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Sindicatos de enseñanza claman por una mayor inversión en educación pública en Andalucía ante la deducción fiscal por gastos escolares

Javier Ramajo

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No ha pasado tampoco desapercibida para los sindicatos de enseñanza andaluces la campaña que el PP andaluz lanzó el miércoles para promocionar las deducciones fiscales a rentas cinco veces superiores al salario medio andaluz (22.000 euros), recogidas en la Ley de Tributos Cedidos aprobada el mismo día en el Parlamento. Los representantes de los trabajadores claman por una mayor inversión en educación pública en Andalucía ante la anunciada deducción por gastos escolares. Para la Junta, “jamás la educación pública dispuso de tantos recursos”. “Con Juanma Moreno, Andalucía baja impuestos comprometidos con la Educación. Matrimonio que gana 80.000 euros apunta a su hijo a una academia de inglés e informática. Abona 90 euros al mes por curso. Antes con el PSOE se deducía cero euros. Ahora con el gobierno del cambio se deduce 108 euros”, dice uno de los mensajes de la citada campaña.

Sandra Fernández, secretaria del sector Enseñanza de UGT Servicios Públicos Andalucía, se extraña del anuncio porque “también hay parte extraescolar en los centros públicos y no solamente en academias”. “Como no es una enseñanza reglada, las familias pueden actuar como consideren pero es verdad que, si estás haciendo una inversión, es mejor que se haga en educación pública porque hace falta”, considera la representante sindical. “Si vas a fomentar a que las familias lleven a los niños a academias, fomenta también las actividades extraescolares en los centros públicos, que también se hacen”, considera.

La rebaja se prevé “en la enseñanza escolar o extraescolar de idiomas e informática, o de ambas”. “El inglés también se imparte por las tardes en centros públicos y por personas que también están cualificadas, que han pasado un proceso selectivo, que han estado en una bolsa, etc. Tampoco sabemos si la persona que está en la academia es la más adecuada, que no digo que no lo sea, pero también hay que decir que hay personas muy cualificadas en el sector público”, argumenta UGT-A.

Aumentar el presupuesto

“Nosotros llevamos reivindicando más presupuesto para educación pública desde hace muchos años. Se debe llegar a un 7% del PIB y además, que el presupuesto de la Junta para Educación se aumente, ya que ha pasado de ser un 23-25% hace 4 o 5 años a un 20,70%, actualmente”, apunta Fernández. Según datos de la Consejería de Educación, en los tres presupuestos aprobados por el actual Gobierno andaluz “la educación ha dispuesto de presupuestos récords en la historia de Andalucía, el último para 2021 con más de 7.400 millones de euros, alcanzando por primera vez el 5% del PIB andaluz y superando por primera vez los 4000 euros de inversión por alumno (4.200). Jamás la educación pública dispuso de tantos recursos”, señalan fuentes del departamento dirigido por Javier Imbroda.

Para Diego Fernández, de la federación de Enseñanza de CCOO Andalucía, “la idea de que 'todos' los andaluces se van a ver beneficiados por esta baja de impuestos es falsa y engañosa”. En primer lugar, “porque favorece a las familias con ingresos altos. Difícilmente una familia con ingresos anuales de 20.000 euros va a poder pagar una academia de inglés o de informática”. Y se pregunta “¿por qué no francés, música, chino o danza? Esto refleja una idea utilitarista y productivista de la educación, no quieren una escuela humanista, crítica, cívica sino trabajadores del sistema”. 

A su juicio, es una campaña “engañosa” porque “una bajada de impuestos a todos por igual afecta directamente a la cantidad y calidad de los servicios públicos”, en este caso los servicios públicos educativos. “¿Cómo se refleja esto en la enseñanza andaluza, es decir, cómo se refleja el hecho de que a menos impuestos, menos financiación y, por tanto, inatención de la obligación de darlos o, en el mejor de los casos, privatización?”, se pregunta de nuevo, denunciando que Andalucía es “la comunidad autónoma con la ratio de alumno/profesor más alta de España y, por tanto, con menos profesores por alumno”. 

