Naciones Unidas evalúa los derechos humanos en España

Este jueves, 25 de junio de 2015, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas debe adoptar el informe del Examen Periódico Universal, conocido como EPU, sobre España. Este informe recoge las 189 recomendaciones que los diferentes estados realizaron en enero pasado a nuestro país.

El EPU es un mecanismo claramente político, puesto que son los mismos estados los que examinan la situación de derechos humanos de cada país, a diferencia de otros instrumentos de Naciones Unidas donde son personas expertas independientes las que emiten los informes. Este hecho resta dureza en muchos casos al diagnóstico que se realiza, incluso objetividad, y es, sin duda, la principal limitación del EPU. Sin embargo, este mecanismo está también abierto a la participación de la sociedad civil ya que las organizaciones pueden presentar informes alternativos (como hemos hecho desde el IDHC, entre otras tantas organizaciones) y esto permite que el diagnóstico final del EPU recoja los principales puntos negros de la situación de derechos humanos en el país, como así ha sido. Y hoy, ante el Consejo de Derechos Humanos que adoptará el informe final, podremos tomar la palabra para denunciar precisamente estos puntos negros.

Este mismo carácter político también puede ser analizado como oportuno ya que los estados deben pronunciarse de manera unívoca, y esto nos brinda a las organizaciones y a la ciudadanía en general, un termómetro claro, en forma de semáforo como ahora veremos, de las prioridades y compromisos de nuestro gobierno en materia de políticas de protección y promoción de los derechos humanos. Hoy, España tendrá que declarar delante de sus homólogos qué recomendaciones acepta totalmente, cuáles acepta parcialmente y cuáles rechaza. Y deberá ser una manifestación motivada. De las 189 recomendaciones, España ya ha anunciado que acepta totalmente 139, acepta parcialmente 35 y rechaza 15. Esta mañana escucharemos las razones.

Tan interesante resulta analizar las recomendaciones rechazadas como las aceptadas. Empecemos por estas. Respecto de las acusaciones de uso excesivo de la fuerza y de abusos por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, España ha aceptado asegurar la investigación diligente, imparcial e independiente de las mismas. También ha aceptado el establecimiento de mecanismos de control de las autoridades policiales ante signos de tortura y malos tratos. No se compromete a nada nuevo, estos mecanismos ya existen en nuestra legislación. “Únicamente” resta dotarlos de recursos y espacio de maniobra para que ejerzan sus funciones. Para esto, no hay compromiso explícito.

La preocupación internacional ante la adopción de la Ley de Seguridad Ciudadana, que por cierto entrará en vigor en tan solo 6 días junto con la reforma del Código Penal, también se vio reflejada en este EPU que contiene hasta 5 recomendaciones con referencias al derecho de reunión y manifestación pacíficas y a la libertad de expresión relacionada con actos de protesta. En ocasiones anteriores ya vimos como el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa o hasta 5 relatores especiales de Naciones Unidas habían llamado la atención a nuestro país sobre este proyecto legislativo, al considerarlo contrario de los estándares internacionales de derechos humanos. Pues bien, las recomendaciones han sido aceptadas. España se compromete pública y políticamente a evitar reformas legislativas que puedan limitar excesivamente el ejercicio de la libertad de reunión, a ajustar la ley de seguridad ciudadana para no limitar este ejercicio e incluso se compromete a cooperar con las personas defensoras de derechos humanos para crear un ambiente favorable a los miembros de las organizaciones de la sociedad civil. ¿Son compatibles estos compromisos con la práctica legislativa y ejecutiva del gobierno español actual? Por lo que respecta al EPU, jurídicamente, sí. El Consejo de Derechos Humanos no cuenta con ningún mecanismo coercitivo que pueda obligar a los estados a poner en práctica las recomendaciones aceptadas o a sancionarlos en caso de no hacerlo. Pero políticamente, no, no y no. No puede salirle gratis al gobierno este ejercicio de cinismo ante la comunidad internacional.

España lleva años manifestando ante los diferentes mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos que revisará el régimen de detención incomunicada por el cual una persona sospechosa de terrorismo o de crimen organizado puede estar hasta 13 días sin ver a un abogado o a un médico de su elección y sin poder comunicarse con su familia. En este segundo ciclo del EPU España rechaza las tres recomendaciones que le instaban a abolir el régimen de incomunicación y acepta las dos que le piden revisarlo, de nuevo.

