Diez años del crimen machista en un punto de encuentro de Zaragoza: “Es un despropósito, seguimos sin importar”
En julio de 2016 Alexandra Rodica fue asesinada a las puertas de un punto de encuentro de Zaragoza. Su caso conmocionó a entidades y usuarias de estos centros, puesto que puso de relevancia fallos en los protocolos de seguridad de unos lugares en los que se supervisan y evalúan las reuniones de los progenitores con sus hijos en casos de conflicto o, en muchas ocasiones, tras ser víctimas de violencia de género. Era el caso de Alexandra, había denunciado a su expareja por maltrato y el hombre tenía vigente una orden que le prohibía acercarse a ella a menos de 200 metros y comunicarse con ella.
Según el procedimiento establecido, la entrega del menor se debía hacer en el punto de encuentro de Conde Aranda. Allí, él tenía que llegar 15 minutos antes, subir y esperar en la sala. Luego llegaría Alexandra con el menor, lo dejaría y se marcharía sin tener que ver a su expareja. Sin embargo, ese día esperó en el portal del propio punto de encuentro y, cuando ella entró, la asesinó delante de su hijo, tal y como recoge la sentencia en la que el jurado lo consideró culpable de asesinato. Este caso puso en entredicho la seguridad de las mujeres y sus hijos en estos puntos y la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Aragón anunció medidas, pero, diez años después, “no ha habido ningún cambio”, según explica Natalia Morlás, presidenta de la asociación de supervivientes de violencia machista Somos Más.
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, de abril de 2019, confirmó la condena de 20 años y un día de prisión por asesinato con las agravantes de parentesco y de violencia de género. El tribunal se limitó a juzgar al agresor: no analiza la seguridad del servicio ni la actuación del personal. Sí recoge, como hechos probados, que el hombre esperó en el portal en lugar de subir al centro, como exigían sus normas, y que una empleada abrió la puerta a la madre y al niño a través del telefonillo.
Los puntos de encuentro familiar son recursos sociales a los que se accede por resolución judicial o administrativa para facilitar las entregas y recogidas de menores, así como las visitas entre hijos y progenitores cuando existen conflictos familiares que dificultan el contacto. En Aragón están regulados por un decreto que establece entre sus objetivos garantizar la seguridad y el bienestar de los niños y prevenir situaciones de violencia en los regímenes de visitas conflictivos. La norma distingue entre las entregas y recogidas –en las que el personal supervisa el inicio y el final y registra las incidencias– y las visitas supervisadas, durante las cuales un profesional debe ejercer una supervisión continua. También contempla medidas específicas en los casos de violencia de género para salvaguardar la seguridad de las víctimas y de los menores, y atribuye a la Administración funciones de inspección y control.
Los centros de Zaragoza están gestionados por la Asociación de Puntos de Encuentro Familiar de Aragón (APEFA), mediante un concierto con el Gobierno autonómico. Las condiciones del concierto para el periodo 2023-2026 incluyen requisitos de seguridad, formación especializada del personal, mecanismos de reclamación y seguimiento administrativo. También contemplan la elaboración, por parte del Gobierno de Aragón, de un protocolo específico para los casos de violencia de género que, por el momento, no se ha publicado.
Aunque la legislación prohíbe expresamente la mediación familiar en los casos de violencia machista y limita la función de estos centros a la supervisión de las visitas, Morlás sostiene que la propia dinámica de los PEF aboca a las mujeres víctimas a exponerse ante los maltratadores. “Es una sensación general, las chicas tienen miedo, hay muchas que están en procesos aún judicializados, con hijos pequeños, nos aprietan mucho en los juzgados”, explica Morlás. Asegura que estos centros son “como cárceles para niños y madres” y critica que se utilicen para casos de violencia machista cuando “no se crearon para eso, sino para disensos en matrimonios que se deshacían sin violencia”. Su postura es clara: “No cabe mediación cuando ha habido violencia, no tiene que haber ningún sitio en el que se medie entre un maltratador y la madre, un maltratador no tiene que tener derecho a ver a las criaturas. Es un despropósito que condenados por violencia puedan ver a sus hijos, esto existe porque nosotras y nuestras criaturas seguimos sin importar. Los daños colaterales de tener que acudir a estos sitios los arrastramos toda la vida, vives en un estado de alerta constante”.
La abogada Gemma Ruiz también cuestiona que, en casos de violencia machista, se priorice mantener la relación entre los menores y el progenitor denunciado o agresor “sin valorar suficientemente los riesgos”: “Demasiados magistrados y magistradas ponen por delante intentar mantener la relación entre el menor y el agresor”, sostiene. A su juicio, esa decisión puede dejar en segundo plano otras formas de violencia y las consecuencias que el contacto puede tener para los niños.
Ruiz achaca a la falta de perspectiva de género estas decisiones, así como el funcionamiento de los propios puntos de encuentro. Confirma las quejas de las madres: “Emiten informes que vienen a dar más credibilidad a la postura del padre y supuesto agresor que a la madre”. La abogada vincula estas deficiencias con la precariedad y la falta de personal, y advierte de que no siempre se valora adecuadamente el riesgo de que la violencia continúe durante las visitas.
