Los educadores sociales defienden la paga a menores extranjeros tutelados en Aragón: “Es una herramienta pedagógica”
“Estas cantidades no constituyen una ayuda asistencial ni un privilegio. Su función es eminentemente educativa”. Con este argumento, el Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Aragón (CEES Aragón) ha cuestionado la decisión del Gobierno de Aragón de retirar la asignación semanal de 17 euros a los menores extranjeros no acompañados tutelados. En un comunicado, la entidad defiende que el dinero de bolsillo forma parte de la intervención socioeducativa que se desarrolla en los centros de protección y permite trabajar aspectos como la gestión responsable del dinero, la planificación, la toma de decisiones o la adquisición de hábitos de consumo: “Es una herramienta pedagógica”.
Suprimirlo, añaden, “dificulta la consecución de objetivos educativos y limita las herramientas con las que cuentan los profesionales para desarrollar su labor”. Además, advierten que reducir las asignaciones a una cuestión económica supone “desconocer el trabajo técnico y educativo que se realiza a diario en los recursos residenciales” y que dificulta los procesos de inclusión y autonomía de los menores.
El CEES Aragón también cuestiona que una decisión de este alcance se haya adoptado “sin escuchar a los profesionales especializados” en infancia y adolescencia y reclama que las políticas públicas dirigidas a estos menores se apoyen en criterios educativos y de protección de derechos. Por ello, pide al Gobierno de Aragón que reconsidere la medida, abra un espacio de diálogo con el sector y garantice que las actuaciones dirigidas a la infancia vulnerable respondan a criterios técnicos y no comprometan sus procesos de integración y emancipación.
UGT Servicios Públicos Aragón coincide en rechazar la medida y considera que retirar la asignación únicamente a los menores extranjeros introduce “una discriminación por origen y nacionalidad” entre jóvenes que se encuentran bajo la misma tutela pública. El sindicato insiste en que el dinero de bolsillo “no es una propina”, sino una herramienta que permite a los adolescentes cubrir pequeños gastos cotidianos, ganar autonomía y avanzar en su inclusión social y educativa. A su juicio, eliminar esta asignación “genera menores de primera y de segunda categoría” y estigmatiza a un colectivo especialmente vulnerable.
Además, UGT rechaza el principal argumento utilizado por la Consejería para justificar la decisión. Si el Gobierno sostiene que eliminar el dinero de bolsillo contribuirá a reducir la violencia en los centros, el sindicato responde que el problema no está en los 17 euros semanales, sino en la falta crónica de personal y en unas ratios de educadores que considera insuficientes. Por ello, reclama reforzar las plantillas, mejorar las condiciones laborales y aumentar los recursos destinados al sistema de protección de menores, al entender que solo así podrán garantizarse tanto la seguridad de los trabajadores como una atención educativa adecuada.
La explicación del Gobierno
La Consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia ha precisado que la retirada de la asignación no se aplicará a todos los menores extranjeros no acompañados, sino únicamente a los Centros de Atención Inmediata a la Infancia Migrante (CAIIM) y los Centros de Atención Temporal a la Infancia Migrante (CATIM) de Peralta de Alcofea, Torrero y Movera.
El departamento asegura que recibe de forma constante partes de incidencias de estos centros y afirma disponer de informes que reflejan un elevado número de “asaltos, reyertas, robos y delincuencia”. Según sostiene, la circulación de dinero en efectivo incrementa las agresiones y los robos entre los propios menores y pone en riesgo tanto a los trabajadores como a los residentes. Por ese motivo, defiende que la nueva instrucción elimina las pagas en estos recursos y niega que el criterio sea la nacionalidad. “El motivo no es que sean extranjeros, sino que esos son los centros donde la violencia está más extendida”, sostiene la Consejería, que añade que la medida cuenta con el visto bueno de los servicios jurídicos y forma parte del endurecimiento del régimen interno previsto en el pacto de gobierno entre PP y Vox.
La decisión ha abierto varios frentes para el Gobierno de Aragón y también para el Partido Popular, al que la oposición reclama que se pronuncie sobre la iniciativa impulsada por su socio de gobierno. En los últimos días, el Ministerio de Juventud llevó el caso ante la Fiscalía, el Justicia de Aragón ha abierto un expediente de oficio, Amnistía Internacional ha pedido a Jorge Azcón que revoque la medida por considerarla “discriminatoria” y el PSOE ha solicitado las comparecencias de Nolasco, la gerente del IASS y el director general de Desregulación en las Cortes.
Además, la Orden y los conciertos vigentes incluyen expresamente el dinero de bolsillo entre las prestaciones financiadas por la Administración y que las entidades recibieron instrucciones para dejar de abonarlo con efecto inmediato antes de que se modificaran esos conciertos.