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Jacobo Dopico Gómez-Aller

Profesor Titular de Derecho Penal en la Universidad Carlos III de Madrid.

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¿#porunaleyjusta?

Da que pensar la tan distinta percepción que tienen de los delitos y de las penas los especialistas y la población en general. Baste recordar lo que sucede con la prisión permanente revisable: si importante es su apoyo popular, según algunas encuestas, mayor es su rechazo académico — más del 90% de los catedráticos de Derecho penal firmaron un manifiesto reclamando su inconstitucionalidad —. Como no parece que pueda hablarse sensatamente de ignorancia de unos o de insensibilidad de otros, lo que bien puede suceder es que se trate de aproximaciones a un mismo fenómeno desde distintos planos.

El de las encuestas, sobre todo el de las inmediatas a un crimen horrendo, es el lenguaje del sentimiento. Es la indignación ante la injusticia y el anhelo de una retribución de la misma que borre el mal del pasado y haga imposible el delito futuro. El penalista, en cambio, se esfuerza por apartar sus sentimientos en pro de la razón. Recuerda cuáles son los valores básicos de justicia en nuestra sociedad y qué penas son incompatibles con ellos, empezando por la de muerte; y desde el conocimiento del sistema punitivo trata de extraer el castigo mínimo eficaz que nos prevenga razonablemente de nuevos delitos. Porque al fin y al cabo el encarcelamiento, el encierro de un ser humano, también el de los peores, es un mal que se suma al que ellos irrogaron y que solo encuentra su sentido en la medida en que sirva para la disminución del delito futuro.

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Carrero como síntoma

1. Con alarma y perplejidad leíamos hace días que la Fiscalía está solicitando que una ciudadana de 21 años pase dos años y medio de su vida en una cárcel por haber hecho chistes sobre la muerte de Luis Carrero Blanco, sucesor de Francisco Franco en la presidencia del Gobierno en los últimos tiempos de la Dictadura franquista, asesinado hace 44 años por un comando de ETA que hizo explotar una bomba bajo su coche.

Además de esos dos años y medio de prisión, el Fiscal ha solicitado que se le imponga una pena de inhabilitación absoluta por ocho años y medio y una medida de libertad vigilada por tres años. Parece ser la primera vez que se pretende condenar penalmente a alguien única y exclusivamente por hacer humor satírico sobre la muerte de un gobernante de la Dictadura.

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Detengan la custodia de seguridad

I.

Es 25 de Abril del año 2.262. Está siendo usted juzgado ante un Tribunal de Pronóstico Criminal: un órgano judicial precognitivo que pronostica si un ser humano va a delinquir y que, si es necesario, impone medidas para evitarlo. El motivo: es la segunda vez que le pillan vendiendo droga (ya había cumplido 18 meses por la condena anterior). El Tribunal está analizando sus indicadores socioeducativos y situacionales, así como sus antecedentes penales, para saber si existe “probabilidad de comisión futura de otro delito”.

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La ley de defensa del delincuente tributario

Imagine –sólo como hipótesis de trabajo– que no siente usted ningún tipo de deber en conciencia hacia la Hacienda Pública. Que sólo paga sus impuestos por el miedo a lo que pueda pasar si le pillan (y en la medida en que sienta el riesgo de que le puedan pillar).

Imagine también que, además de carecer de moral tributaria, gana usted anualmente mucho dinero (la combinación no parece imposible). Por ello, en su declaración del IRPF debe usted pagar más de 120.000 euros al Fisco.

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