El segundo decreto de vivienda permite prorrogar 263.000 contratos de alquiler en Andalucía, la mitad en Málaga y Sevilla
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este jueves el segundo Real Decreto de vivienda que aprobó el martes el Consejo de Ministros, cuyo efecto es la prórroga automática de 263.222 contratos de alquiler en Andalucía, que iban a expirar en 2026, 2027 y 2028. La norma tendrá un fuerte impacto en la comunidad con más pisos turísticos de España, pero el efecto quizá sólo dure 24 horas.
Mientras el decreto esté en vigor -a falta de la convalidación del Congreso en la sesión extraordinaria del viernes- los inquilinos de esos hogares, en torno a medio millón de andaluces, están a salvo de una hipotética subida unilateral y sin limitación del precio del alquiler por parte de sus caseros.
Casi la mitad de esos contratos prorrogables (el 48,9%) están precisamente en las ciudades andaluzas más tensionadas por el turismo masivo, la falta de viviendas en venta y la escasez de alquileres a precio asequible: 74.050 contratos se prorrogan hoy en Málaga, la ciudad de España donde más ha crecido la oferta de pisos turísticos en los últimos años; seguida de Sevilla, con 54.866 contratos.
Por detrás, están Granada, con 40.069 contratos; Cádiz, con 35.757 contratos; Almería, con 20.876 contratos; Córdoba, con 15.745 contratos; Huelva con 11.359 contratos y Jaén, con 10.500 contratos, según la estimación del Gobierno central del número de personas que podrá beneficiarse de la prórroga obligatoria de los alquileres del segundo decreto de vivienda.
El debate sobre los desahucios y la imposibilidad de acceso a la vivienda de los jóvenes ha acaparado la agenda de todos los partidos de la oposición al Gobierno de Juanma Moreno, que tiene bloqueada la Ley estatal de Vivienda, y recién aprobada su propia ley autonómica que discurre en sentido contrario. Andalucía se ha negado a declarar zonas tensionadas en las grandes urbes donde el mercado turístico desbocado forcejea con las familias que no encuentran piso a un precio razonable, o que tienen que mudarse de sus barrios porque el avance de los pisos turísticos ha encarecido sus alquileres.
Desde el lunes por la noche, previa al Consejo de Ministros que aprobó los dos decretos de vivienda, hay centenares de personas acampadas en céntricas plazas de Sevilla y Málaga, precisamente las dos ciudades donde más contratos de alquiler están a punto de expirar en los próximos meses.
Allí es donde tiene un mayor impacto la prórroga obligatoria que recoge el segundo decreto que entra hoy en vigor, aunque las expectativas que pueda generar en los más de 260.000 beneficiarios en Andalucía pueden estrellarse con la frustración el viernes, si la norma no cuenta con el apoyo mayoritario del Congreso.
El presidente del PP y líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ya ha anunciado que su grupo votará en contra. El PSOE andaluz, que pilota la exministra de Hacienda María Jesús Montero, y la coalición Por Andalucía, que encabeza el líder federal de IU, Antonio Maíllo, han interpelado este miércoles a Moreno, desde el Parlamento, para que empuje a los diputados andaluces en la Cámara Baja a apoyar los dos decretos de vivienda “por humanidad”.
Las izquierdas son muy críticas con la política de vivienda del Gobierno andaluz, ahora constituido en una coalición de PP y Vox. Montero acusa a la Junta de haber “dejado sin gastar” 1.600 millones de euros consignados en los Presupuestos de la Consejería de Vivienda, entre 2019 y 2025. Preguntado sobre esto, la portavoz de la Junta y consejera de Hacienda, Carolina España, ha optado por no confirmar ni desmentir las cifras, asegurando que “no tenía los datos”.
El decreto también establece que el propietario que decida no prorrogar el contrato con el mismo precio que tenía tendrá que indemnizar al inquilino “con una cantidad equivalente, al menos, al importe de doce mensualidades de renta de una vivienda de análogas características a la arrendada”, que se calculará con la base del sistema de referencia estatal “y en ningún caso podrá ser inferior al importe equivalente a una mensualidad de renta por cada año que el arrendatario haya residido en la vivienda”. Esta indemnización se abonará en el momento en que se entregue la vivienda.
La prórroga forzosa que entra hoy en vigor afecta a todos los contratos de alquiler que venzan antes del 31 de diciembre de 2028. El Gobierno estima que son, en toda España, unos 1.895.676 contratos (751.166 de 2026: 809.899 de 2027 y 334.611 que vencerán en 2028). El Instituto Nacional de Estadística (INE) señala que de media en cada hogar hay 2,5 personas, de modo que el total de beneficiarios ascendería a cinco millones de personas, que podrán prorrogar sus contratos con el mismo precio y condiciones que tienen ahora.
Este último decreto, el segundo texto que PSOE y Sumar acordaron y que el Gobierno no tiene garantías de que salga adelante ya que el apoyo de Junts está en el aire, convierte los alquileres en indefinidos, frente a la prórroga hasta 2028 que dicta el que ya está en vigor. El que ya está en vigor, publicado este miércoles, sí tiene más posibilidades de salir adelante en el pleno extraordinario del Congreso de este viernes.
La norma contiene un único artículo que modifica la Ley de Arrendamientos Urbanos y establece que, una vez llegado el fin del contrato de arrendamiento de las vivienda o alguna de sus prórrogas, y transcurridos al menos cinco años en el caso de particulares y siete con personas jurídicas, si ninguna de las partes ha comunicado la voluntad de no extender el contrato (seis meses, en el caso del propietario, y dos, en el del inquilino), “el contrato se prorrogará obligatoriamente por plazos sucesivos de cinco años, o siete años si el arrendador fuese persona jurídica”.
Si, antes de la entrada en vigor de este decreto, el casero ya había comunicado por escrito al inquilino su intención de no renovarle el contrato de alquiler, podrá seguir adelante sin ser penalizado con la indemnización. En caso de que el contrato expire en los próximos seis meses, desde la aprobación del decreto, el casero también podrá comunicar la rescisión del contrato con un preaviso de cuatro meses, sin tener que pagar la indemnización.