Prórroga larga de Carlos Lesmes y de la influencia del PP en el poder judicial

Estos días se están haciendo diferentes balances, muchos de ellos contradictorios, sobre la voladura -vía whatsapp de Ignacio Cosidó- del pacto PSOE-PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En realidad, quizás todos tengan algún punto de razón, y el balance conjunto sea más complementario que contradictorio.

El balance que hacen en el PSOE dice que el fiasco muestra de modo obsceno el sentido patrimonial que el Partido Popular tiene de la Justicia, así como la levedad del liderazgo de Pablo Casado y las intrigas internas que le acechan. El del PP pone el foco en que a Pedro Sánchez no le sale nada bien, es casi un gafe que no gobierna, y en que Casado ha sabido hacer de la necesidad virtud y ponerse a la cabeza de la manifestación para abogar por la independencia de la Justicia. En Podemos aún están preguntándose quién vetó y por qué a su candidata a miembro del CGPJ, la magistrada Victoria Rosell, y las respuestas van desde quien ve la mano negra muy cerca, cerquísima, a quien la ve en las antípodas ideológicas, sin descartar al mismísimo presidente del Gobierno. En Ciudadanos consideran que, al ser ellos los únicos que no entraron en el pasteleo previo de nombres y cargos, son ellos los ganadores morales y éticos del episodio. Y en el independentismo catalán, hay quien aún ve en el fracaso de la operación una conjura para que el presuntamente muy duro Manuel Marchena siga siendo el presidente del tribunal que juzgará el procés y no lo sea un magistrado más blando.

Balances políticos provisionales aparte, la enésima crisis de la Justicia ha tenido dos ganadores (o tres, como se verá más tarde), y de muy distinto signo. Uno de ellos es Marchena, que con su gesto de renunciar a esa posible presidencia del CGPJ y del Tribunal Supremo se ha sacudido en parte esa leyenda de los últimos años que le presentaba como un jurista cercano al PP y ha aumentado la que le describe como el magistrado del Supremo técnicamente mejor preparado e incluso el menos dado a hacer política con sus resoluciones.

Como se ha recordado estos días, Manuel Marchena ha tenido en sus manos en los últimos meses la carrera política de los líderes políticos de los principales partidos, y en ninguno de los casos, hasta ahora, “ha activado contra ellos el botón nuclear”.

En 2015 y 2016, la Sala de lo Penal del Supremo, que preside Marchena, archivó varias querellas contra Podemos y sus principales dirigentes, incluido Pablo Iglesias, por presunta financiación ilegal. En septiembre pasado, la Sala de Admisión del Supremo, la que decide si se investiga o no a un aforado y que Marchena preside en cuanto presidente de la Sala de lo Penal, rechazó investigar a Pablo Casado por su máster. También en septiembre último, Vox se querelló ante el Supremo contra Pedro Sánchez por su tesis doctoral, y es improbable que la Sala que dirige Marchena en el alto tribunal investigue al presidente del Gobierno, máxime cuando ya la Fiscalía ha dicho que no ve motivo. Como es también improbable que la Sala admita una querella por un presunto delito de odio presentada ante el Supremo contra Albert Rivera por sus actuaciones contra unos profesores catalanes tras el 1-O.

Con este “bagaje de prudencia y ejercicio de independencia” y recrecida su reputación técnica, hay en el mundo jurídico quien cree que Marchena será de nuevo algún día candidato a presidir el CGPJ y el Supremo, y con muchas posibilidades de éxito. Especialmente si se reforma el sistema de designación de los miembros del Consejo y son mayoría los que llegan a serlo por elección de los propios jueces y no de los políticos. Entre los jueces, el gesto de Marchena de renunciar ahora ha sido por lo general muy bien valorado.

El segundo ganador de la última crisis de la Justicia es Carlos Lesmes, todavía presidente del CGPJ y del Supremo y último responsable, por tanto, de algunas de las crisis inmediatamente anteriores, entre ellas la de la sentencia del impuesto de las hipotecas.

Lesmes llega estos días al final del mandato para el que inicialmente había sido elegido, pero la falta de acuerdo político para renovar e CGPJ va a darle una prórroga que no será corta. Roto el pacto PSOE-PP, es muy improbable que haya otro nuevo o una nueva fórmula para elegir al Consejo hasta bien pasadas las próximas elecciones generales. Y, tras los distintos globos sonda lanzados recientemente por el Gobierno y por el propio Sánchez, está aún poco claro si las generales serán el próximo año -en marzo, el 26 de mayo o en otoño- o incluso en los primeros meses de 2020.

Los muchos meses o incluso algún año que la última crisis de la Justicia le han regalado a Lesmes no van a ser minutos de la basura. El CGPJ tendrá que tomar en los próximos meses muchas decisiones relevantes, entre ellas renovar a varios jueces y magistrados del Supremo. Uno de ellos, el presidente de la sala Civil, Francisco Marín, que se jubila a principios de 2019. Si la prórroga se alarga, también les tocaría a Lesmes y a su Consejo decidir quién sustituye a otros presidentes de sala jubilables: Luis Díez-Picazo, el de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (el de las hipotecas), que se jubila en 2010, o incluso Ángel Calderón, el de la sala Militar, que lo hará en enero de 2021.

Así las cosas, al balance del PP tras la crisis de la Justicia hay que añadirle otro punto a su favor, y no es pequeño: el CGPJ y el presidente que pactaron un fuerte Mariano Rajoy y un débil Alfredo Pérez Rubalcaba en 2013, cuando el primero estaba en el Gobierno y tenía mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, seguirán decidiendo todo en la Justicia durante algún tiempo pese a que el PP mengua y ya no gobierna y el Parlamento está mucho más atomizado.

La jugada, a la postre, le ha salido bastante mejor a Pablo Casado, el tercer ganador de la crisis, que a Pedro Sánchez.

Estos días se están haciendo diferentes balances, muchos de ellos contradictorios, sobre la voladura -vía whatsapp de Ignacio Cosidó- del pacto PSOE-PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En realidad, quizás todos tengan algún punto de razón, y el balance conjunto sea más complementario que contradictorio.

El balance que hacen en el PSOE dice que el fiasco muestra de modo obsceno el sentido patrimonial que el Partido Popular tiene de la Justicia, así como la levedad del liderazgo de Pablo Casado y las intrigas internas que le acechan. El del PP pone el foco en que a Pedro Sánchez no le sale nada bien, es casi un gafe que no gobierna, y en que Casado ha sabido hacer de la necesidad virtud y ponerse a la cabeza de la manifestación para abogar por la independencia de la Justicia. En Podemos aún están preguntándose quién vetó y por qué a su candidata a miembro del CGPJ, la magistrada Victoria Rosell, y las respuestas van desde quien ve la mano negra muy cerca, cerquísima, a quien la ve en las antípodas ideológicas, sin descartar al mismísimo presidente del Gobierno. En Ciudadanos consideran que, al ser ellos los únicos que no entraron en el pasteleo previo de nombres y cargos, son ellos los ganadores morales y éticos del episodio. Y en el independentismo catalán, hay quien aún ve en el fracaso de la operación una conjura para que el presuntamente muy duro Manuel Marchena siga siendo el presidente del tribunal que juzgará el procés y no lo sea un magistrado más blando.