Vecinos de Estopiñán buscan 15.000 euros para frenar cinco sondeos de manganeso: “No queremos una mina en casa”
En Estopiñán del Castillo, la discusión sobre el manganeso empieza en el grifo. Este verano, el exceso de nitratos obligó a restringir el consumo de agua de la red y el Ayuntamiento instaló un filtro en un punto público para que los vecinos pudieran abastecerse. Ahora, ante la perspectiva de cinco perforaciones de cien metros de profundidad junto al pueblo, Gerard Toledano señala que el acuífero se encuentra bajo la zona prevista para los trabajos. “Es un acuífero muy grande, es de donde bebemos”, dice el portavoz de la Plataforma para la Conservación Ambiental y Patrimonial de Estopiñán (PCAPE).
El permiso se llama Teresa I y el Gobierno de Aragón lo concedió en junio de 2025 para investigar la presencia de manganeso en siete cuadrículas mineras de Estopiñán del Castillo y Benabarre, en La Ribagorza. El proyecto prevé cinco perforaciones, cada una con una plataforma de 50 metros cuadrados para instalar la maquinaria, además de una campaña de ensayos geofísicos. En una respuesta a Chunta Aragonesista, el Ejecutivo de Jorge Azcón indicó que no le constaba el inicio de los sondeos y que una eventual explotación requeriría otro procedimiento con su propia evaluación ambiental.
La alcaldesa, María Carmen Aurora Benabarre Calvera, recuerda que la antigua mina cerró en los años sesenta y explica que las perforaciones servirían para averiguar si queda mineral en el subsuelo. “De momento no se ha hecho nada”, insiste, al mismo tiempo que sostiene que la autorización autonómica corresponde “a un procedimiento reglado” sobre que el Consistorio carece de capacidad de decisión. Si los trabajos pudieran perjudicar a la población, afirma, el Ayuntamiento “daría los pasos correspondientes” para protegerla.
“Se trata solamente de una investigación, solo son unos agujeros. Hace años aquí había una mina y se va a comprobar si sigue habiendo algo”, describe la regidora sobre el alcance de los trabajos. En el expediente, el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) distingue entre un sondeo previsto en un campo de secano, otro en una pequeña plataforma y tres situados sobre vegetación natural. Dos de estos últimos se proyectan en un hábitat de matorral de enebros y sabinas, por lo que el organismo exige delimitar la zona antes de perforar.
El papel del Ayuntamiento
El expediente recoge una intervención municipal concreta. La asesora urbanística del Ayuntamiento informó en abril de 2025 de que los trabajos proyectados afectan al monte de utilidad pública Dehesa y Comunes, de titularidad municipal, y señaló que debía obtenerse la autorización del órgano gestor del monte. El Inaga también exige, antes de iniciar la investigación, los permisos de los propietarios de los terrenos y accesos y el del Consistorio como propietario del monte.
Toledano asegura que el titular del permiso ha pedido una licencia de obras y que el Ayuntamiento sigue estudiándola. Para el portavoz de PCAPE, la concesión de esa licencia “marcaría un antes y un después”. Toledano explica que la plataforma presentó primero un recurso de alzada e intentó abrir diálogo con las administraciones locales. Afirma que el colectivo ha iniciado la vía contencioso-administrativa para paralizar las prospecciones. La presentación formal del recurso está pendiente de confirmación documental.
Para afrontar los gastos judiciales y los peritajes, la plataforma se ha fijado el objetivo de reunir 15.000 euros antes de fin de año. “No hemos llegado al 50 %”, explica Toledano, que sitúa en el verano el momento de mayor empuje de la campaña. En un pueblo que, según el portavoz, no llega a 150 habitantes, la discusión también pasa por el empleo. Toledano indica que “hay opiniones diversas” entre quienes ven una oportunidad económica y quienes teme sumar otra actividad extractiva cerca de un casco urbano “que ya convive con una cantera”.
“La gente no se quiere mojar”, asegura Toledano, quien señala a la incomodidad de discrepar en público con el Ayuntamiento en un pueblo pequeño. Además, señala que dentro del perímetro de investigación “hay viviendas habitadas” y sostiene que el proyecto requería de “un poco más de transparencia, diálogo, escuchar y hablar con todas las personas afectadas”.
El agua y los nitratos
Las restricciones por nitratos preceden al inicio de los sondeos. Toledano afirma que los problemas con el agua de la red persisten desde verano y considera “provisional” el filtro habilitado en el punto de suministro público. En septiembre, el Ayuntamiento anunció que había incluido en su presupuesto un equipo de ósmosis inversa para los depósitos municipales.
Los miembros de la plataforma “ponen el dedo en la llaga” y la calidad del agua se incorporó así a sus reivindicaciones. El portavoz cree que el filtro municipal alivió el problema inmediato y reclama a las administraciones autonómica y estatal una política para reducir la contaminación por nitratos, porque “esto no se corrige de la noche al día”.
El proyecto, además, prevé utilizar agua para lubricar la perforación y recircularla mediante balsas instaladas en las plataformas. El Inaga exige sellar los sondeos que alcancen el nivel freático para evitar que se comuniquen distintos niveles de acuífero entre sí o con las aguas superficiales. También prohíbe abrir accesos para maquinaria en zonas con vegetación natural y condiciona el inicio de cada perforación a la restauración de la anterior.
Por su parte, la alcaldesa confía los terrenos se restituyan y asegura que “no tiene por qué ocurrir nada” relacionado con dañar los acuíferos. La plataforma quiere que el debate sobre el futuro de la mina se abra antes de la primera perforación. “Nosotros nos proyectamos hacia el futuro, es decir, lo que no queremos es una mira en casa. Porque el primer paso para hacer una mina es hacer las prospecciones”, resume Toledano.