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Miguel Ángel Pulido

Miguel Ángel Pulido, coordinador insular de Nueva Canarias (NC) en La Palma

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El AIEM, un impuesto necesario para proteger la producción local

Por su situación geográfica, por la escasez de recursos naturales, por la lejanía respecto al continente, por determinadas particularidades y especificidades, Canarias es una comunidad autónoma que ha tenido desde la conquista y sigue teniendo un régimen económico-fiscal diferente al resto del territorio nacional. Un régimen que reconoce las limitaciones permanentes de nuestra región —lejanía, insularidad, reducidas dimensiones, relieve y clima adversos, o la dependencia económica de un reducido número de productos—, permitiendo la adopción de medidas específicas adaptadas a nuestra singularidad.

Principalmente, esto quiere decir que, aunque forme parte del territorio aduanero de la Unión Europea y tenga la misma legislación aduanera, la imposición indirecta es diferente. Por ello, las operaciones relacionadas con la importación en Canarias están sujetas a impuestos propios, como el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), el Impuesto sobre Combustibles Derivados del Petróleo o el Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en Canarias (AIEM).

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El AIEM: un arancel necesario para proteger a la producción local

Por su situación geográfica, por la escasez de recursos naturales, por la lejanía respecto al continente, por determinadas particularidades y especificidades, Canarias es una comunidad autónoma que ha tenido desde la conquista y sigue teniendo un régimen económico-fiscal diferente al resto del territorio nacional. Un régimen que reconoce las limitaciones permanentes de nuestra región —lejanía, insularidad, reducidas dimensiones, relieve y clima adversos, o la dependencia económica de un reducido número de productos—, permitiendo la adopción de medidas específicas adaptadas a nuestra singularidad.

Principalmente, esto quiere decir que, aunque forme parte del territorio aduanero de la Unión Europea y tenga la misma legislación aduanera, la imposición indirecta es diferente. Por ello, las operaciones relacionadas con la importación en Canarias están sujetas a impuestos propios, como el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), el Impuesto sobre Combustibles Derivados del Petróleo o el Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en Canarias (AIEM).

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¿Qué hacer ante la crisis climática?

La crisis climática es una realidad incuestionable que sólo algunos descerebrados siguen negando. Debemos asumir y aceptar que nos encontramos ante un reto de gran magnitud que nos afectará, cada vez más, en muchos aspectos de la vida cotidiana, tal como advierten los científicos del Panel Intergubernamental del Cambio Climático.  Por todo ello, no podemos seguir robando el presente y el futuro de nuestra gente joven. No podemos seguir escondiendo la cabeza bajo el ala.

Ante esta crisis climática, efecto del calentamiento global, debemos preguntarnos por las consecuencias que está teniendo y puede tener, pero sobre todo qué medidas podemos tomar, tanto a nivel institucional como desde la propia sociedad civil. ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros para cambiar este modo de vida, cortoplacista y depredador, que está afectando al planeta? ¿podemos seguir despilfarrando un recurso cada vez más escaso como el agua o seguir haciendo un uso abusivo del plástico que inunda nuestros mares?

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La Palma: la Isla de mis sueños

El modelo de isla de La Palma con el que sueño y por el que lucho, como candidato de Nueva Canarias, se apoya en procurar la justicia social, la equidad y la igualdad; en hacer de la sostenibilidad y la conservación medioambiental un elemento equilibrador y transversal; en proyectar una propuesta económica y social que transforme nuestra realidad.

Y ese nuevo modelo al que aspiro estará apoyado en tres pilares fundamentales: atender a las personas que peor lo están pasando, especialmente a los parados, a los dependientes y a las personas con diversidad funcional; generar un nuevo modelo económico para la Isla que permita la diversificación de las actividades productivas para superar el estancamiento socio-económico en el que llevamos más de una década; y profundizar en la democracia participativa y sus valores.

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A vueltas con la Ley de las ‘Islas Verdes’

Llega al Parlamento la “décima” modificación de la Ley 6/2002, de ordenación de la actividad turística de las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro. Y me atrevo a decir que, si polémica fue la tramitación de su última modificación, no va a ser menos la nueva propuesta presentada por el Grupo de Coalición Canaria, pues sólo en esta legislatura ya se ha modificado, en menos de 2 años, en tres ocasiones y esta va a ser la cuarta. Y de nuevo con los mismos argumentos que repiten, como si fuera un “mantra”, desde hace más de 15 años. Y así vamos de fracaso en fracaso hasta la derrota final.

Hay que recordar que, hace poco menos de tres años, en octubre de 2015, el Cabildo de La Palma presentó una Proposición de Ley para modificar la Ley 6/2002, que fue enmendada en su totalidad por los grupos parlamentarios de CC y PSOE, modificando sustancialmente la propuesta original, introduciendo nuevas disposiciones, algunas de las cuales, como la Disposición Adicional Segunda fue finalmente declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional.

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El sector agrario afronta el futuro en mejores condiciones

En el proceso negociador de los Presupuestos del Estado para 2017 y 2018 se consiguieron incorporar, desde Nueva Canarias, importantes logros para mejorar los desplazamientos de la gente que reside en esta tierra. Sin duda alguna, esta conquista tuvo y sigue teniendo una enorme repercusión económica, social y mediática por la importancia que tiene para mejorar la conectividad y la movilidad entre las islas y de éstas con el territorio peninsular.

