El presidente del Parlamento de Andalucía entre 2012 y 2015, el socialista Manuel Gracia, ha declarado como testigo este martes en el juicio de la pieza política del caso de los ERE. Antes del turno de los también expresidentes de la Cámara andaluza Javier Torres Vela (1996-2004) y Fuensanta Coves (2008-2012), Gracia ha trasladado al tribunal que todos los diputados andaluces tenían conocimiento de los términos del programa 31L, a través del cual la Consejería de Empleo de la Junta concedía las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis, así como del uso de las transferencias de financiación para su pago por parte de la agencia IDEA, antes IFA.
“No fueron engañados”, ha dicho en ese sentido, desechando la tesis planteada en algún momento de la instrucción de que el Parlamento pudiera haber sido inducido a error por parte de la Junta de Andalucía. En la misma línea, Javier Torres Vela, presidente del Parlamento desde 1996 hasta 2004 y parlamentario desde 1982 hasta 2004, ha expresado que no comparte la tesis de que los diputados pudieran ser engañados por el Gobierno con el uso de las transferencias. “Es difícil que puedan ser engañados”, ha dicho.
La documentación anexa a las leyes de Presupuestos era “críptica, confusa y equívoca”, dijo el juez del Tribunal Supremo en junio de 2015, respaldando la tesis de la instructora Mercedes Alaya. “Es indudable que todos los diputados tenian acceso a esa documentación”, ha dicho Gracia en esa línea cuando se le han mostrado diversos documentos y memorias de la tramitación y del procedimiento utilizado para la aprobación de los sucesivos proyectos de ley de presupuestos, afirmando que los diputados “sabían perfectamente” la finalidad de las ayudas porque así constaba en las fichas presupuestarias, como era satisfacer las necesidades del tejido productivo andaluz.
Gracia, miembro y portavoz varios años de la Comisión de Hacienda de la Cámara autonómica, también ha incidido en la “extralimitación” de la jueza Mercedes Alaya quien, cuando instruyó el caso, reclamó a la Junta que aportara los diarios de sesiones de los plenos en la que se aprobaron los presupuestos entre 2001 y 2010, y los diarios de sesiones de la Comisión de Economía y Hacienda de esos años.
El Parlamento, cuando aprobaba las partidas de transferencias de financiación actuaba de forma legal ya que la naturaleza de tal figura estaba regulada, y así se establecía año tras año en las leyes de presupuestos, ha comentado Gracia, quien ha remarcado que “no existía regulación permanente” sobre ellas. Alaya realmente no ponía en duda el mecanismo presupuestario de las transferencias sino el uso que se realizó “con fines totalmente ajenos a los que estaban destinadas”, permitiendo que los fondos públicos fueran “repartidos con criterios totalmente arbitrarios”, vulnerando a su juicio las normas de concesión de subvenciones y de fiscalización de las mismas. El que fuera presidente de la comisión de los ERE, Ignacio García, también se lo dejó claro a Alaya: el Parlamento aprueba el gasto pero no el “procedimiento de ejecución”.
“No puede ser objeto de investigacion ni los votos ni las expresiones de los diputados”, ha dicho Gracia en el juicio, recordando que por eso se requerió el posicionamiento del CGPJ, denegada, pero luego se retiró la expresión sobre qué pudo conocer la Comisión de Hacienda. Gracia, parlamentario andaluz entre 1982 y 2015, ha sido peguntado por cómo se desarrollaba el debate parlamentario en materia presupuestaria, que contaba con el apoyo de la Oficina del Control Presupuestario, donde los diputados podían consultar cuestiones relacionadas con ese “materia compleja”.
No hubo alertas de la Cámara de Cuentas
A preguntas de las defensas proponentes de la presencia del testigo, el expresidente del Parlamento ha respondido afirmativamente cuando se le ha cuestionado si los diputados conocían la existencia del programa 31L y si sabían que se instrumentaba la materialización de las ayudas mediante un convenio con IFA/IDEA, así como si sabían de la importancia económica del programa, de sus dificultades de financiación y del uso de las transferencias de financiación finalistas para dar cobertura a las ayudas de la Junta.
