La regularización de inmigrantes fluye ya bien en Zaragoza tras un inicio marcado por el “boicot” del Ayuntamiento
Vuelve la polémica. El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, se ha reunido este martes con entidades de acogida y organizaciones incorporadas al registro de entidades colaboradoras del proceso de regularización masiva puesto en marcha en toda España para hacer un balance positivo del proceso. Pero también ha cargado contra la campaña de “bulos” y obstáculos administrativos en Zaragoza de la primera semana del proceso. Entidades sociales que trabajan sobre el terreno han denunciado además un supuesto “boicot” del Ayuntamiento en los primeros días del procedimiento, especialmente en relación con los trámites del padrón y los certificados de vulnerabilidad. Beltrán ha restado importancia a la reclamación del Ayuntamiento de Zaragoza de abonar los gastos derivados del proceso de regularización pero la reacción de la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, no ha tardado en llegar y ha amenazado con posibles medidas legales si el gobierno central se desentiende de su petición.
Sobre los bulos generados, Beltrán ha criticado la “imagen distorsionada” generada al inicio de la campaña y niega que el proceso provoque un “efecto llamada”, al recordar que los solicitantes deben acreditar estancia en España desde finales del año pasado y al menos cinco meses de residencia previa.
Scarleth Castillo, miembro de la Asociación Nicaragua Libre y sindicato Osta, también ha puesto el acento en que muchas personas migrantes están llegando a las asociaciones “muy afectadas por el tema de los bulos”. Por ello, ha reclamado la colaboración de los medios de comunicación para transmitir tranquilidad y recuerda que el proceso “va a devolver dignidad” a personas que ya trabajan y viven en España.
Con respecto a la tramitación, Castillo no ha dudado en poner el acento en que el principal problema del arranque de la campaña procedía de la oficina municipal del padrón. “Yo personalmente digo que fue un boicot”, ha afirmado Castillo, al denunciar que el Ayuntamiento exigía inicialmente el certificado histórico del padrón cuando, según las entidades, bastaba con el volante de empadronamiento.
La representante social ha explicado que esta situación ralentizó el inicio del proceso y provocó que muchas personas acudieran a las asociaciones para solicitar certificados de vulnerabilidad que todavía no les facilitaba el consistorio. Aun así, asegura que la situación se ha estabilizado gracias al trabajo de difusión realizado por las entidades y considera que el procedimiento “ha cogido un ritmo muy bueno”.
El inicio del proceso comenzó con un cruce de críticas entre administraciones por las dudas iniciales del procedimiento a seguir, y que llevó al Ayuntamiento de Zaragoza a centralizar todos los trámites en la plaza del Pilar, provocando grandes filas de personas que se apostaban contra los muros del consistorio desde primeras horas de la madrugada. Las propias trabajadoras de los servicios sociales denunciaron la orden por la que se impedía a las juntas de distrito y centros sociales atender a los migrantes. Después, una vez ampliados los puntos de atención y calmada la situación, el tono se elevó al reclamar el Ayuntamiento de Zaragoza colaboración para atender el coste económico de la atención a migrantes. El delegado del Gobierno, Fernando Beltrán, ha rechazado la polémica y la ha calificado de “más artificial que real”.
Beltrán ha reprochado al consistorio que plantee cálculos sobre el gasto derivado de atender a inmigrantes empadronados en la ciudad. “El Ayuntamiento de Zaragoza lo que está haciendo es atender zaragozanos”, ha afirmado, antes de añadir que distinguir “zaragozanos de primera, de segunda o de tercera” es algo que “no le cabe en la cabeza”.
También asegura que no existe ningún mecanismo para compensar mutuamente los gastos entre administraciones y recordó que el Gobierno de España despliega efectivos policiales en grandes eventos de Zaragoza sin reclamar posteriormente costes al consistorio.
Chueca: “no hay precedentes de este maltrato”
La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, no ha tardado en responder de forma airada y en anunciar posibles medidas legales. Considera una “falta de respeto institucional” y una “desvergüenza” que el Gobierno de la nación transfiera competencias a otras administraciones a través del decreto ley que decayó, “usurpando la voluntad del Congreso de los Diputados” y buscando “un atajo para actuar por detrás”. Además, ha recordado que los decretos deben ir acompañados de la correspondiente aportación económica para sufragar el gasto derivado de la transferencia de competencias. Por ello, considera que se trata de un “abuso” que el Ejecutivo admita que no se hará cargo de esos costes.
Llegados a este punto, Chueca ha respondido con los argumentos propios del PP en estos casos: “No hay precedentes en la España democrática de este tipo de maltrato a las administraciones locales. Aunque, viniendo del Gobierno de Pedro Sánchez, no me sorprende. Es un presidente que gobierna sin haber ganado las elecciones y apoyado por los herederos de ETA, que hace unos años mataban a antiguos compañeros de su partido y que ahora están siendo liberados en el País Vasco”, ha afirmado. “Y eso sin contar el despropósito de la financiación autonómica, con la que quiere privilegiar a sus socios independentistas catalanes. Obligarnos a asumir esta regularización de inmigrantes ilegales de forma precipitada, descontrolada y generando problemas en todas las ciudades me parece un despropósito”. Por todo ello, ha anunciado que estudiarán todas las medidas legales para que esto no se quede aquí y para que el Gobierno asuma su obligación legal de dotar económicamente a las instituciones a las que encarga estas competencias.
Asimismo, ha rechazado cualquier comparación con el coste de las actuaciones de la Policía Nacional o la Guardia Civil en la ciudad. “Que no se le ocurra comparar esto con que no nos pasan la factura de la Policía o la Guardia Civil cuando realizan una intervención en Zaragoza, porque sería demostrar un desconocimiento absoluto de las obligaciones del Estado español. Su obligación es atender en todo el territorio nacional. Solo faltaba tener que pedir permiso y pagar por ello”, ha señalado.