Pero me gustaría destacar otros acuerdos que se produjeron en esa negociación, por la importancia que tienen para el sector agrario y, en consecuencia, para nuestra isla de La Palma. Nuevos compromisos e importantes mejoras que no sólo se hacen realidad en la Ley de Presupuestos, sino que además hemos logrado que se incorporen en la Ley que regula los aspectos económicos del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, con lo cual se consolidan con carácter indefinido.

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La Ley de las ‘Islas Verdes’ y la improvisación

El poco tiempo transcurrido desde la aprobación de la última modificación de esta Ley –y van siete- empieza a darnos la razón a aquellos que hemos defendido que, en su tramitación, se estaba intentando coger un atajo, rodeado de irregularidades y de falta de previsión y transparencia, para imponer un modelo turístico no adaptado a nuestra realidad, por lo que el remedio puede terminar siendo peor que la enfermedad.

Algunos ya advertíamos que era necesario buscar el máximo acuerdo y consenso posible en su tramitación. Pero los responsables de la cosa, que ahora quieren aparecer como salvadores de la patria, se negaron a escucharnos y terminaron imponiendo un texto, deprisa y corriendo, sin los necesarios informes del Consejo Consultivo de Canarias. Y ahora se encuentran con dos recursos aceptados a trámite por el Tribunal Constitucional, uno de amparo y otro de inconstitucionalidad, y con una investigación iniciada de oficio por la Comisión Europea, en uno caso por la posible vulneración de normativa básica estatal y, en otro, por no respetar la normativa ambiental europea, lo que se vuelve a traducir en inseguridad jurídica para los inversores.

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Turismo, desarrollo y protección ambiental

Estos días he leído con cierto estupor, en diversos medios de comunicación, algunas notas de prensa y he escuchado entrevistas y declaraciones, en la que algunos que llevan más de 30 años gobernando en esta Isla y en Canarias, o cogobernando con unos y con otros, y que tiene una gran responsabilidad de la situación de estancamiento económico en la que nos encontramos, se pretenden erigir ahora en salvadores de la patria, convirtiendo a La Palma en un solar.

Parecen olvidar, pues no hay en sus palabras el mínimo de autocrítica, que sus decisiones equivocadas, su incompetencia o incapacidad de gestión, sus despilfarros o sus favores y redes clientelares, han contribuido en gran medida, a que estemos en una situación tan crítica: con una población envejecida; con un alto porcentaje de hogares por debajo del umbral de la pobreza; con un tejido productivo limitado y poco diversificado, precario e inestable; con falta de oportunidades, sobre todo para los más jóvenes; con un éxodo poblacional que desangra a la isla un día tras otro…

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La Ley Turística de La Palma y sus ‘atajos’

Desde Nueva Canarias (NC) hemos presentado un voto particular, que defenderemos en el Pleno que celebrará en el Parlamento de Canarias el próximo mes de septiembre, cuando se debata la modificación de la Ley sobre medidas de ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma, y en el volveremos a plantear que estamos sustancialmente de acuerdo con el texto inicial presentado por el presidente del Cabildo palmero, Anselmo Pestana, ante dicho pleno, dejando claro que votamos a favor de su toma en consideración porque somos plenamente conscientes de la grave situación de estancamiento económico por la que atraviesa la Isla y sus dificultades para articular un nuevo modelo de desarrollo, pero que no compartimos las modificaciones sustanciales introducidas a última hora, vía enmiendas de CC, PSOE y PP, con las que se desvirtúa la propuesta inicial y se pretende introducir un nuevo instrumento de planificación y, además, legitimar todas las actuaciones inicialmente previstas en el Plan Territorial Especial de Ordenación Turística Insular.

Tanto es así que, en su Disposición Adicional Segunda, se declaran de interés insular y quedarán, en consecuencia, exoneradas del trámite de información pública y de audiencia a los propietarios de suelo y sin la necesidad de informe de la Administración autonómica o de los municipios afectados, todas las actuaciones hoteleras, campos de golf y puertos deportivos, contenidos en el Plan Territorial Turístico, debiendo sólo someterse al procedimiento simplificado de evaluación ambiental estratégica en los términos de la legislación básica estatal, con lo que desde nuestra humilde opinión, se vulnera claramente el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, pues la adopción por el legislador de decisiones administrativas entraña una privación importante de las garantías de que pueden disponer los particulares afectados por dichas decisiones, que ni siquiera pueden acudir directamente al Tribunal Constitucional en defensa de sus derechos e intereses legítimos.

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La Palma. Más pobreza y más desigualdad

Que una parte importante de la sociedad palmera o canaria es más pobre que hace cinco años es un hecho incuestionable, no hace falta sino acercarnos a los servicios sociales municipales para comprobarlo. Situación que además es confirmada por todos los informes realizados al respecto, desde los elaborados por el Instituto de Estadística de Canarias, al de Cáritas, el de Unicef sobre la pobreza infantil o al elaborado por la Fundación Bancaja, que analiza el índice de desarrollo humano de España.

Es así en La Palma y lo es también en el conjunto de España, puesto que la pobreza está directamente relacionada con la falta de ingresos. Y aquí seguimos estando a la cabeza de Europa en porcentaje de desempleados, sigue creciendo el número de parados sin prestación, aumenta el subempleo y la precariedad y bajan los salarios, lo que hace que aumente el número de personas que trabajan y son pobres, y, además, pierden poder adquisitivo las pensiones, que han crecido por debajo del IPC, y las rentas mínimas de inserción son absolutamente insuficientes.

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