Asturias reforma su ley de seguridad minera para facilitar el rescate de concesiones
El parlamento asturiano ha aprobado este miércoles por unanimidad una reforma de la ley de infracciones y sanciones en materia de seguridad minera, vigente desde 1997, que permitirá al Gobierno rescatar concesiones mineras en el caso de que sus titulares incurran en infracciones muy graves.
La iniciativa, impulsada por todas las formaciones parlamentarias tras la situación creada en Mina Miura y tramitada por vía de urgencia, dota al Principado de los instrumentos para responder con rapidez ante graves transgresiones por empresas titulares de derechos mineros, incluida la posibilidad de revertir las concesiones.
Las vías legales
Tras reunirse con los trabajadores de Mina Miura, el Gobierno asturiano se había comprometido a estudiar todas las vías legales posibles para dar respuesta a su situación laboral, extinguir la actual concesión y volver a licitar el yacimiento para reactivar el empleo con una empresa solvente.
“No se trata únicamente de castigar una conducta infractora sino de cuestionar la continuidad de la actividad cuando las condiciones que la legitimaban han dejado de concurrir”, ha señalado el diputado del PSOE Jacinto Braña en la defensa de una medida que, ha subrayado, “no se convierte en un instrumento arbitrario sino en una herramienta sometida a las garantías del proceso administrativo”.
Los políticos “vieron la luz”
Por su parte, el parlamentario del PP Rafael Alonso ha tenido un reconocimiento para la plantilla de Mina Miura que, con sus movilizaciones, hicieron a todos los grupos “ver la luz” sobre la necesidad de modificar una normativa aprobada en 1997 para posibilitar que el rigor en el cumplimiento de todas las disposiciones legales se recupere en toda la actividad minera “porque ese marco ha cambiado”.
Para el diputado de Vox Gonzalo Centeno, la reforma tiene su origen en el “pánico” generado por la posibilidad de que hubiera nuevos siniestros en empresas amparadas por los denominados Proyectos de Investigación después del accidente de Cerredo/Zarréu donde fallecieron cinco trabajadores, lo que llevó al Gobierno suspender esa posibilidad afectando al funcionamiento de empresas solventes como Tyc Narcea mientras empresarios como el que gestionaba la concesión de Mina Miura pegara “la espantada”.
Evitar “el ruido”
El portavoz de IU/CA, Xabel Vegas, ha celebrado que los grupos se hayan unido y hayan superado sus diferencias evitando “el ruido que se ha instalado en las instituciones políticas” para respaldar a una plantilla de trabajadores que lleva más de un año sin cobrar al estar “en manos de auténticos sinvergüenzas”.
También el diputado de Foro Adrián Pumares se ha felicitado del consenso sobre una iniciativa “que nace de la sociedad civil”, permite “desterrar una laguna” y dota a la administración de una capacidad que hasta ahora no tenía, mientras que la también parlamentaria del Grupo Mixto Covadonga Tomé ha subrayado que el objetivo es proteger “la seguridad de los trabajadores y el medio ambiente frente a conductas negligentes”.
Las movilizaciones
Los trabajadores de Mina Miura, que protagonizaron un encierro de quince días e hicieron una marcha a pie entre Ibias y Oviedo, venían reclamando al propietario de la mina, que adquirió los derechos mineros el pasado mes de octubre, el pago inmediato de la totalidad de las nóminas y atrasos adeudados y la intervención directa del Ejecutivo asturiano para que medie en este conflicto.
El Servicio de Minas del Principado de Asturias decidió el pasado mes de mayo elevar a muy grave la infracción en materia de seguridad cometida por la empresa Carbones La Vega, propietaria de Mina Miura, lo que conlleva una multa de 30.000 euros.
Reforzar los controles
Además, el Gobierno publicó el 1 de junio una nueva instrucción que endurece los requisitos exigidos a las empresas para la transmisión de derechos mineros, elaborada tras el informe de la Inspección General de Servicios sobre el funcionamiento del Servicio de Minas tras el accidente de Cerredo/Zarréu, que buscaba reforzar los controles administrativos y dotar de mayor claridad a la tramitación de los expedientes vinculados a esta actividad.
Así, se regulaba la transmisión de derechos derivados de concesiones de explotación para establecer criterios más precisos y reforzar la obligación de que la empresa adquirente acredite su capacidad legal y su solvencia técnica y económica; se concretaba la documentación exigida y se ampliaba el control a operaciones mercantiles como fusiones, absorciones, escisiones o adquisiciones que supongan un cambio efectivo en el control de la concesión.