'Tocilandia' pierde adeptos en Aragón. Y va sumando críticos. Sabiñánigo limitará la instalación de macrogranjas de porcino en su término municipal para evitar su elevado impacto ecológico y sus efectos en la economía local, en una iniciativa que va a obligar a uno de los principales defensores y promotores de la ganadería industrial, como es el propio Gobierno de Aragón, a pronunciarse a través del Inaga (Instituto Aragonés de Garantía Ambiental) sobre ese planteamiento.
La propuesta del ayuntamiento serrablés, cuyo pleno aprobó hace dos años una moratoria para la ubicación de ese tipo de instalaciones, y la eventual necesidad de someterla a un procedimiento de evaluación ambiental se encuentra en periodo de información pública hasta el 24 de febrero en el Inaga, cuyos responsables deberán pronunciarse después sobre la procedencia de la iniciativa y de su supervisión.
La propuesta consiste en añadir al PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) vigente desde 2006 esta anotación: “Quedará prohibido en todo el término municipal la implantación de nuevas pequeñas explotaciones, explotaciones industriales o instalaciones industriales de guarda de animales destinadas al ganado porcino”.
Concretamente, la nueva redacción limita a “como máximo a 360 UGM” la capacidad de las nuevas granjas, lo que tiene una equivalencia de 3.000 cerdos de cebo o 375 madres; prohíbe ubicarlas tanto a menos de 1.500 metros del “límite del suelo urbano de los núcleos de población” como en terrenos incluidos en Zepas (Zona Especial de Protección de Aves), LIC (Lugar de Interés Comunitario) o la parte del municipio integrada en el Parque Natural de Guara y, por último, proscribe “en todo el término municipal las nuevas instalaciones de guarda de animales para ganado porcino”.
Cuatro razones para oponerse a las macrogranjas
El Ayuntamiento ha tenido especialmente en cuenta que durante el periodo inicial de exposición pública de la propuesta recibió ocho alegaciones, una de ellas con “28 escritos suscritos por varios ciudadanos”, de las que se desprende “un especial interés de los ganaderos de la localidad, en mantener las explotaciones 'familiares''' de ganadería porcina, que permitan un adecuado desarrollo de la actividad a nivel local”.
En este sentido, la documentación remitida al Inaga señala que “no se puede hablar del uso porcino como característico del término municipal por cuanto no resulta un sector estructural de la economía municipal” mientras que, por el contrario, “la instalación de granjas industriales podría conllevar un efecto llamada para nuevas explotaciones industriales de porcino dentro del término municipal”, algo que el consistorio “pretende impedir” básicamente por cuatro razones.
La primera de ellas sería “por no resultar coherente con el desarrollo del municipio”, a la que se suman “el perjuicio” que la instalación de macrogranjas “pudiera conllevar al medio ambiente, al paisaje en lo que se refiere a los pequeños núcleos habitados y a los vecinos de las pequeñas poblaciones que serían los principales afectados”.
Con todo, el Ayuntamiento considera que “la prohibición expresa e íntegra de nuevas explotaciones e instalaciones podría suponer un perjuicio para el desarrollo socioeconómico local”, por lo que optan por una limitación “acorde con el modelo de ocupación del territorio y la realidad socioeconómica y ambiental del término municipal de Sabiñánigo”-
Diez LIC, tres Zepa y un parque natural
Sabiñánigo cuenta con 52 núcleos habitados y 21 desiertos en sus 586 kilómetros cuadrados de término, en el que, además de estar atravesado por diez vías pecuarias y de contar con un área en el Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara, hay superficies incluidas en diez LIC y tres ZEPA.
Mientras la cabecera del municipio concentraba los servicios y el desarrollo industrial, el crecimiento de los núcleos se ha venido basando en tres patas: “el sector agro-ganadero (sin existir instalaciones de porcino de relevancia), pequeñas empresas locales de servicios y establecimiento turísticos de pequeña dimensión”, explica el documento remitido al Inaga, que anota que, aunque “no podemos hablar del uso de porcino como característico” con solo dos cuadras, “sin embargo si cuenta con importantes explotaciones ovinas o bovinas de carácter extensivo”.
Sin embargo, el estudio desliza el temor a que, como está ocurriendo en otras zonas de la comunidad, “la instalación de grandes mataderos” como los de Zuera, Ejea y Binéfar “podría conllevar un efecto llamada para nuevas explotaciones industriales de porcino (…) que la presente modificación pretende impedir por no resultar coherente con el desarrollo del municipio”.
Riesgo para el turismo rural
La documentación en la que debe basarse la decisión sobre la necesidad de una evaluación ambiental para la limitación del porcino, que señala como positivos todos los eventuales impactos de una decisión de ese tipo, solo ve pegas y riesgos de desequilibrio a una autorización de las macrogranjas.
En este sentido, el dictamen advierte de que su instalación “dañaría de forma irreparable” las “actividades económicas que se desarrollan en los núcleos rurales, especialmente los establecimientos turísticos”, además de suponer “un perjuicio para los habitantes de los núcleos rurales no habituados a convivir con dichas explotaciones industriales porcinas”.
Paralelamente, llama la atención sobre el hecho de que “el desarrollo de la ganadería porcina estabulada en las comarcas de media montaña, apartadas de los mataderos y de los lugares de consumo y de las fábricas de pienso, posee unos mayores costos comparativos de transporte”, lo que a corto plazo “fomenta una mentalidad de primar la cantidad en detrimento de la calidad, lo contrario de lo que exige el desarrollo sostenible, indispensable para el futuro de la comarca del Alto Gállego como del propio municipio de Sabiñánigo”.
“Se considera conveniente fomentar los productos basados en la agricultura biológica y en la ganadería extensiva”, añade el estudio, que asegura que “una promoción inteligente y responsable de la ganadería extensiva de calidad será, a la larga, mucho más beneficiosa desde un punto de vista económico y social para todo el municipio”.
La vocación por la ganadería extensiva
El acuerdo para la moratoria ya hacía referencia a “la descontrolada expansión de la industria española del porcino, sus graves impactos ambientales y sociales, principalmente en Cataluña y Aragón, que acogen casi la mitad de los cerdos del país, y sus efectos devastadores sobe las zonas rurales”, donde las macrogranjas están desplazando a las explotaciones familiares y a la ganadería extensiva.
Otros de los efectos apuntados en la resolución se centraba en los dominantes modelos de integración, que “relegan a ganaderos y ganaderas a un papal marginal, con una gran pérdida de empleo para el mundo rural, cada vez más despoblado”, a lo que se suma su dependencia de la demanda externa por los elevados niveles de exportación y, también, sus efectos en el territorio. “Este modelo de ganadería intensiva porcina no podría desarrollarse si la industria se hiciese responsable de los coste ambientales y sociales de su producción”, señalaba.
“Antes de permitir que las decisiones sobre el territorio, que a todos afectan, vengan condicionadas por los intereses privados estimamos necesarios abrir un debate sobre la incidencia y límites de estas instalaciones a fin de redactar una normativa específica que se incorpore a nuestro Plan General de Ordenación Urbana”, añadía el texto, que tenía en cuenta la “vocación existente entre la gran parte de los ganaderos de la zona por una ganadería extensiva en lugar de intensiva”.