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Joan Martínez Alier

Joan Martínez Alier es un economista catalán. Es catedrático de Economía e Historia Económica de la Universidad Autónoma de Barcelona.

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La resistencia social ante los conflictos ambientales, más necesaria hoy que nunca

Los procesos de degradación ambiental y empoderamiento social corren en paralelo. A medida que aumentan el metabolismo social y los procesos extractivistas, se agrava consecuentemente la crisis ambiental  y los ciudadanos protestan contra dicha situación. Se visibiliza entonces también un creciente déficit democrático en lo relativo a las decisiones que afectan a los recursos o al medio en el que vivimos.  A pesar de la existencia de un marco formal de apariencia democrática, en el que existen canales para la información, la reclamación y la participación, nos hallamos en realidad ante un mero espejismo participativo. Permitir la participación implica ceder poder y capacidad de decisión. Sin embargo la crisis ambiental pone de manifiesto la existencia de una falta real de mecanismos de control social sobre los procesos que generan la degradación ambiental, sobre la gestión de los recursos o sobre las decisiones energéticas y la producción de residuos contaminantes. La toma de conciencia respecto a esta situación lleva unos años conduciendo a un empoderamiento social y comunitario que es hoy más necesario que nunca. A medida que se percibe de forma creciente que lo que mueve a las grandes corporaciones y a los gobiernos que las amparan, no es precisamente el bien común, crece la conciencia de que si la sociedad no toma las riendas para defender el agua, la tierra o el aire,... nadie lo hará.

Y prueba de este empoderamiento creciente de la sociedad está en la propia respuesta dada desde el poder. La protesta es cada vez más duramente reprimida. Cuando se fuerzan avances legislativos de protección en las escalas más inmediatas de gobernanza (principalmente a nivel local o regional), estos son revertidos por instancias superiores (nacionales o supranacionales) o amenazados por los acuerdo comerciales (como en el caso del TTIP), ignorando la voluntad popular. Y cuando la protesta se produce, esta se criminaliza y reprime. Se niega a las comunidades afectadas su derecho de autodeterminación e incluso el de consulta previa. Las protestas por cuestiones ambientales han ofrecido resultados antes impensables, tanto a la hora de concitar gente en las calles (recordemos las más de 300.000 personas en las calles de Nueva York en la marcha por el clima), como a la hora de forzar giros en las políticas (el movimiento por la desinversión fósil, o el rechazo de la administración Obama al oleoducto XXL son algunos ejemplos). Pero este movimiento se está volviendo como decimos, cada vez más autónomo, y a medida que avance la desobediencia civil avanzará previsiblemente la represión. Tras el sabor amargo que el Acuerdo de París dejó en la sociedad civil, y bajo la máxima de “desobediencia” durante este mes se están llevando a cabo en todo el mundo acciones directas contra los combustibles fósiles, desde ocupaciones en minas de carbón a bloqueos de cumbres de empresas energéticas.

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