STEPA califica de “victoria histórica” la sentencia europea que abre la puerta a hacer fijos a 20.000 interinos en Aragón

El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (STEPA) ha calificado de “histórica victoria tras más de 25 años” la sentencia hecha pública hoy por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha dictaminado que España no tiene medidas conformes con el Derecho de la Unión para sancionar la utilización abusiva de los contratos temporales en el sector público. El fallo avala la fijeza de todos los afectados como solución y subraya que si no se hace así, deberían abonarse a las víctimas indemnizaciones muy superiores a las máximas fijadas actualmente en la ley, lo que supondría “un colapso económico y judicial, ya que la estimación teórica calculada a la baja, con datos oficiales, es en total de más de 40.000 millones de euros”.

El sindicato ha celebrado con una concentración ante la sede del Gobierno de Aragón este histórico fallo, del que han destacado que “incide de pleno en Aragón, al ser una comunidad que mantiene un abuso estructural de temporalidad”. Según sus cálculos, unos 20.000 trabajadores de la Administración autonómica tendrán que pasar a ser fijos. A nivel nacional, la cifra total, entre empleados estatales, autonómicos y de entidades locales, llega al millón de personas.

Los jueces europeos castigan así la “reiterada utilización en todas las Administraciones de personal temporal para cubrir necesidades permanentes”, exponen desde el sindicato. Actualmente, uno de cada tres empleados públicos tiene contrato temporal, y en casos como la DGA se llega al 47,7%, según los últimos datos del Boletín estadístico del personal al servicio de la Comunidad Autónoma. La sentencia exige sanciones efectivas contra esta situación y señala que si no son económicas, solo pueden basarse en la fijeza de los afectados, ya que la convocatoria de procesos de estabilización no es una medida suficiente.

“Una sentencia que obliga a actuar”

STEPA ha destacado que esta sentencia “después de décadas de hacer caso omiso, obliga, de una vez por todas, a actuar a la Comisión Europea, al Estado en todos los niveles de la Administración y a los Tribunales”.

Además, el sindicato ha recordado que la Comisión Europea solo esperaba esta sentencia para avanzar en una sanción económica a España por incumplir la directiva sobre abusos en la temporalidad “que va a ser elevadísima” porque se compondrá de dos tipos de multa. Por una parte, una sanción a tanto alzado por incumplir la Directiva 1999/70/CE; un motivo por el que ya ha retenido más de 600 millones de euros, vinculados a fondos Next Generation. Por otro lado también una multa coercitiva, que supone una cantidad por cada día que nuestro país se retrase en aplicar la norma “por lo que es evidente que el Gobierno tendrá que actuar si no quiere arruinarse”.

Esta actuación pasa por una ley nacional que convierta en fijos a todas las víctimas del abuso de temporalidad, para lo que ya se cuenta con un texto “apoyado por muchos partidos de todo el arco parlamentario, desde Vox hasta Bildu”. STEPA ha reclamado la máxima celeridad para que “nuestros políticos legislen para resolver el problema de la temporalidad en el sector público de una forma definitiva, no con la chapuza que fue la Ley 20/2021, que ha sido un completo fracaso y a los cinco años de su entrada en vigor sigue siendo temporal uno de cada tres empleados”.

Finalmente, ha incidido en que esta sentencia del TJUE llega por una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo de España sobre cómo cumplir con la normativa europea “por lo que evidentemente tiene que aplicarse en los miles de procesos de interinos que han recurrido su cese”. 

Demandas al Gobierno de Aragón

STEPA ha llamado especialmente a asumir sus responsabilidades al Gobierno de Aragón, “uno de los principales incumplidores, con una temporalidad por encima de la media, que supera el 43% de los empleados autonómicos”. Según el cálculo de STEPA, la sentencia afectará a unos 20.000 trabajadores en la DGA, en su mayoría mujeres con una edad media de 50 años. Este número incluye tanto a trabajadores que continúan como interinos, como a quienes han sido cesados y han denunciado su despido.

Según explica el sindicato, cuando la Ley 20/2021 obligó a sacar a procesos de estabilización las plazas ocupadas por personal en abuso, “el Gobierno de Aragón no realizó ni lo esencial: identificar las plazas susceptibles de sacarse a este procedimiento, pese a ser un mandato recogido en la disposición transitoria sexta de los presupuestos vigentes, a propuesta de Vox y aceptada por el actual Gobierno del Partido Popular”. De esta manera, se han convocado “ofertas ridículas, de apenas 2.500 plazas, frente a los 28.000 temporales existentes en diciembre de 2021”. Así, “no solo la gran mayoría de las víctimas no han visto reconocidos sus derechos, sino que muchos han sido despedidos sin compensación”.

Las demandas al Ejecutivo de Jorge Azcón, en espera del necesario cambio estatal, incluyen así presentar este listado de trabajadores con derecho a la fijeza, paralizar cualquier nuevo cese y retirar sus plazas de las convocatorias de empleo en marcha. Igualmente se reclama una nueva Ley de Función Pública que avance en la planificación de los recursos humanos y garantice la calidad del servicio público. “Acabar con el abuso de temporalidad debe ser una cuestión prioritaria esta legislatura autonómica”, asegura.

STEPA ha subrayado que la fijeza del personal en abuso beneficiará a toda la sociedad, “frente al actual desmantelamiento de los servicios públicos, mantiene a los empleados con mejor formación y experiencia de años; y no perjudica a quienes busquen una nueva plaza, dado el volumen de jubilaciones en los próximos diez años”.

“Esta sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene que suponer el principio del fin para acabar finalmente con décadas de injusticia; y para garantizarlo, vamos a continuar presionando a los responsables políticos y animando a todas las víctimas del abuso a que reclamen su estabilización en sus Administraciones y en sede judicial”, han concluido desde STEPA.