nuestra sociedad. La regularización no crea esa realidad; simplemente la reconoce.
Desde Sur Acoge ya hemos trasladado nuestra preocupación por las dificultades detectadas en la expedición de la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE), especialmente cuando se exige de nuevo certificado de empadronamiento o pasaporte en vigor
Por eso valoramos positivamente el impacto de esta medida. Permitirá a muchas personas vivir con mayor seguridad jurídica y acceder en mejores condiciones a sus derechos. También recibimos con interés el anuncio del futuro Plan de Integración y Ciudadanía, porque regularizar es un paso imprescindible, pero no suficiente si no va acompañado de políticas que consoliden la inclusión.
El cierre del plazo de solicitudes, sin embargo, no significa que el proceso haya terminado. Ahora llega una fase decisiva: garantizar que los expedientes puedan completarse sin nuevos obstáculos. Desde Sur Acoge ya hemos trasladado nuestra preocupación por las dificultades detectadas en la expedición de la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE), especialmente cuando se exige de nuevo certificado de empadronamiento o pasaporte en vigor. Pedimos a los ministerios de Inclusión e Interior que mantengan las alternativas previstas en el Real Decreto para evitar que requisitos formales frenen una regularización ya iniciada.
La regularización extraordinaria ha sido una buena noticia, pero también deja una cuestión clara: cuando más de un millón de personas necesita una medida excepcional para salir de la irregularidad administrativa, quizá la excepcionalidad no esté en la regularización, sino en un modelo que sigue generando demasiadas situaciones de exclusión.
Ese es el verdadero debate que deja este proceso. No solo cómo culminar con éxito esta regularización, sino cómo construir una política migratoria que no dependa de medidas extraordinarias para reconocer derechos a quienes ya forman parte de nuestra sociedad. Porque una democracia se fortalece cuando es capaz de reconocer a todas las personas que la sostienen cada día.