El Ayuntamiento de Zaragoza ha anunciado esta misma semana que llevará a la Comisión de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda dos modificaciones parciales del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) con el objeto de que los desarrollos urbanísticos reporten a las arcas municipales más de 67 millones de euros. Sin embargo, desde Zaragoza en Común (Zec) aseguran que en este tipo de operaciones “favorecen el negocio y la especulación, incrementando la burbuja inmobiliaria y el aumento de los precios”. Exponen que, de los 20,34 millones de ingresos por venta de suelo de este año, sólo 4,4 millones están reservados para vivienda protegida y el resto, 16 millones, para vivienda libre, incluyendo chalets en Montecanal.
Teófilo Martín, consejero de la formación en Zaragoza Vivienda, ha explicado que si se vende el suelo público “nos quedamos sin la materia prima necesaria para hacer vivienda, uno de los principios fundamentales es que no se venda suelo público, ni siquiera para hacer vivienda de protección oficial porque nos quedamos sin la posibilidad para siempre de desarrollar una política de vivienda. En principio ningún suelo público tiene que ser vendido y debe utilizarse para hacer vivienda de alquiler asequible o social”.
Martín y Suso Domínguez, concejal de Zaragoza en Común, han señalado también que estos más de 20 millones ingresos obtenidos por la venta de suelo “no se han visto reflejados en el necesario aumento del presupuesto en materia de vivienda. El presupuesto de Zaragoza Vivienda apenas se ha incrementado en menos de cuatro millones respecto al año anterior, a pesar de la grave situación en materia de acceso a la vivienda que sufre la ciudad, que cuenta con una lista de espera de más de 10.000 personas para acceder a una vivienda. ”Con los actuales precios de alquiler cada vez más personas y familias se ven abocadas a vivir en infraviviendas o a compartir habitaciones“, ha apuntado Domínguez.
El edil ha criticado que en todos estos años de gobierno del PP no se haya construido ni una sola vivienda destinada a aumentar el parque municipal de vivienda social y el desmantelamiento del programa Alegra tu vivienda. Además, se han recortado las viviendas sociales que se incorporaban a través de este programa de captación de la vivienda vacía y en el presupuesto de 2025 tampoco se contempla.
La formación ha criticado que este gobierno también ha desaprovechado la oportunidad de incorporar viviendas VPO, que tienen un precio máximo tanto de venta como arrendamiento, al parque público municipal. Esto se realiza a través del uso del derecho de tanteo y retracto de las viviendas de protección oficial que, tras cumplir el plazo establecido por la norma actualmente 30 años, si no se adquieren por la administración pública, pasan a poder tener un precio libre. “Estamos hablando de casi 150 viviendas desde el año 2019, que podrían haberse incorporado al parque público municipal. Si todas las viviendas de protección oficial construidas hubiesen pasado a formar parte del parque de vivienda público tendríamos el mayor parque de vivienda público de Europa”, ha apuntado el edil.
Ha criticado también la propuesta del Gobierno de Aragón de reducir a diez años el periodo para vender las VPO, “lo que va en contra de las políticas encaminadas a contener el precio de la vivienda”. Así que, a pesar de ceder terreno público, “las ganancias para los inversores serán las mismas o mayores que otros arrendadores y solo se garantiza el alquiler asequible en los próximos 30 años, de los 75 años que dura la cesión de superficie. De nuevo, la selección de inquilinos y la gestión de los alquileres queda en manos de las empresas. Por ello, podemos decir que la fórmula de alquiler asequible del PP solo es rentable para los promotores, a los que además de regalarles el suelo les hacemos llegar fondos públicos”, ha explicado Suso Domínguez.
Medidas
Desde Zaragoza en Común defienden que existen medidas que se han comprobado “eficaces” para afrontar esta grave crisis de vivienda. Se trata de frenar la concepción de que la vivienda “sea un bien de inversión en lugar de un derecho”. Las medidas son la elaboración de un censo de vivienda vacía, el gravamen de las viviendas sin uso para movilizar la vivienda vacía, limitaciones a las viviendas de uso turístico, la aplicación de la ley de vivienda, impulso de la creación de zonas tensionadas y el control de precios.
Asimismo, la formación ha anunciado la presentación de un paquete de enmiendas de inversión en vivienda, ampliando decididamente el presupuesto de Zaragoza Vivienda para la construcción de vivienda pública de alquiler social, la recuperación del programa de captación de vivienda vacía para alquiler social y la creación de oficinas de vivienda en los barrios.
“La alcaldesa vende y cede el suelo público de todas sin lograr aumentar el parque público de viviendas, aquel que realmente puede bajar los precios de los alquileres. Ahoga a la empresa municipal que fomenta la vivienda pública en Zaragoza, que sigue infradotada. Este Ayuntamiento, junto al Gobierno de Aragón, nos retira también nuestro espacio dedicado a equipamientos, y no hace lo suficiente para lograr que las viviendas vacías se pongan al servicio de la sociedad”, ha concluido Domínguez.