Accem, condenada en Asturias por despido improcedente entre quejas de precariedad

En junio de 2024, tras los despidos de dos trabajadoras, una cuarentena de empleados y empleadas de la organización Accem se congregaron frente a la sede que la entidad tiene en Xixón para protestar. Sus quejas: estos despidos no eran casualidad, sino un patrón común, un modus operandi común contra todo aquel empleado de la organización que decida abiertamente apoyar en la candidatura a un sindicato que no fuera el que apoya la dirección.

Tras casi dos años desde la demanda, una de las trabajadoras despedidas, Anay L.P, ha recibido una indemnización tras haberle reconocido la Justicia el despido como improcedente. Como explica la abogada que ha llevado el caso de la auxiliar de enfermería, Alma Pantiga, el juzgado ha dictaminado que la profesional fue víctima de un despido improcedente: “El juez determinó la improcedencia, lo que quiere decir que deben indemnizar con 33 días por cada año de servicio o readmitirla”.

Accem llegó a recurrir esta primera sentencia y explica Pantiga que “el Tribunal Superior de Justicia nos volvió a dar la razón y también condenó a la empresa en costas, obligándola a pagar honorarios” a la abogada de la demandante. elDiario.es Asturias se ha puesto en contacto con el centro de Accem Asturias y a nivel estatal conocer su testimonio sobre esta decisión judicial y las acusaciones, sin recibir respuesta hasta el momento de publicación de esta información.

Malestar hacia las empleadas que se quejan de las decisiones

Ya en el momento del despido de L.P y de otra compañera, más la sanción a otra sin empleo y sueldo durante 20 días, los empleados alegaban que los despidos eran “disciplinarios” y una consecuencia directa de que estas trabajadoras “represaliadas” han apoyado la candidatura de CCOO como representantes sindicales de la plantilla. En sus protestas de 2024, quienes salieron a la calle en defensa de sus compañeras, afirmaron que esto era un “patrón común”: una “caza de brujas” a quienes protestan contra la dirección o se quejan de la situación en los centros de Accem.

Anay L.P dice que no sabría al cien por cien si fue por apoyar esa candidatura, aunque sí que apareció en una foto en prensa en una movilización de apoyo a este sindicato y desde entonces comenzó a notar un trato distante y frío. De todos modos, ella considera que el problema de fondo reside en el hecho de que cuando detectaba las carencias, las comunicaba al equipo técnico y también insistía en que hubiera soluciones cuando no se tomaban medidas, “lo que era una de mis funciones como cuidadora”. Y eso, afirma, era rechazado entre un equipo técnico reacio a las críticas.

“Yo me incorporé a un equipo con un espíritu que se esfumó. En los cinco años que presté mis servicios, viví una involución absoluta en la gestión del centro y en la calidad de vida de los usuarios y usuarias y yo, activamente, ponía esto sobre la mesa frente a los nuevos integrantes de la dirección”, explica la profesional de la salud. Añade que, “cuando se gestó mi despido, los usuarios más dependientes llevaban alrededor de seis meses sin participar en salidas comunitarias” y ella había mostrado abiertamente su malestar por esa “falta de empatía y de profesionalidad”.

J.M.A.S, como representante sindical de CCOO, recuerda que los usuarios de Hevia son “gente muy vulnerable que hay que defender. Las trabajadoras somos sus ojos, oídos y brazos y no puede ser que las profesionales mejor aceptadas dentro de la empresa son aquellas que se llevan bien con la administración”, solo por ser quienes “acatan” sus decisiones aunque sean injustas.

Empleados de Accem alertan de una alta rotación de personal

Anay añade que, cuando se gestó su despido, ella, como otras compañeras, llevaban tiempo indicando, “de manera constructiva”, aclara, al equipo técnico de su centro disconformidad con ciertas decisiones que afectaban a la calidad de vida de los usuarios y usuarias y también del personal. Unas decisiones que acababan llevando a un gran rotación de personal constante. Con esta situación “la sobrecarga de trabajo y una calidad de vida mermada para los usuarios se convirtieron en mi día a día”.