Según Educación, la educación pública andaluza “disfruta de la mayor plantilla estructural (más de 104.000 docentes) de la historia de nuestra comunidad, con incrementos anuales pese al descenso del número de alumnos, que en este curso es de 45.000 alumnos menos. Con los incrementos de plantilla de estos últimos años, la ratio alumno profesor, por ejemplo en Infantil y Primaria, ha pasado de 14,9 en el curso 2014-15 a 12,8 en el curso 20-21, y en Secundaria la bajada es más significativa si cabe: de 11,3 a 8,8”.

Para el sindicalista de CCOO, “se ha iniciado una privatización progresiva y 'silenciosa' de los servicios públicos educativos. La oferta de empleo público o la cobertura de vacantes del Personal de Administración y Servicios se ha reducido al mínimo. Se han privatizado vía decreto servicios educativos tan importantes como los prestados por los técnicos de integración social y los intérpretes de lengua de signos. Los equipos de orientación siguen en condiciones paupérrimas para poder desempeñar su trabajo”, enumera como ejemplos.  Según la Junta, “el actual Gobierno andaluz no ha privatizado ningún servicio público educativo, en cambio, por ejemplo, ha recuperado la gestión pública de cinco escuelas infantiles privatizadas por el anterior gobierno socialista, aumentando las plantillas hasta alcanzar más de 100 puestos de trabajo para ese servicio público. La Consejería ha llevado a cabo la mayor oferta de plazas públicas de la historia de Andalucía”, insisten fuentes de la Junta al respecto.

“Menos y peores servicios públicos educativos”

El representante de CCOO añade a ello la “privatización progresiva de los niveles no obligatorios como la educación 0-3 años, el bachillerato, la Formación Profesional y la enseñanza a distancia. Este último merece un capítulo aparte para Fernández: ”Se decidió por la Junta el cierre del Instituto de Enseñanza a Distancia de Andalucía donde trabajaban 70 profesionales, se elaboraba material didáctico a disposición del profesorado y coordinaba y apoyaba a los andaluces y andaluzas que optaban por esta modalidad de enseñanza. Volvemos al bucle de menos impuestos menos servicios públicos. En este caso, además de la pérdida de 70 puestos de trabajo, la Consejería sacó a licitación pública, o sea, privatizó la gestión de la plataforma de contenidos y, casi peor, la elaboración de los materiales didácticos“. Su conclusión: ”a menos impuestos, menos y peores servicios públicos educativos“.

La Junta señala que loscitados 70 profesores son “funcionarios que están desarrollando su labor en centros públicos de Andalucía en este curso”. Respecto a la gestión de la plataforma de contenidos, “para la elaboración de materiales didácticos lo que ha hecho está Consejería es una convocatoria pública, ya resuelta, para el nombramiento de 185 docentes para la elaboración de recursos educativos abiertos”. Además, “gracias al acuerdo pionero en España con Google y Microsoft, se ha puesto a disposición de los centros, de forma gratuita, un bufé de servicios y herramientas que incluye un plan de formación y permite a centros educativos públicos andaluces acceder a los servicios educativos en la nube de estas dos compañías”.

Daniel Fernández, secretario general de CGT Enseñanza Andalucía, recuerda que a finales de abril la organización ya denunció una rebaja fiscal promovida por la Junta de Andalucía a las familias que tuviesen a sus hijos matriculados en centros privados y academias por gastos de enseñanza escolar o extraescolar de idiomas e informática: 150 euros por materia e hijo. “La campaña publicitaria de estos días sobre la bajada de impuestos es más de lo mismo: beneficios para quienes más tienen, en detrimento de una educación pública lastrada por falta de medios, recortada, privatizada, con aulas saturadas, sin desdobles, sin atención suficiente al alumnado de necesidades específicas de apoyo educativo, falta de personal (de orientación, integración, mediación, intérpretes, educadores, etc.), sin estabillidad para sus docentes, con amianto, temperaturas extremas... Así, resulta evidente cuál es la apuesta de esta Consejería”. Por eso, este sábado “vamos a salir a las calles de Sevilla toda la comunidad educativa a decirle al señor Imbroda que la escuela pública no se vende, se defiende”.

Desde la Consejería se incide en que la Ley de Presupuestos de Andalucía “refleja que nuestra comunidad tiene más recursos que nunca, con 7.400 millones para la Consejería de Educación y Deporte, con las mayores plantillas docentes y no docentes y una oferta pública de empleo que va a reducir los índices de interinidad a los porcentajes más bajos de la educación en Andalucía”.