ZeC solicita que “no quede en manos de las empresas” elegir los inquilinos de las viviendas promovidas con dinero público
Zaragoza en Común va a proponer en el próximo pleno municipal la creación de una “oficina pública de gestión de las viviendas de alquiler asequible, en colaboración con el gobierno de Aragón, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos de los inquilinos/as y que la adjudicación de esas viviendas se haga de manera justa y transparente”. Lo hace tras pedir que la futura adjudicación de las 1.500 viviendas promovidas con recursos municipales y autonómicos se realice “mediante un sistema público y transparente, en lugar de que la selección de los inquilinos quede también en manos de estas empresas encargadas de la construcción de las viviendas. Este registro permitirá conocer la realidad de la demanda de viviendas en la ciudad para hacer políticas públicas acorde a las necesidades de la ciudadanía”.
La propuesta, presentada hoy por el consejero de Zaragoza en Común en Zaragoza Vivienda, Teófilo Martín y el concejal Suso Domínguez, consiste en poner en marcha un modelo mejorado del TOC-TOC, que facilite la información y el acompañamiento a los y las vecinas en los trámites para que todas puedan optar con las mismas oportunidades, independientemente de su destreza con las herramientas digitales o conocimiento de los trámites administrativos. Consideran que esta oficina sería también “una oportunidad para revisar la lista de más de 9.000 personas apuntadas en Zaragoza Vivienda para el acceso a una vivienda social. Así como toda la información relativa a la compra de viviendas de VPO”, exponen en una nota de prensa.
El concejal de ZeC, Suso Domínguez, asegura que la ciudad atraviesa una “emergencia habitacional”: “El precio del alquiler se ha disparado hasta el punto de que resulta casi un milagro encontrar un piso en cualquier barrio de Zaragoza por menos de 650 euros”.
Domínguez explica que la vivienda es en Zaragoza “un negocio lucrativo donde han entrado los fondos de inversión con mucha fuerza, comprando viviendas en muchas ocasiones habitadas por inquilinos, convirtiéndolos en alquiler por habitaciones o simplemente para alquilarlas a un mayor precio, lo que acaba expulsando a los vecinos y vecinas del barrio donde han vivido toda la vida”.
Exponen que esta situación “se agrava en el casco histórico, donde fondos están invirtiendo masivamente, convirtiendo viviendas en alojamientos turísticos que han aumentado en un 300% y desplazando a vecinos y vecinas de toda la vida”. Zaragoza en Común ha denunciado la “pasividad y la connivencia” del gobierno de Natalia Chueca con una lógica de mercado, concibiendo la vivienda “como un negocio y no como un derecho”. “El gobierno de Natalia Chueca ha sido un colaborador necesario en esta crisis”, ha denunciado el concejal de Zaragoza en Común, Suso Domínguez. El edil ha denunciado que el PP “ha paralizado la construcción de vivienda social, ya que no se ha construido ni una sola vivienda social desde su entrada en el gobierno”.
Además, se ha cancelado el programa “Alegra tu vivienda”, cerrado la Oficina de Mediación Hipotecaria y del Alquiler también y las oficinas del consumidor en materia de vivienda. Tampoco este gobierno ha querido hacer efectiva la posibilidad de gravar las viviendas de grandes tenedores desocupadas con un recargo del IBI. Desde la formación han criticado que el Ayuntamiento haya renunciado a solicitar la declaración de zonas tensionadas que posibilita a nueva Ley de Vivienda. “Frente a esta situación, desde Zaragoza en Común han reclamado una política pública de vivienda que esté al servicio de las personas, y no del negocio privado. Porque ni las flores, ni las luces, ni la garnacha pueden ocultar la emergencia habitacional que vivimos en Zaragoza”, ha señalado Domínguez.
Respuesta del PP
El Gobierno de Zaragoza ha respondido a Domínguez en un comunicado difundido a los medios. Considera tan “sorprendente como inverosímil” que la formación “se atreva a criticar a un Gobierno municipal que lleva trabajando desde el primer día del mandato de la alcaldesa para tener en estos momentos la mayor inversión de la historia de la ciudad en construcción de vivienda asequible en Zaragoza (2.200 en proceso de construcción) y la mayor captación e inversión de fondos para rehabilitación y accesibilidad de viviendas particulares y edificios (30 millones de euros)”.
Ha acusado a ZeC de no lograr durante su mandato “dejar terminada ni una sola vivienda nueva en la ciudad” y de defender “los derechos de la ocupación ilegal con la degradación de la seguridad y la convivencia vecinal que conlleva, y que apoya leyes o medidas de ámbito estatal que perjudican a los ciudadanos”. Concluyen exponiendo que se ha requerido al Gobierno central un apoyo “real y efectivo a los municipios, retirar medidas ideológicas de las políticas de vivienda y fomentar una legislación que sea ágil, práctica y defienda a los ciudadanos”.