Casi 30.000 empleados públicos son temporales en Aragón: la tasa multiplica por ocho el límite legal que marca la UE

Más del 47% de los trabajadores de la Administración autonómica en Aragón tienen contrato temporal, según muestra el último 'Boletín estadístico del personal al servicio de la comunidad autónoma'. El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (STEPA) ha denunciado que los datos oficiales “vuelven a poner de manifiesto la intolerable precariedad que el Gobierno de Aragón intenta ocultar y que va a terminar con sanciones millonarias de la Comisión Europea”.

Con los datos del último Boletín, la plantilla de la Administración autonómica está compuesta por 61.913 trabajadores, de los que 29.233 son temporales (47,2%) y 32.680, fijos (52,8%). En el momento de las últimas elecciones autonómicas y el inicio de la presidencia de Azcón, en junio de 2023, estos mismos datos eran 59.800 trabajadores y 30.500 temporales, el 51%, por lo que el índice de temporalidad se ha reducido en solo 3,7 puntos porcentuales. Todo ello pese a que la Ley 20/21, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, fijaba la obligación de que esta tasa debía estar por debajo del 8% a fecha 31 de diciembre de 2024.

STEPA subraya que además el boletín no especifica cuántos de estos temporales llevan más de tres años en sus puestos y por tanto están en fraude de ley y deben ser indemnizados, como han sentenciado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Supremo. El sindicato estima que “en estos momentos son más de 20.000 los trabajadores abusados, un tercio de la plantilla total”. Y añade: “Esta cifra no deja de crecer, ya que inicialmente calculábamos que eran 17.000”.

“Este boletín estadístico nos muestra una Administración pública al borde del colapso por años de falta de planificación y unas ofertas de empleo que no han servido para acabar con la temporalidad estructural. El Ejecutivo de Jorge Azcón ha incumplido las leyes, ha mentido reiteradamente y ahora mismo no quiere escuchar nuestras propuestas para buscar una salida que evite sanciones e indemnizaciones”, resume STEPA.

“El compromiso de los trabajadores”

El sindicato ha subrayado que la misma fecha de publicación de este último boletín “ya muestra la caótica gestión y falta de transparencia en Función Pública”. El informe se publica semestralmente, con datos a 30 de junio y 31 de diciembre; pero se ha presentado el de diciembre de 2025 en la fecha en que debería hacerse público ya el siguiente, “fuera del periodo de sesiones de Cortes y en plenas vacaciones, en lo que parece un retraso deliberado para esconder sus falsedades e incumplimientos legales”.

STEPA ha incidido en que los datos oficiales muestran que los máximos responsables de Función Pública han dado datos falsos sobre la temporalidad, incluso ante las Cortes de Aragón. El panorama real es el de una temporalidad que no se permite en ninguna empresa privada. Por sectores es del 46,2% en Administración General, del 46,9% en Educación y del 48,7% en Sanidad.

Respecto al anterior Boletín, de junio de 2025, la temporalidad se ha reducido en un ligero 0,5%. Sin embargo, en ese momento en la plantilla había 184 empleados más, lo que muestra que parte de este resultado se ha conseguido con ceses de personal temporal cuyos puestos no se están cubriendo. “Función Pública solo busca maquillar los datos de temporalidad con ceses ilegales, aun a costa de cargarse y deteriorar gravemente servicios públicos, como muestran las constantes polémicas de plazas sin cubrir y servicios atascados”, afirma STEPA.

Los datos del Boletín oficial muestran que el Gobierno de Azcón también ha sido incapaz de conseguir los objetivos que pregona, de mejorar la organización y provisión de plazas, y así el porcentaje de empleados con destino fijo está en el 44,5%. Tampoco se está consiguiendo rejuvenecer la plantilla, y la media de edad está en 46,3 años.

Como resumen, STEPA señala que “es imposible que la Administración aragonesa pueda funcionar bien. Si mínimamente se sostiene es porque es una maquinaria pesada y los funcionarios están comprometidos; si no, tendría que reventar”.

Propuestas de STEPA

El sindicato ha destacado que los datos de este boletín se publican en un momento decisivo. Por una parte, la Comisión Europea está avanzando con celeridad en el procedimiento de infracción contra el Gobierno de España por incumplir la normativa europea sobre temporalidad. Igualmente, las últimas sentencias judiciales obligan también a indemnizar a los trabajadores que han sufrido abuso y si no se opta por la fijeza como compensación, se sumarán pagos millonarios, que ya están impidiendo avanzar en la preparación de los próximos presupuestos.

Como solución a nivel nacional, STEPA, junto con otras 56 organizaciones de toda España, presentó en el Congreso de los Diputados, en junio, una “lista de exigencias mínimas para una ley de punto final que transponga de forma íntegra las normas y sentencias europeas y que concrete medidas de reparación y para evitar que se repitan los abusos”.

Con el mismo objetivo presentó a la Dirección General de Función Pública del Gobierno de Aragón una propuesta para llevar a la reunión de la Comisión de Coordinación del Empleo Público celebrada el pasado 8 de julio. El sindicato defiende un real decreto ley que revise el grado de aplicación de los concursos de méritos de estabilización, “que han supuesto que mientras unos pocos pasen a funcionarios de carrera, otros en la misma situación hayan sido despedidos a coste cero, al no haberse incluido sus plazas en los procesos”.

STEPA ha explicado que esta medida “no traspone la directiva comunitaria pero supone eliminar uno de los agravamientos que se señalan en el documento de líneas rojas registrado en el Congreso”. Al no tener respuesta, ha solicitado en la Mesa Sectorial información sobre las conclusiones de la reunión y que conste en acta la propuesta trasladada por nuestra organización para abordar la situación del personal en abuso de temporalidad.

“Si finalmente los incumplimientos acaban teniendo consecuencias económicas, será la ciudadanía, en última instancia, quien soporte el coste. Es legítimo preguntarse quién asumirá la responsabilidad por años de incumplimiento de la ley y mala gestión”, ha concluido el sindicato.