Manual de campaña / made in Azcón
Hay varios clásicos en campaña que no cambian: dirígete a quien decide, no a quien aplaude; elige un enemigo, un antagonista, y controla la agenda. Jorge Azcón, presidente aragonés, líder del PP en la comunidad y un veterano de la política, se los sabe al dedillo y los aplica una vez sí y otra también. Con dos bazas a su favor: enfrente el rival anda desnortado y además cuenta con el altavoz de gran parte del panorama mediático.
Las informaciones sobre el contencioso presentado por el Ayuntamiento de Pedrola contra el PIGA de Stellantis son un buen ejemplo de todo ello. De manual.
Fue hace una semana cuando el Gobierno de Azcón activó los resortes. Primero filtró el contencioso y para entonces ya tenía preparada su reacción en las Cortes de Aragón, donde se celebraba la sesión plenaria: “Inaudito, absolutamente incomprensible”, criticó Azcón en los pasillos de la Cámara.
El PSOE, a partir de entonces, a remolque. La alcaldesa, Manuela Berges –también secretaria de Organización de los socialistas aragoneses–, se vio obligada a comparecer ante los medios para dar su versión de los hechos: argumentó que no le quedaba otro remedio que recurrir para defender los intereses municipales debido a que el PIGA le obligaba a asumir una obra valorada en 800.000 euros de un vial que daba servicio a la planta de Stellantis.
No es la primera vez que un ayuntamiento lleva al Contencioso la aprobación de un PIGA en su término municipal. Hay que recordar que se trata de instrumentos destinados a agilizar los trámites de grandes inversiones, pero que a cambio usurpan de forma flagrante competencias municipales y además ahorran al inversor millones de euros en impuestos... de las arcas locales, no de la Administración autonómica. Ya sucedió por ejemplo con Villanueva de Gállego o con Villamayor de Gállego, con sendos centros de datos. El periodo entre la interposición del recurso y su formalización suele emplearse para que las partes negocien, acuerden unas compensaciones y eviten así llegar a juicio.
¿Qué cambiaba esta vez? Pues eso: que estamos en plena campaña y que la alcaldesa es un alto cargo del PSOE aragonés.
Al día siguiente, el consejero de Fomento, Octavio López, cogió el testigo de Azcón y mantuvo la presión sobre Berges, a quien llegó a pedir la dimisión por un supuesto conflicto de intereses entre sus dos cargos: olvidaba que, en ese escenario, el primero en renunciar tendría que haber sido el propio Azcón cuando compaginó en su momento la Alcaldía de Zaragoza con la dirección del partido en Aragón.
La polémica, por lo demás, ha servido para recuperar el debate sobre el alojamiento para los miles de empleados chinos que van a ir llegando a Figueruelas y su entorno para levantar la gigafactoría. Una cuestión que ya está levantando ampollas en los municipios del área, que esperan desde hace tiempo el plan anunciado por el Ejecutivo para gestionar esta urgencia habitacional y de servicios. En núcleos como Grisén, como te hemos contado, hay ya alojados decenas de trabajadores del país asiático –hasta más de un 10% del censo de la localidad–, lo que ha provocado que los alquileres se disparen de forma inconcebible.
Para calmar los ánimos, el mismo consejero de Fomento y Vivienda aseguró en rueda de prensa que ya hay un acuerdo con CATL sobre la forma en que se acogerá a la masa laboral que llegue a Zaragoza. ¿En qué consiste? Hasta pasadas las elecciones del 29-N no lo darán a conocer, pero según Octavio López los alcaldes afectados ya lo saben. Lo que lleva a poner todos los ojos en Figueruelas: ya se trasladó que se alojarían dentro de la propia planta. De confirmarse, faltaría por resolver cómo se solventan las dudas en materia urbanística –viviendas dentro de un sector industrial– y laboral que genera esta fórmula.
