El TSJ de Aragón suspende el precinto obligatorio de hasta un año para las VTC sin licencia municipal
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha suspendido cautelarmente el núcleo de la orden con la que el Departamento de Fomento del Gobierno autonómico quiso endurecer el control sobre los VTC en Zaragoza: el precinto obligatorio, durante un máximo de un año, de los vehículos que presten servicios urbanos sin licencia municipal. El auto, fechado el 22 de octubre, concluye que la orden transforma en una obligación automática lo que la ley aragonesa contempla únicamente como una potestad de la Administración. La norma, aprobada para dar seguridad jurídica a los agentes, ha quedado así parcialmente bloqueada apenas dos semanas después de su entrada en vigor, y sin que el Ayuntamiento de Zaragoza haya concedido nuevas licencias urbanas a las empresas a las que ahora exige tenerlas.
La resolución, dictada por la Sección Primera de la Sala, estima parcialmente la medida cautelar solicitada en un recurso contra la orden autonómica de 1 de octubre que fija criterios de actuación en los servicios de transporte público urbano de viajeros en vehículos turismo. Entró en vigor el pasado 10 de octubre, coincidiendo con el arranque de las Fiestas del Pilar.
El tribunal deja sin efecto, mientras se resuelve el fondo del asunto, los dos primeros apartados de la orden. El primero establece que prestar servicios urbanos sin licencia municipal conllevará, además de la sanción económica, el precintado del vehículo durante un año como máximo o hasta que se resuelva el procedimiento sancionador. El segundo considera suficiente para ello que los agentes constaten la infracción.
Según el auto, la Ley de Transportes Urbanos de Aragón configura el precintado como una facultad, mientras que la orden lo impone “con independencia de las circunstancias”. La Sala precisa que las autoridades conservan las potestades que les atribuyen esa ley y la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, que deberán aplicarse atendiendo a cada caso. Los apartados tercero, cuarto y quinto de la orden siguen vigentes.
Una medida provisional
Se trata de una medida provisional que no prejuzga la sentencia. El auto no es firme y admite recurso de reposición ante la misma Sala en un plazo de cinco días.
El contenido del auto lo ha dado a conocer la Federación Movea , que agrupa a autónomos, pymes y cooperativas del sector VTC y forma parte del Comité Nacional del Transporte por Carretera. En un comunicado, la federación expresa su respeto a la decisión, subraya su carácter provisional y pide a los operadores que sigan cumpliendo la normativa. Su presidente, Pablo García-Trespalacios, sostiene que el auto evidencia la falta de seguridad jurídica y ofrece al Gobierno de Aragón colaborar en una ley “equilibrada”. Movea reclama un régimen sancionador y medidas cautelares proporcionadas, limitadas en el tiempo y con garantías, e invoca la ley de garantía de la unidad de mercado para pedir que la futura norma aragonesa se coordine con la estatal, dado que las autorizaciones VTC tienen ámbito nacional.
La orden tiene su origen en la reunión que el consejero, Octavio López, mantuvo el 27 de agosto con la Asociación Provincial de Auto-Taxi de Zaragoza, presidida por Miguel Izaguerri, y con la consejera municipal de Movilidad, Tatiana Gaudes. Allí, el titular de Fomento anunció una mesa de trabajo con el taxi y una nueva resolución “más aclaratoria” que sustituyera a la de marzo de 2025, que el sector consideraba insuficiente. Izaguerri reclamó entonces que los agentes dispusieran de “más armas” para actuar.
López se comprometió a precisar las consecuencias de los incumplimientos y a dar a los agentes de control herramientas jurídicas claras para sancionar o inmovilizar vehículos, y fijó como plazo el final de septiembre. La herramienta concebida para dar seguridad jurídica a las actuaciones policiales es precisamente la que el tribunal ha dejado en suspenso.
Licencias que no se conceden
El conflicto tiene su principal escenario en Zaragoza. Unauto denunció que la ciudad cuenta solo con 59 autorizaciones urbanas VTC, una cifra que, según sus cálculos, reproduce casi exactamente la proporción de una VTC por cada 30 taxis. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró en una sentencia en 2023 sobre el Área Metropolitana de Barcelona que esa limitación es contraria al derecho comunitario cuando no está justificada, aunque admitió que las administraciones exijan autorizaciones adicionales si responden a criterios objetivos, transparentes, no discriminatorios y proporcionados.
El presidente de Unauto, José Manuel Berzal, calificó la orden de “absolutamente desproporcionada” y cuestionó que las administraciones amenacen con precintar mientras mantienen bloqueado el acceso a las licencias. La patronal también puso en duda el procedimiento por el que se otorgaron las 59 autorizaciones existentes, que según su versión se concedieron sin convocatoria pública.
El propio Ayuntamiento reconoció en febrero, en una comisión municipal y a preguntas de Vox, que no tenía previsto conceder nuevas autorizaciones hasta disponer de una regulación autonómica. El concejal de Movilidad, José Miguel Rodrigo, defendió que las existentes se habían otorgado conforme a la normativa vigente.
A las críticas se sumaron la Unión de Consumidores de Aragón y la plataforma #LaCiudadQueNosMueve, en la que participan empresas de movilidad como Bolt, que vincularon las restricciones a las largas esperas para encontrar transporte durante el Pilar.
El Gobierno de Aragón prepara una ley autonómica del transporte en turismo, cuya consulta pública previa permanece abierta hasta el 8 de noviembre. López anunció en agosto que su intención era tramitarla durante esta legislatura. Movea ha pedido participar en una mesa con las organizaciones del sector y las entidades locales.