En este contexto, y tras cinco años en la empresa, Anay recibe una carta de despido por unos supuestos hechos comprendidos entre el 1 de abril y 24 de mayo: “no se me notifica ninguna de las acusaciones ni se me sanciona por ningún hecho y, de repente, me llega un despido disciplinario”. Una de las acusaciones era que sobreprotegía a una usuaria. La auxiliar explica que desde recursos humanos le alegaron que ellas no tenían nada que ver con esa decisión, que eran meras comunicadoras. La mencionada usuaria es una mujer con discapacidad severa que, como explica la profesional, estaba en una situación de gran vulnerabilidad: “Solo me dediqué a cuidarla con respeto y especial entrega para mejorar su calidad de vida”.

Un ex compañero de este centro de trabajo, Pablo F.M., explica que “Anay es una compañera con la que trabajé durante aproximadamente cinco años, destacando siempre por su compromiso, disciplina y profesionalidad, muy implicada en su labor, centrada en hacer bien su trabajo y en garantizar que los usuarios estuvieran atendidos e integrados con la mayor dignidad posible”, él está convencido de que su implicación en el bienestar de los usuarios, “que requería exigir más recursos podía resultar y era incómoda para la dirección y parte del equipo técnico”.

En el momento del despido, comenta Pablo que lo que vio fue a un equipo técnico verter mentiras sobre las personas despedidas entre otras trabajadoras y trabajadores del centro para crear una separación entre el personal.

Acusaciones de precariedad de recursos humanos

Pablo está de acuerdo con L.P que explica que “existía una falta recurrente de personal, así como una notable incertidumbre en la gestión y dirección del centro. Esta situación repercutía directamente en la atención a los usuarios, que en ocasiones no recibían el cuidado adecuado debido a la precariedad de los recursos humanos y estructurales”, añade el trabajador.

Según él, en este contexto, dice haber sido testigo en múltiples ocasiones que las iniciativas por parte del personal de atención directa “orientadas a mejorar la calidad de la atención no siempre eran bien recibidas por el equipo técnico”. Lo que observó, según sus palabras, es que había “rechazo hacia quienes trataban de desempeñar su labor con mayor rigor o de garantizar una atención más digna e integradora para los usuarios”.

Afortunadamente, la auxiliar de enfermería despedida ya había abierto camino en la Sanidad Pública y “dos meses después del despido me incorporé al SESPA”. Ella recuerda cómo un despido, y además inesperado, supone un varapalo económico: “Hubiera sido muy difícil vivir únicamente de la prestación a percibir tras un contrato como cuidadora, mientras se vio envuelta en un proceso judicial largo, tedioso y sembrado de incertidumbre”. Fueron dos años duros pero agradece a sus compañeros, que no bajaron la guardia como apoyo.

Quejas por las condiciones laborales

Pablo, un extrabajador de la empresa, sí alega que, “en el centro, cuando había elecciones sindicales, las directrices que se daba desde la dirección del centro era intentar influir en el voto de los trabajadores” y explica que se apoyaba una candidatura y metía miedo al personal sobre la posible influencia de un cambio de representación sindical hasta el punto de que los trabajadores tenían, efectivamente, miedo de perder su empleo. La influencia del equipo técnico “generaba preocupación y miedo entre la plantilla, ya que muchos pensaban que podían perder su puesto”. Él mismo lo vivió: “En mi caso, se me citó en el despacho de la directora”. Entre otros asuntos, le insinuaron que votar a otra candidaturas sería ir en contra de los usuarios.

La representante sindical en CCOO afirma que “tras el despido improcedente de Anay, hubo un par de casos más en los cuales la empresa aportó los mismos testigos” que llevaron al juicio con L.P. Explica que uno de los casos “también se ganó por vía penal. En el otro la trabajadora descontenta con el funcionamiento de la empresa en términos generales, decidió desvincularse completamente y no denunciar” y también explica que la dirección abrió “varios expedientes que fueron recurridos y resueltos con éxito”.

Y otro asunto que resalta es que “tampoco se renovó el contrato a varias personas válidas, algunas vinculadas con CCOO, a pesar de la falta continuada de personal”. Y en este contexto añade que hay una falta de comunicación entre el departamento de recursos humanos y el personal y afirma que hay empleados que “hasta hace unos días no tenían concedidas las vacaciones y no existe un criterio claro a la hora de conceder los días de libre disposición”.