Arranca la batalla jurídica en Asturias contra el peaje del Huerna
La Federación Asturiana de Empresarios (FADE) y las asociaciones del transporte de viajeros y mercancías por carretera Asetra-CETM Asturias, Astra, Cesintra, Asvipymet y CAR han activado la maquinaria jurídica contra la prórroga del peaje del Huerna con la interposición de una acción de nulidad de pleno derecho contra el real decreto, aprobado en el año 2000, por el que se amplió en 29 años el plazo concesional de la autopista AP-66, entre Asturias y León.
Fade y las cinco asociaciones aseguran que la ampliación supuso una “modificación sustancial” de la concesión originaria que, conforme a los principios de libre concurrencia, igualdad y transparencia recogidos en la normativa europea de contratación pública, “debería tramitarse mediante una nueva adjudicación y no como una mera modificación contractual”.
Seis meses para resolver
A partir de ahora, el Consejo de Ministros dispone de un plazo de seis meses para resolver y en caso de desestimación o silencio administrativo se abriría la vía contencioso-administrativa.
Con esta acción de nulidad quieren que el Gobierno central revise este real decreto ya que, según exponen, esta ampliación ha supuesto un “sobrecoste injusto” y “sostenido en el tiempo” para las empresas asturianas.
“El peaje del Huerna no es solo una infraestructura, sino un factor que condiciona la competitividad de la industria, del transporte y de la logística asturiana”, afirman.
El impacto
Además, comparan esta situación con otras comunidades autónomas donde operan “sin este coste adicional en sus principales vías de salida” en contraste con lo que ocurre en la región donde las empresas asturianas “soportan una carga diferencial que impacta directamente en precios, márgenes y capacidad de atraer inversión”.
Esta iniciativa es, a su juicio, compatible con el procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea frente a España por posible vulneración de las normas comunitarias de contratación pública en relación con esta ampliación concesional.
“Una eventual sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) reforzaría la posición jurídica defendida por las organizaciones empresariales”, advierten.
Esta acción se une a la emprendida por el Gobierno de Asturias que ha puesto en marcha el proceso para impugnar la prórroga de la concesión del peaje a través de una solicitud formal de revisión de oficio.
El beneficio “ilícito” de Aucalsa
El pasado 6 de febrero, el presidente de la Unión de Consumidores de Asturias, Dacio Alonso, cifró en 60 millones de euros el beneficio que está obteniendo la empresa Aucalsa “de forma ilícita” por el peaje del Huerna y reclamó a la concesionaria la devolución de esa cuantía que ha logrado, según corroboró, a través de una práctica que “es un engaño y una auténtica estafa a los usuarios”.
La Unión de Consumidores ha presentado formalmente una denuncia administrativa ante la Dirección General de Consumo del Principado de Asturias contra Aucalsa por un incumplimiento “sistemático, continuado y de extrema gravedad” en la gestión de la autopista AP-66.