El rapapolvo del Comisario
El pasado 9 de octubre, el comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, que en la actualidad es el Sr. Nils Muiznieks, hizo público su informe tras su visita a España entre los días 3 y 7 de junio de este mismo año.
El informe, de apenas 50 páginas, recoge las impresiones, conclusiones y recomendaciones del comisario respecto a tres temas concretos: las repercusiones de la crisis económica y de las medidas de austeridad en los niños, estas mismas repercusiones en las personas con discapacidad y la función de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley en la protección de los derechos humanos. En este artículo nos ocuparemos y preocuparemos de los dos primeros temas.
El comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa es una institución independiente y no jurisdiccional dentro del Consejo de Europa y tiene como mandato la promoción sobre el conocimiento y el respeto de los derechos humanos en los 47 estados miembro de la organización.
El actual comisario, de nacionalidad letona, sucede en el cargo al sueco Thomas Hammarberg (2006-2012) y al español Álvaro Gil-Robles (1999-2006). En un momento en el que la crisis económica y financiera y las medidas de austeridad impuestas por los estados como “consecuencia” de la misma han minado, como nunca antes, el discurso de los derechos humanos en las sociedades europeas, el comisario se propone entre sus objetivos la consolidación y reivindicación del mismo.
La justificación de la falta de recursos está sirviendo, y así lo constata en su informe con cifras el Comisario, para retroceder, recortar y dejar de proteger ciertos derechos. En concreto, el comisario pone su acento en dos colectivos de los más vulnerables, la infancia y las personas con discapacidad.
La tasa de pobreza infantil en España supera en estos momentos el 27% según el último informe de UNICEF. Los recortes presupuestarios aplicados a las ayudas sociales a las familias, a las becas comedor, para libros y transporte escolar, al personal docente –que se traduce en más niños por aula–, a la sanidad y los programas de atención sanitaria preventiva, y a un largo etcétera de recortes, sólo producirán un aumento en esa tasa.
El comisario recoge en su informe los efectos particularmente negativos que los desahucios tienen en los menores de edad, por lo que conllevan de pérdida de estabilidad familiar, escolar y social. También destaca el desmantelamiento de programas para la protección de la salud mental de los niños, programas especialmente vinculados a proteger a los niños de grupos sociales desfavorecidos.
Por lo que respecta a las personas con discapacidad, el informe es muy duro en lo referente a la aplicación de la conocida como Ley de la Dependencia. Y no sólo por la falta de recursos disponibles tanto por parte de la Administración Central del Estado como por parte de algunas comunidades autónomas, que ha sido crónica desde su aprobación, sino también por la falta de voluntad política para comprender la esencia de la ley. Tal y como recoge la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, la prestación de servicios a las personas con discapacidad no debe ser concebida como un sistema de medidas puramente asistenciales, sino como un sistema dirigido a la consecución de la autonomía de las personas con discapacidad, desde un enfoque basado en los derechos humanos. En palabras del comisario, el enfoque asistencialista da “lugar a que las personas con discapacidad sean sumamente vulnerables a la pobreza en tiempos de austeridad y de limitaciones presupuestarias”.
Entre los aspectos que se ven afectados por este “desenfoque” político y social, agravado por los recortes presupuestarios, el informe destaca, entre otros, la educación incluyente, el acceso al empleo digno y el derecho a la capacidad jurídica.
El rapapolvo del comisario es continuo y sistemático. La realidad es que, tras la crisis y la aplicación de estas medidas por parte del estado, los derechos de los niños y niñas y de las personas con discapacidad están menos protegidos, menos garantizados y son menos defendidos por las administraciones.
El informe incluye una serie de recomendaciones que podríamos resumir en la siguiente idea general: las medidas de austeridad y los recortes presupuestarios no pueden realizarse a costa de recortar derechos. Entre las obligaciones internacionales que tiene contraídas España, hay que tener en cuenta la que se refiere a la progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales, por la cual España se compromete a no tomar medidas que supongan un retroceso en el goce efectivo de los mismos, como de hecho está sucediendo.
Es inaceptable. Así no, dice el comisario. Y decimos nosotros.
