El Gobierno de Azcón mantiene la tensión con Pedrola por el plan de la gigafactoría y rechaza negociar con el Ayuntamiento

El Gobierno de Aragón no negociará con el Ayuntamiento de Pedrola el recurso municipal ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) contra el Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA) de la gigafactoría de baterías de Stellantis y CATL. El consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, ha exigido este viernes a la alcaldesa, la socialista Manuela Berges –secretaria de Organización del partido en Aragón–, que lo retire “de manera inmediata” y ha remitido cualquier discusión sobre el vial que motiva el conflicto a la propia empresa. Sin embargo, según Berges, fueron los responsables de Stellantis quienes le trasladaron que ese tramo quedaba fuera del plan por decisión del Gobierno autonómico.

“Lo primero que tiene que hacer la señora Berges es retirar el recurso”, ha insistido López en una rueda de prensa convocada expresamente para responder al Ayuntamiento. Preguntado por si el Ejecutivo estaría dispuesto a negociar en el plazo que todavía queda hasta que el Consistorio formalice la demanda –hasta ahora solo está interpuesta–, el consejero ha sido tajante: “Nosotros, negociar directamente como Gobierno de Aragón, no estamos en la situación de negociar”. Lo que haya que hablar, ha añadido, “se hablará con la empresa, no con la comunidad autónoma”.

Esa posición choca con la versión de la alcaldesa. Según ha explicado Berges a este periódico, en sus reuniones con los responsables de Stellantis estos le reconocieron que eran conscientes de que el vial se quedaba fuera del ámbito del PIGA, pero que había sido una decisión del Gobierno de Aragón. De no recurrir, el Ayuntamiento entiende que tendría que asumir el arreglo de ese tramo, cuyo coste Berges estima en unos 800.000 euros. El resultado es que la empresa remite al Gobierno y el Gobierno remite a la empresa, mientras el Consistorio se queda en medio.

Un kilómetro de 7,4 mantenido “de buena fe”

El tramo en disputa forma parte de la vía perimetral que rodea las instalaciones de Stellantis. Según López, esa circunvalación tiene 7,4 kilómetros, de los que un kilómetro discurre por el término municipal de Pedrola, en el lado sur de la planta. El consejero ha descrito ese vial como “una vía urbana que, en principio, se viene manteniendo conjuntamente entre la antigua Opel y los propios ayuntamientos, desde la perspectiva de la buena fe”, y ha negado que haya ninguna rotonda nueva afectada.

López ha defendido que el PIGA “no impone ningún tipo de restricción ni ningún tipo de consecuencia directa” a la gestión municipal de Pedrola. Se ha limitado a asegurar que está “absolutamente convencido” de que la empresa no pondrá en cuestión “el mantenimiento de un kilómetro de 7,4 de circunvalación”. Precisamente lo que reclama el Ayuntamiento es que ese mantenimiento deje de depender de la buena fe, en un momento en el que el vial soportará el tráfico pesado de una obra de 4.100 millones de euros.

Berges ya avanzó el pasado miércoles que estaría dispuesta a retirar el recurso si se alcanza un acuerdo sobre esas infraestructuras, como ocurrió en un caso anterior con la empresa Samca.

Un 16% del suelo

El consejero López ha insistido en minimizar el peso de Pedrola en el proyecto. Según el plano del PIGA, lo único que se sitúa en su término municipal es la nueva subestación eléctrica de la gigafactoría, de 11.008 metros cuadrados, lo que supone el 1,2% de las casi 90 hectáreas del ámbito. El 98,8% restante se localiza en Figueruelas.

Sin embargo, el mismo plano refleja que la parcela catastral de Stellantis en Pedrola, donde se proyecta la subestación, tiene 49,5 hectáreas, frente a las 260,5 de la de Figueruelas. Es decir, casi el 16% del suelo catastral de Stellantis recogido en el plano está en Pedrola, un peso que el propio consejero ha reconocido al admitir que la afección al término municipal en el conjunto de la operación de Stellantis “es pequeña, pero tiene cierta significación”.

El recurso municipal, autorizado por un decreto de Alcaldía del 27 de octubre, defiende las competencias urbanísticas y los ingresos del Ayuntamiento, cuestiona la infraestructura energética en suelo de Pedrola y la aplicación del PIGA sobre suelo urbano consolidado. López ha replicado que los ayuntamientos no tienen derecho a cobrar el impuesto de construcciones (ICIO) en este tipo de proyectos porque no conceden la licencia, algo que se enmarca en la normativa autonómica de los plantes de interés general.

“¿Contradicción o mentira?”

El consejero ha acusado además a la alcaldesa de contradecirse respecto a las alegaciones que el Ayuntamiento presentó al PIGA en agosto de 2025, que según López mostraban la conformidad del Consistorio con el proyecto aun a costa de perder competencias e ingresos, y que, en su opinión, “se ciñeron a cuestiones energéticas”.

López ha ido más allá del plano institucional y ha exigido a Berges que dimita como secretaria de Organización del PSOE aragonés ante el supuesto conflicto de intereses entre alcaldesa y dirigente regional socialista. Ha atribuido el recurso a un “pataleo” de su formación en plena precampaña y ha alertado de su “coste reputacional” ante los inversores, hasta el punto de asegurar que la empresa le ha trasladado su “preocupación absoluta”.

Stellantis no se ha pronunciado públicamente sobre el recurso.

El conflicto con Pedrola se suma a las protestas de otros alcaldes por el uso de los PIGA, que permiten al Gobierno autonómico tramitar grandes proyectos sin licencia municipal y, por tanto, sin que los ayuntamientos cobren el ICIO. López ha defendido como respuesta lo que denomina “teoría del semáforo”: consultar de forma confidencial a los alcaldes antes de que una empresa se implante para conocer su disposición. Pero ha acompañado la propuesta de una advertencia: “A lo mejor por lo que un alcalde no quiere hay 100 alcaldes esperando”.

El consejero ha admitido, eso sí, que muchas empresas que se han instalado en Aragón mediante esta figura han alcanzado acuerdos con los ayuntamientos “sin ninguna obligación”. Es, precisamente, el tipo de acuerdo que Pedrola dice estar dispuesta a aceptar para retirar el recurso.