Organizaciones ecologistas alegan contra el decreto asturiano para mantener las cacerías de lobos
Diversos grupos ecologistas, como el grupo Fondo Lobo o Alianza Verde, han presentado alegaciones a la propuesta de decreto elaborado por el Gobierno asturiano para adaptar el Plan de Gestión del Lobo – que permitiría seguir realizando controles poblacionales de la especie – a la sentencia del Tribunal Supremo, que autoriza su caza cuando sea la única solución para evitar daños al ganado.
Alianza Verde, que se ha dirigido al Gobierno del Principado para mostrarle su profundo malestar por su política anti-científica que sólo fomenta el odio hacia el lobo y pedirle que frente las cacerías, señala en sus alegaciones que la directiva Hábitats de la UE sólo permite la gestión de la especie si se encuentra en un estado de conservación favorable.
Calificación desfavorable
Según este colectivo, la realidad científica demuestra que no es así en el caso del lobo ibérico dado que el informe sexenal 2013-2018, el último oficialmente aprobado, califica el estado del lobo en España como desfavorable-inadecuado en todas las regiones y el censo nacional de 2024 sitúa en 333 el número de mandas existentes.
En la sentencia dictada el pasado mes de febrero, el Supremo solo autoriza la caza de lobos «cuando constituya la única solución para evitar daños al ganado» y apunta que las medidas de gestión que incluyan la muerte de ejemplares «deben someterse a unas rigurosas condiciones».
Los criterios del Supremo
El Gobierno asturiano ya avanzó que el nuevo decreto incorporaría en su nueva redacción los criterios fijados por el Supremo sobre cómo se deben realizar los controles poblacionales y quiénes deben hacelos para dar soporte jurídico al plan de gestión de la especie.
De esta forma, una vez que se conozca la situación de la especie en Asturias al disponer de los datos de 2025, que serán remitidos al comité consultivo del lobo, y al disponer ya del soporte jurídico que proporcionará el nuevo decreto, el Principado elaborará un nuevo programa de control de la población para el periodo 2026-2027.
El Ejecutivo regional, que prevé tener aprobado antes de que finalice este semestre el decreto que dará cobertura jurídica a nuevas batidas para cazar lobos, ha detectado «un incremento importante» del número de manadas, de forma que, de no tomarse medidas, haría «insostenibles» determinadas actividades ganaderas.