Con respecto a los gastos que supondrá la gestión del proceso, la alcaldesa de Zaragoza ha reconocido que no tienen ese dato todavía porque “hasta el 30 de junio no conoceremos la cifra exacta”. Sin embargo, sostiene que no se trata solo de los gastos, sino del respeto institucional y de respeto a la ley. “El Gobierno está menospreciando a las entidades locales, generando desigualdad entre españoles, privilegiando a unos frente a otros y, además, imponiendo por decreto ley un proceso sin dotación económica”, ha denunciado.
También ha criticado la forma de proceder del Ejecutivo central al no proporcionar información suficiente cuando implica a otras instituciones y ha puesto como ejemplo al presidente de Canarias con el barco del hantavirus. “Desde la FEMP hemos pedido reuniones hasta en diez ocasiones a la ministra de Hacienda y no hemos obtenido respuesta. En una reunión que mantuvimos antes de iniciar este proceso ni siquiera se trató este asunto y se dejó fuera del orden del día”, ha relatado.
A estas alturas de su queja, Chueca ha concluido que “así no se puede gobernar un país” y ha mostrado su esperanza en que se convoquen elecciones “y que los españoles puedan hablar libremente en las urnas, porque esto no es de recibo y así no vamos bien”.
Ante la avalancha “impuesta” por el gobierno -según la alcaldesa-, que provocó largas filas a las puertas del Ayuntamiento hasta que la presión ciudadana y de los propios funcionarios municipales obligó al equipo de Gobierno del PP a ampliar las sedes donde tramitar los informes de vulnerabilidad , Chueca ha asegurado que el Consistorio tardó “dos o tres días” en organizarse y que ya se han puesto en marcha medios y recursos extraordinarios, como horas extra y atención por las tardes, pese a la “falta de planificación”. A continuación, ha afirmado que “yo cumplo con mi obligación institucional y con la ley, porque no se puede actuar como el Gobierno de España, utilizando a las personas más vulnerables y a los inmigrantes a los que dejan abandonados cuando vienen a buscar un lugar mejor donde vivir. Nosotros no somos así y buscamos una solución”, ha manifestado.
Tras la implicación de numerosas asociaciones y trabajadores sociales, la alcaldesa se ha apuntado el tanto y ha asegurado que “todo se está gestionando con normalidad”, aunque ha admitido que “habrá personas que se queden fuera porque no cumplirán las garantías jurídicas exigidas”. Aun así, ha insistido en que “no hay ningún asunto que preocupe especialmente al Ayuntamiento”.
Primer balance del proceso
Scarleth Castillo ha relatado que las entidades no solo informan, sino que en muchos casos tramitan directamente las solicitudes y acompañan a personas mayores, con escasos conocimientos digitales o con dificultades idiomáticas. En Aragón participan cerca de 18 entidades en el proceso de regularización, coordinadas además con organizaciones de otros territorios y equipos de abogados especializados para los expedientes más complejos.
Entre las principales dificultades detectadas figuran el acceso a la cita previa y la obtención de documentación desde los países de origen, como Nicaragua, donde la obtención de certificados y antecedentes penales sigue siendo lenta y compleja. Muchas personas mayores o con escasa alfabetización digital dependen de familiares, intermediarios o profesionales para completar el trámite. Por nacionalidades, registran muchas solicitudes de venezolanos, además de marroquíes, hondureños, nicaragüenses y migrantes de África.
Por su parte, Carlos Vela, adjunto territorial de ACCEM en Aragón y Navarra, ha descartado que haya existido un volumen excesivo que haya desbordado a la entidad, además de que ya estaban preparados para asumir la tarea. “No ha sido ningún exceso”, ha reiterado.
Cuando lleguen las resoluciones, se verá si se necesita una revisión exhaustiva, pero recuerda que no todos necesitan certificado de vulnerabilidad, aunque se ponga el foco en este trámite. La entidad ha dado prioridad a los solicitantes de asilo mayoritariamente no necesitan certificado de vulnerabilidad. Tenemos identificados los perfiles y la situación individual de las familias.
En los primeros días ya se han atendido unas 200.000 solicitudes en toda España, sin que existan datos territorializados, aunque el Gobierno admite que todavía no existe una cifra consolidada de expedientes completos.
Fernando Beltrán ha indicado que algunas resoluciones provisionales ya han comenzado a emitirse en otros territorios, aunque en Aragón todavía no se ha comunicado ninguna favorable.
El delegado también ha explicado que el Gobierno ha reforzado el dispositivo de atención mediante oficinas de extranjería, oficinas de Correos y dependencias de la Seguridad Social, con capacidad prevista para hasta 750.000 atenciones, aunque se estima una demanda final de unas 500.000 solicitudes.
Fernando Beltrán ha calificado la iniciativa como “un proceso beneficioso” y ha defendido que permitirá regularizar a unas 500.000 personas que “ya están trabajando y viviendo en el país”. Se trata de personas “asentadas en nuestras poblaciones y territorios” que buscan “tener una vida digna”. Además, ha recordado el impacto económico de la última regularización en España, tras la que cada persona regularizada aportó alrededor de 4.400 euros anuales a las arcas públicas, reforzando la Seguridad Social y el sistema de pensiones. Además, ha vinculado la medida con la lucha contra la explotación laboral. Como ejemplo, citó una reciente operación en Castellón en la que fueron liberadas unas 80 personas pakistaníes, nepalíes y subsaharianas que vivían “en un régimen de esclavitud laboral”.