El Gobierno de Aragón salva con un decreto ley la inmovilización de VTC sin licencia frenada por los tribunales

El Gobierno de Aragón ha llevado a una norma con rango de ley el mecanismo que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) dejó en suspenso hace menos de un mes. El Boletín Oficial de Aragón publica este jueves un decreto que entra en vigor mañana con el que reescribe el régimen sancionador de la Ley de Transportes Urbanos, de forma que los policías locales “deberán acordar la inmediata inmovilización cautelar” de cualquier VTC que preste un servicio urbano sin licencia municipal. Pueden hacerlo desde que vean “indicios suficientes”, sin que antes se haya acordado formalmente abrir el expediente sancionador. Además, la norma suspende la concesión de nuevas autorizaciones VTC en todo Aragón hasta que se apruebe la futura ley autonómica, con un máximo de dos años.

El decreto llega después de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA suspendiera cautelarmente el núcleo de la orden con la que el Departamento de Fomento quiso endurecer el control sobre los VTC en Zaragoza: el precinto obligatorio, durante un máximo de un año, de los vehículos que presten servicios urbanos sin licencia municipal. El auto, de 22 de octubre, dejó sin efecto el precintado y la consideración de que basta con que los agentes constaten la infracción. El argumento fue de jerarquía normativa: la Ley de Transportes Urbanos de Aragón configura el precintado como una facultad, mientras que la orden lo impone “con independencia de las circunstancias”.

El decreto ley cambia precisamente esa legislación. En la exposición de motivos, el Ejecutivo asegura que la reforma “no tiene por finalidad eludir ni privar de efecto a la resolución judicial”, sino ofrecer “seguridad jurídica” de cara al futuro. Pero la medida que vuelve a ser obligatoria, la inmovilización inmediata a partir de lo que constaten los agentes, queda ahora en una norma con rango de ley. Eso la saca del alcance del TSJA: un decreto ley solo puede anularlo el Tribunal Constitucional. El texto sí da un paso atrás en un punto: el precinto de hasta un año pasa a ser una medida accesoria potestativa, que se impondrá por resolución motivada y respetando la proporcionalidad.

Ni bajarse el pasajero ni desconectar la app

El decreto regula asimismo con detalle la intervención en la calle para cerrar las vías de escape. La infracción se da por consumada en cuanto empieza el servicio, no la anulan ni la impiden que los usuarios se bajen antes o después de que llegue la policía, que se cancele el viaje, que el coche esté vacío o que el conductor se desconecte de la plataforma. Tampoco sirven para levantar la inmovilización retirar los distintivos, enseñar la autorización estatal ni comprometerse a salir del término municipal.

El vehículo solo se devuelve en estos casos: si se acredita una licencia municipal válida, si se paga o se garantiza la sanción ya impuesta, o si se deposita una fianza de 6.000 euros y se acredita “objetivamente” que el coche saldrá del municipio sin recoger viajeros. Los gastos de retirada, depósito y custodia corren a cargo del infractor.

Las multas se igualan a las de la legislación estatal: de 4.001 a 6.000 euros por transporte urbano sin título habilitante y de 6.001 a 18.000 euros en caso de reincidencia. Cuando el infractor tenga una autorización VTC estatal, la multa irá siempre en la mitad superior, de 5.001 a 6.000 euros. El Gobierno lo justifica por el “conocimiento profesional de la regulación sectorial” y la “obtención deliberada de un beneficio económico ilícito”. El decreto también suprime el tipo leve que permitía calificar esta conducta como falta menor.

Autorizaciones concedidas por el propio Gobierno

El Ejecutivo sostiene la urgencia con sus propios datos. Desde el decreto ley 5/2023, que adaptó el régimen VTC a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de junio de 2023, Aragón ha concedido 232 autorizaciones nuevas. Se suman a las 192 anteriores y dan un total de 424, un 121% más. En estos momentos entran de media 55 solicitudes al mes.

El dato de fondo lo da el propio decreto: entre enero y junio de este año, el Gobierno de Aragón concedió, por delegación del Estado, 114 autorizaciones con domicilio en la provincia de Zaragoza cuyos titulares no tienen licencia municipal. Según lo que esos operadores comunican al Registro VTC del Ministerio de Transportes, de media el 75% de sus servicios se hace íntegramente dentro del término municipal de Zaragoza. Es decir, son viajes urbanos para los que esas autorizaciones no habilitan. El texto también habla de servicios que no se comunican al registro y de vehículos que operan solo en municipios de otras comunidades. El Gobierno describe como “grave problema de intrusismo profesional” un fenómeno alimentado por autorizaciones que firmó su propia Dirección General de Transportes, y lo hace después de seguir concediéndolas durante meses sin criterios técnicos de dimensionamiento.

Por eso la suspensión alcanza también a las solicitudes en trámite. Según el decreto, quien tiene una solicitud pendiente no tiene derecho a que el marco regulador no cambie. El Ejecutivo defiende que la medida es proporcionada porque es temporal, no toca las autorizaciones ya concedidas y no adelanta el contenido de la ley que prepara Fomento, cuya consulta pública empezó con una orden del 11 de septiembre. Calcula que esa ley tardará unos dos años en aprobarse.

El decreto ley tiene que convalidarse en las Cortes de Aragón en los 30 días siguientes a su promulgación. Si no, queda derogado.