Una alcaldesa recurre el plan autonómico para la gigafactoría de Stellantis porque le obliga a asumir 800.000 euros del acceso
El Ayuntamiento de Pedrola, en Zaragoza, ha interpuesto un contencioso contra el Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA) de la gigafactoría de baterías de Stellantis y CATL en Figueruelas para evitar que el municipio tenga que asumir una factura de al menos 800.000 euros por infraestructuras vinculadas a la nueva planta industrial. Su alcaldesa, Manuela Berges, que también es la número dos del PSOE aragonés, denuncia que el proyecto deja fuera determinadas obras de acceso y circunvalación que tendrían que financiar los ayuntamientos afectados. Una circunstancia que se suma al hecho de que la tramitación mediante un PIGA les priva también de los ingresos del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). La controversia ha desencadenado una dura ofensiva del presidente aragonés, Jorge Azcón, quien, a pocas horas del comienzo de la campaña electoral, ha acusado a los socialistas de intentar “torpedear” una inversión estratégica para Aragón.
El proceso judicial aún no es definitivo porque está pendiente la formalización de la demanda. Hasta que eso suceda, es previsible que se abra un periodo de negociación entre las partes.
Azcón ha exigido a Pilar Alegría que intervenga para retirar la impugnación, mientras la alcaldesa ha exigido a su vez al presidente aragonés que se revise el acuerdo y que no sean los ayuntamientos afectados los que estén obligados a financiar determinadas infraestructuras necesarias para la planta, como los accesos y la circunvalación, cuando además dejan de percibir los ingresos del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) por la tramitación del proyecto mediante un PIGA.
Aunque la polémica ha estallado a pocas horas del inicio oficial de la campaña electoral, las discrepancias del Ayuntamiento con el proyecto no son nuevas. Pedrola ya presentó alegaciones en agosto de 2025, en las que manifestaba expresamente su respaldo a la gigafactoría y a la utilización del PIGA para agilizar su implantación, pero cuestionaba la afección de determinadas infraestructuras energéticas a terrenos municipales y la pérdida de competencias urbanísticas.
Berges ha explicado que el Ayuntamiento no pretende paralizar la inversión, de la que se siente muy satisfecha, sino evitar que sus vecinos tengan que afrontar una factura que ha estimado en al menos 800.000 euros por las infraestructuras vinculadas a los accesos a la planta. Una situación que también afecta al término municipal vecino de Figueruelas, donde se concentra la mayor parte de las instalaciones industriales.
“Voy a defender a capa y espada a mis vecinos”
“Soy secretaria, por supuesto, del PSOE Aragón, pero soy alcaldesa de mi pueblo y voy a defender a capa y espada a los vecinos y vecinas de mi pueblo”, ha respondido Berges, quien ha insistido en que el municipio mantiene su apoyo a la gigafactoría y continúa trabajando con Stellantis en otros proyectos vinculados a la inversión.
La alcaldesa ha asegurado que está dispuesta a retirar el recurso si se alcanza un acuerdo sobre las infraestructuras cuestionadas y ha desmentido que haya actuado a espaldas de la compañía, como ha sostenido Azcón. Según ha explicado, ya había mantenido conversaciones con responsables de Stellantis para intentar resolver el problema, mientras que el Gobierno de Aragón todavía no se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento.
Por su parte, Azcón ha calificado la decisión municipal de “incomprensible” e “inaudita” la decisión, además de un “auténtico despropósito” y ha acusado a los socialistas de anteponer sus intereses electorales a la creación de empleo. El presidente ha insistido en que Pedrola será uno de los municipios más beneficiados por la gigafactoría y ha reprochado al PSOE que cuestione ahora los PIGA, un instrumento aprobado durante los gobiernos de Javier Lambán.
El jefe del Ejecutivo autonómico ha advertido de que el recurso genera “incertidumbre” entre los inversores, si bien no ha admitido que pueda provocar la paralización de las obras. Tampoco ha precisado si las infraestructuras cuestionadas por Pedrola están incluidas en el proyecto aprobado, limitándose a defender que el expediente ha superado todos los trámites técnicos y administrativos.
Berges, por su parte, ha cuestionado la difusión de la noticia precisamente en vísperas de la campaña electoral y ha recordado que el Gobierno aragonés publicó la aprobación definitiva del PIGA el pasado 10 de agosto, en pleno periodo vacacional. Según ha explicado, el Ayuntamiento ha decidido acudir a los tribunales para evitar que vencieran los plazos legales.
El decreto municipal que autoriza la impugnación, firmado el 27 de octubre, señala expresamente que la acción judicial no constituye un ataque al conjunto del PIGA, sino una defensa de las competencias urbanísticas y de los ingresos municipales. El documento cuestiona, entre otras cuestiones, la inclusión de infraestructuras energéticas sobre terrenos de Pedrola y la aplicación del proyecto a suelo urbano consolidado.
Berges, además, ha restado dramatismo a la presentación del recurso y ha recordado que ya se produjo una situación similar con un proyecto de la empresa aragonesa Samca, cuyas discrepancias pudieron resolverse mediante la negociación. En aquella ocasión, según ha explicado, se alcanzó un acuerdo con la compañía para excluir del PIGA determinadas actuaciones que afectaban al municipio. La alcaldesa confía en que ahora pueda encontrarse una solución semejante con Stellantis y ha reiterado su disposición a retirar la impugnación si se alcanza un acuerdo sobre las infraestructuras cuestionadas.