Nolasco se lía con las paguitas
La cosa empezó mal, siguió peor y ha terminado convertida en medio chapuza-medio nadería disfrazada –o eso han intentado– de gran logro.
Hablo de las 'paguitas', según la terminología de Vox, que el vicepresidente Alejandro Nolasco trató de arrebatar a los menores tutelados en centros de protección, pero solo a los de origen extranjero. Es, tras un largo historial de controvertidas decisiones, la (pen)última ofensiva de la extrema derecha en Aragón contra los niños, niñas y adolescentes que llegan a la comunidad sin sus padres. Y una medida que provocó indignación a varios niveles: por parte de los educadores sociales que se encargan de estos menores, de la oposición política, del Justiciazgo y también por parte de la Fiscalía, que llegó a abrir de oficio una investigación. Casi nada.
Tres meses después, el resultado poco tiene que ver con lo anunciado por Nolasco. Por suerte, por otro lado.
Tal y como refleja una instrucción del vicepresidente de Desregulación, finalmente lo único que cambia es que esa paga no será libre, sino que tendrá carácter finalista y que servirá para incentivar el buen comportamiento de los internos. Vamos, más o menos lo que ya existía. Y sin discriminar por nacionalidad, una cuestión fundamental, claro.
A partir de aquí, la batalla por el relato: el Departamento de Nolasco publicó una nota de prensa en el portal oficial del Gobierno de Aragón para vender con rotundidad y alevosía las supuestas bondades del acuerdo, pero que omitió lo más importante, como te mostramos en este artículo. Que casualmente es lo que más desacredita la labor de la extrema derecha (de nuevo: por fortuna).
Por si quedaban dudas, la otra vicepresidenta del Ejecutivo, Mar Vaquero (PP), fue tajante el miércoles en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno: los menores tutelados mantienen la paga y sin diferenciar por origen. Y se acabó.
Prácticamente al mismo tiempo, y como contrapunto a la cierta moderación mostrada por Vaquero, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, daba detalles del programa del Gobierno municipal para acceder a un piso con opción a compra, un plan dotado con cinco millones de euros... del que solo podrán disfrutar quienes lleven empadronados en España al menos cinco años. Marcha atrás y a toda vela.
Qué más te hemos contado
Polémicas en las contrataciones de Zaragoza. El concurso ganado por Pablo Millán, exasesor de Natalia Chueca, sigue dando que hablar. Ahora tiene que ver con el aumento del coste de personal en Zaragoza Deporte Municipal, que dispara casi un 40% su gasto en directivos tras la plaza creada y que se ha llevado el 'analista financiero'. A esto se suma el puesto convocado por Zaragoza Activa (el Imefez) sin dotar la plaza, para cabreo del interventor general.
Un Patronato para desproteger a la mujer. Días atrás te desgranamos un minucioso estudio sobre la actividad del denominado Centro de Observación y Clasificación (COC) de Zaragoza, al que se destinaban jóvenes mujeres para su tutela, tanto en el franquismo como ya iniciada la Transición. La mitad de las veces fue por motivos “morales”, ya fuera por relaciones con hombres casados o por ejercer de camareras sin permiso familiar.
Otro caso de 'granja de los horrores'. Esta vez ha sido en Tauste, donde activistas de Igualdad Animal han denunciado una explotación de cerdos en un estado deplorable, como muestran las imágenes que han distribuido. Ahora está bajo investigación de la Guardia Civil. El Gobierno de Aragón ha inmovilizado los animales, aunque no ha dado explicaciones sobre qué ha fallado con los controles. Lo peor es que no es el primer caso, y por desgracia tampoco será el último.
Un documental, al rescate del X conde de Aranda. La obra de Mirella R. Abrisqueta, titulada ‘El embajador que cambió la historia’, desgrana el papel de Pedro Pablo Abarca de Bolea, el diplomático altoaragonés que vivió en el siglo XVIII y que tuvo una gran importancia en la independencia de las colonias británicas de Norteamérica y la consecuente fundación de los Estados Unidos.