Informes del Justicia y quejas de las víctimas
El informe especial del Justicia de Aragón de 2019 recogió las advertencias de la Asesoría Jurídica de la Casa de la Mujer de Zaragoza sobre la supervisión de las visitas, la seguridad y las dificultades para reflejar determinadas situaciones. El Servicio de Igualdad municipal del Ayuntamiento de Zaragoza consideraba que la coordinación con los puntos de encuentro era “manifiestamente mejorable”. También trasladó que muchas mujeres se sentían “juzgadas” y “cuestionadas”.
El informe de 2024 volvió a mencionar “varias quejas” sobre el funcionamiento de estos servicios. El Justicia distingue entre las reclamaciones que cuestionan resoluciones judiciales, sobre las que no puede intervenir, y las que denuncian posibles irregularidades administrativas. Entre estas últimas admitió una sobre una presunta vulneración de la protección de datos de menores en un punto de encuentro. La Agencia Española de Protección de Datos investigó el caso, pero concluyó que no había quedado acreditado el motivo para abrir un expediente sancionador.
En ese mismo informe, la asociación Somos Más, que trabaja con mujeres supervivientes de la violencia machista, denunció la “falta de formación específica” para atender estos casos, la “subjetividad” que atribuía a los informes y las “dificultades para presentar quejas”. La entidad reclamaba una “mayor especialización”, mejoras en la seguridad de las instalaciones y mecanismos que permitieran a las usuarias acceder a los informes y cuestionar su contenido. El Justicia planteó mejoras en la seguridad de las instalaciones, la coordinación institucional y los mecanismos de reclamación, además de una mayor especialización para atender los casos de violencia de género.
Su presidenta, Natalia Morlas, asegura que los problemas que entonces denunciaban las usuarias no han desaparecido. Morlas habla tanto de su propia experiencia como de los testimonios que ha conocido a través de la asociación, y cuestiona especialmente la forma en que los profesionales describen las visitas y las reacciones de los menores. La presidenta de Somos Más sostiene que los informes pueden ofrecer una imagen muy distinta de la que las madres dicen observar. En su caso, asegura que los documentos describían a su hija feliz durante las visitas con el padre, mientras que la niña le manifestaba que apenas hablaba con él. También relata que tuvo que reclamar cuando, según su versión, la menor fue “arrancada de mis brazos para llevarla a la sala”: “Me hacían unos informes desastrosos”, afirma.
Morlas vuelve a cuestionar la supervisión de las visitas y reclama que se instalen cámaras en los centros. Según explica, las madres que participan en la asociación han pedido esta medida para poder aclarar posibles discrepancias sobre lo sucedido durante los encuentros. La normativa autonómica exige supervisión profesional en las visitas tuteladas, pero las condiciones del concierto vigente no establecen de forma general la instalación de cámaras de videovigilancia en las salas.
Otra madre que lleva tres años acudiendo al centro, describe su experiencia como “una nueva condena”. “Cuando llegas piensas que te van a defender, que te van a cuidar”, explica. Sin embargo, asegura que ha tenido que llevar a sus hijos a las visitas pese a que la niña decía tener miedo de su padre y el niño presentaba moratones que, según afirma, le había causado él. “Mi hija ha ido llorando y mi hijo con moratones, con denuncia y hasta pasó una noche en el calabozo”, relata. Sostiene que los técnicos obligaron a los menores a entrar y que estas situaciones nunca quedaron reflejadas en los informes: “Jamás han puesto que a mis hijos les da miedo su padre aunque ellos lo han dicho delante de los técnicos”.
“Los informes son de risa, mintiendo, ocultando información”, afirma. Ahora sus hijos se niegan a acudir al punto de encuentro, pero ella sigue llevándolos por miedo a que la denuncien por incumplir el régimen de visitas. “Yo los llevo porque sé que, si no, me denuncian”, explica. “Se supone que estás protegido, pero es mentira. No hay protección, ni prevención ni hay nada”.
Lo mismo pide Maribel –nombre ficticio–, una mujer cuya hija y nieta acuden al punto de encuentro familiar de Calatayud. Asegura que la familia de la expareja de su hija les ha increpado en numerosas ocasiones en el PEF y que en los informes “ponían lo contrario, que éramos nosotros”. La mujer asegura que ha podido observar cómo las visitas no están supervisadas, reclama más mecanismos de control y cuestiona la oposición a instalar cámaras: “Claro que no quieren cámaras, no quieren testigos”, afirma.
Este diario ha trasladado sus preguntas a APEFA, la entidad que gestiona ambos centros, que remitió la solicitud al Gobierno de Aragón. El Departamento de Bienestar Social y Familia no ha respondido a las preguntas específicas sobre los protocolos de supervisión, la elaboración de los informes y los mecanismos de control.