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Aïda Guillén Lanzarote

Mujer,  madre y trabajadora del Institut de Drets Humans de Catalunya. De formación científica y vocación humanista. Vicepresidenta de la Federación Catalana de ONGs por la Paz, los Derechos Humanos y el Desarrollo.

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Naciones Unidas evalúa los derechos humanos en España

Este jueves, 25 de junio de 2015, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas debe adoptar el informe del Examen Periódico Universal, conocido como EPU, sobre España. Este informe recoge las 189 recomendaciones que los diferentes estados realizaron en enero pasado a nuestro país.

El EPU es un mecanismo claramente político, puesto que son los mismos estados los que examinan la situación de derechos humanos de cada país, a diferencia de otros instrumentos de Naciones Unidas donde son personas expertas independientes las que emiten los informes. Este hecho resta dureza en muchos casos al diagnóstico que se realiza, incluso objetividad, y es, sin duda, la principal limitación del EPU. Sin embargo, este mecanismo está también abierto a la participación de la sociedad civil ya que las organizaciones pueden presentar informes alternativos (como hemos hecho desde el IDHC, entre otras tantas organizaciones) y esto permite que el diagnóstico final del EPU recoja los principales puntos negros de la situación de derechos humanos en el país, como así ha sido. Y hoy, ante el Consejo de Derechos Humanos que adoptará el informe final, podremos tomar la palabra para denunciar precisamente estos puntos negros.

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España a examen en la ONU

Hoy, 10 de diciembre, es el día internacional de los derechos humanos. Hoy hace 66 años que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos y lanzó el mensaje de que la protección de los derechos de las personas dejaba de ser un ámbito estrictamente interno para pasar a ser una preocupación internacional.

Hoy será el día en el que las noticias nos recordarán cuál es la situación en Siria o en Corea del Norte, en el Sahel o en Irak. Se hablará de la pena de muerte, de regímenes no democráticos, de libertad de expresión, de la justiciabilidad de los derechos sociales y económicos y de tantos otros temas que afectan a la dignidad y a la igualdad de las personas. También se hablará, como no puede ser de otra manera, de la situación en nuestro país. De cómo nos hemos dado cuenta de que no somos espectadores de violaciones de derechos humanos de otros, sino que protagonizamos nuestra propia historia de vulneraciones.

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¿Derechos de segunda?

Si saliésemos a la calle a preguntar qué derechos consideran los ciudadanos y ciudadanas que son fundamentales, muy probablemente encontraríamos en esa lista el derecho a la educación, a la sanidad, a la alimentación, al trabajo o a la vivienda. Y, sintiéndolo mucho, deberíamos explicar a esos ciudadanos y ciudadanas que de esa lista, solo el derecho a la educación está recogido como derecho fundamental en nuestra Constitución.

El carácter de fundamental lo otorga la carta magna a aquellos derechos que gozan de un grado superior de protección. En la práctica quiere decir que serán atendidos por la justicia ordinaria utilizando un recurso preferente y sumario y que se puede interponer recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. El derecho a la salud, por ejemplo, sólo consta en la Constitución como un principio rector de la vida económica y social.

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El rapapolvo del Comisario

El pasado 9 de octubre, el comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, que en la actualidad es el Sr. Nils Muiznieks, hizo público su informe tras su visita a España entre los días 3 y 7 de junio de este mismo año.

El informe, de apenas 50 páginas, recoge las impresiones, conclusiones y recomendaciones del comisario respecto a tres temas concretos: las repercusiones de la crisis económica y de las medidas de austeridad en los niños, estas mismas repercusiones en las personas con discapacidad y la función de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley en la protección de los derechos humanos. En este artículo nos ocuparemos y preocuparemos de los dos primeros temas.

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¿Primero los de casa?

Una de las políticas públicas que está sufriendo más recortes en los últimos años es la política de cooperación al desarrollo. Contrariamente a lo que se cree, estos recortes no han empezado con el actual gobierno central, sino que ya se iniciaron con el anterior gobierno socialista. No en vano, desde 2009 los presupuestos dedicados a cooperación han disminuido en un 73%, según la Coordinadora de ONGs de Desarrollo de España  . El presupuesto presentado estos últimos días para la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), que es el órgano gubernamental principal encargado de canalizar esta ayuda, la deja a la altura de una ONG grande (poco más de 200 millones de euros).

Estos recortes a penas generan contestación en la calle y, de hecho, las organizaciones de desarrollo se enfrentan a la realidad de la desmovilización social para reivindicar el mantenimiento de estas políticas. La justificación de esta falta de apoyo popular está tan manida como manipulada desde los estratos políticos y comunicativos: “en tiempos de crisis, primero los de casa. Si no hay para nosotros, no vamos encima a dar a los de fuera”.

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