En ese sentido ha negado que se pudiera tener conocimiento de alguna objeción al repecto por parte de la Cámara de Cuentas ya que en ningún momento se hizo constar algún tipo de irregulridad respecto a esta cuestión. También ha destacado que los parlamentarios sabían que dicha financiación se dirigía a las ayudas, no para compensar pérdidas del IFA/IDEA.
La existencia de las ayudas “era algo notorio y público”, ha dicho Gracia, que ha negado que él y el resto de los diputados fueran de alguna forma “inducidos a un error”. “Para nada, en modo alguno, era plenamente consciente de lo que hacía”, ha insistido. A preguntas del abogado del PP-A, ha afirmado que Griñán, Magdalena Álvarez o Carmen Martínez Aguayo, exconsejeros de Hacienda, “no podía tener menos conocimiento que los parlamentarios, el menos el mismo,” sobre el 31L.
“¿Hubo alguna apariencia de ilegalidad en torno al programa 31L de la que pudo tener conocimiento el Parlamento andaluz?”, la he preguntado una defensa. “Tajantemente no”, ha dicho el testigo. No hubo avisos sobre el procedimento usado, ya que la tramitación contaba con el aval de la Intervención General a las modificaciones presupuestarias, ni se tuvo conocimiento de alertas sobre presupuestación irregular por parte de la Cámara de Cuentas, ha comentado Gracias, quien ha relatado que los diputados entendían las diferencias entre las partidas presupuestarias. “No fueron engañados”, de hecho, “enmendaban las partidas para incrementarlas”, ha comentado, señalando que “no” sabía que las ayudas que se juzgan no eran objetos de fiscalización previa, según le ha recordado el fiscal anticorrupción.
Por su parte, Torres Vela también ha señalado que mientras fue presidente “no tuvo constancia” de incidencias sobre la partida 31L, un programa que entiende que sí era conocido “por todos los diputados” porque venía en la “memoria” del Presupuestos y con un destino “específico” de ayudas sociolaborales y a empresas.
Torres Vela ha reconocido que sabía de la situación de crisis en empresas y laboral pero “no del mecanismo de ejecución de las ayudas”, conocimiento que emana de la memoria de los presupuestos.
“Nunca nadie me hizo llegar problemas”
La abogada de la acusación del PP-A, Lourdes Fuster, ha preguntado a Torres Vela si su mujer actualmente es jefa de departamento de la agencia IDEA. “¿Tiene esto que ver con el caso, señoría?”, ha cuestionado el expresidente al tribunal, que, tras ordenar repetir la pregunta a la letrada, ha dicho que sí. “Sí”, ha respondido el exdirigente andaluz.
La última en declarar este martes ha sido Fuensanta Coves, presidenta del Parlamento de 2008 a 2012. Su declaración, la más breve de las tres, ha estado marcada por una respuesta que ha dado en varias ocasiones: “Nunca nadie me hizo llegar problemas, dudas o indicios sobre el proyecto de Presupuestos o el programa 31L, de que tuviesen atisbo de irregularidad”.
“En ningún momento, ni diputados, ni Cámara de Cuentas, ni la Oficina de Control Presupuestario, ni los letrados del Parlamento, me hicieron llegar alusión a un proceso irregular que afectaría a una partida”, ha insistido.
Coves ha reconocido que la primera vez que conoció el programa 31L fue cuando saltó a la opinión pública con el caso ERE. A a la reiterada preguntas del fiscal que si conoció la línea de ayudas del 31L y su gestión como parlamentaria, ha afirmado que “nadie le hizo llegar alusión sobre irregularidades”, aunque al final ha reconocido que no conoció el modo de gestión de las mismas.