Otro de los aspectos que ha suscitado más recomendaciones, aceptadas en su práctica totalidad por España, tiene que ver con la lucha contra el racismo, el discurso de odio y los crímenes de odio. Las fiscalías especiales para la persecución de estos delitos ya están en marcha en todas las provincias españolas y el Ministerio de Interior ha empezado a dar estadísticas sobre estos crímenes tras años de reivindicaciones por parte de las organizaciones de la sociedad civil y también por parte de Naciones Unidas. Sin embargo, el estado no se ha comprometido, tampoco en esta ocasión, a adoptar una ley integral tal y como las entidades especializadas y las personas expertas en racismo vienen reclamando.

Relacionado con esta materia, el trato de personas de origen migrante es otro de los aspectos que más preocupación internacional despierta. Para empezar, España sigue rechazando todas las recomendaciones que le instan a ratificar el Convenio internacional de protección de los trabajadores migrantes y sus familias, único instrumento de derechos humanos que aún no ha ratificado el estado español (se lo piden hasta 19 estados). Esta mañana volveremos a escuchar los manidos argumentos de que las decisiones sobre inmigración deben de ser consensuadas en Bruselas y de que los estándares de la Convención son menores que las garantías establecidas por nuestro ordenamiento interno. Ratifiquemos, pues, cabe contestar.

A pesar de esas supuestas garantías, las “devoluciones en caliente”, las muertes en frontera y las condiciones y existencia misma de los centros de internamiento de personas extranjeras (CIE) son protagonistas habituales de todas las revisiones de derechos humanos a las que se somete España. ¿Y qué podemos destacar en esta ocasión? Hasta 17 recomendaciones han sido aceptadas por España en este sentido. Entre ellas, asegurar que todas las personas migrantes detenidas tienen acceso a los servicios básicos y a unas condiciones dignas de vida, el respeto absoluto del principio de no devolución y la garantía de acceso al proceso de petición de asilo para aquellas personas que huyen de situaciones de violación de derechos humanos, con una especial atención -explícitamente redactada- a las ciudades de Ceuta y Melilla. Esperemos que España explique cómo piensa hacer compatibles estos compromisos con las recientes reformas legislativas encaminadas justamente a matizar y rebajar estos estándares internacionales. Y es que España solo se ha comprometido parcialmente a asegurar la igualdad ante la ley de las personas no residentes.

En este sentido, el impacto que la crisis económica y las medidas de austericidio han tenido sobre el disfrute efectivo de derechos económicos, sociales y culturales de toda la población, especialmente del colectivo inmigrante, no es un diagnóstico compartido por el gobierno. Si bien, se ha comprometido a retomar las políticas de protección social de los colectivos más vulnerables, rechaza realizar un análisis serio e integral sobre el impacto de los recortes en el disfrute de derechos como el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo o el derecho a la alimentación. Especial relevancia cobra en este sentido la limitación del derecho a la salud de las personas en situación administrativa irregular, a pesar del anuncio por parte del gobierno de la corrección de esta medida, el cambio efectivo no se ha producido. La aceptación de algunas de estas recomendaciones nos da un argumento más para seguir reivindicando el acceso universal a los servicios básicos.

Y para concluir, las medias tintas, los matices, los grises, los “sí pero no”, el cinismo y las interpretaciones subjetivas se acaban al hablar de dos solitarias recomendaciones, las dos rechazadas de plano. No a la elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre el control de las empresas transnacionales en la protección de los derechos humanos y no al principio de jurisdicción universal, tristemente extirpado de nuestra legislación en dos fases en 2009 y 2014. Estas dos iniciativas podían colocar a España, más allá de su actuación de fronteras (o de vallas) para adentro, en una posición de punta de lanza a nivel internacional. La persecución de crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra y la exigencia a las corporaciones de sus responsabilidades en materia de derechos humanos, fuertemente matizadas y diluidas tanto en derecho interno como en derecho internacional, son dos causas que el estado español ha decidido ignorar. Un estado que en estos momentos es miembro no permanente del Consejo de Seguridad y por tanto tiene un extra de responsabilidad y visibilidad ante la comunidad internacional durante los próximos dos años.

No ignoremos nuestro papel de altavoz y nuestra labor de denuncia. Amplifiquemos el sonido de las recomendaciones y de los compromisos que España adquiere de nuevo hoy y sigamos poniendo luz a aquellos que rechaza.