La Palma. Más pobreza y más desigualdad

Que una parte importante de la sociedad palmera o canaria es más pobre que hace cinco años es un hecho incuestionable, no hace falta sino acercarnos a los servicios sociales municipales para comprobarlo. Situación que además es confirmada por todos los informes realizados al respecto, desde los elaborados por el Instituto de Estadística de Canarias, al de Cáritas, el de Unicef sobre la pobreza infantil o al elaborado por la Fundación Bancaja, que analiza el índice de desarrollo humano de España.

Es así en La Palma y lo es también en el conjunto de España, puesto que la pobreza está directamente relacionada con la falta de ingresos. Y aquí seguimos estando a la cabeza de Europa en porcentaje de desempleados, sigue creciendo el número de parados sin prestación, aumenta el subempleo y la precariedad y bajan los salarios, lo que hace que aumente el número de personas que trabajan y son pobres, y, además, pierden poder adquisitivo las pensiones, que han crecido por debajo del IPC, y las rentas mínimas de inserción son absolutamente insuficientes.

Y todos estos índices se han empeorado en estos últimos años, lo que nos lleva a repetir que las políticas económicas que se han venido aplicando en Europa, en España y en Canarias, son políticas que están empeorando las condiciones de vida de la mayoría de la población, políticas de sólo recortes y sin ningún estímulo a la reactivación económica y a la inversión productiva generadora de empleo y de bienestar.

Así, la tasa de paro en Canarias sigue en un alarmante 28,56%, también hay un 22,5% de hogares canarios con todos sus miembros en paro -cuando a finales de 2011 era del 16,3%-. Además, se ha vuelto a la cifra de más de un 50% de parados registrados que no cobran ninguna ayuda en las Islas. En gran medida, como hemos dicho, la evolución de estos datos del paro explican el incremento de la pobreza en Canarias en los últimos años, con una tasa del 27,2% en el año 2014, cinco puntos por encima de la media de pobreza del Estado.

Y lo más grave aún es el trato que hemos sufrido desde el Gobierno de España. En el caso de Canarias, hemos sido en esta última legislatura la Comunidad Autónoma peor financiada de todo el Estado, lo que ha incidido en el deterioro de los servicios públicos básicos -como la sanidad, la educación y los servicios sociales-, hemos sufrido el recorte de más de 100 millones de euros en políticas activas de empleo, se ha eliminado la política de vivienda social, se ha recortado el Plan Concertado de Prestaciones Básicas y se han eliminado más de 200 millones de euros en la Ley de Dependencia. Por tanto, cómo no van a tener estas medidas “austericidas” repercusión en la pobreza en La Palma y en Canarias.

Lo reconoce la propia OCDE que en su último informe nos dice que “la austeridad ha lastrado el crecimiento”, y que bajar más los salarios sería contraproducente, pues elevaría aún más el riesgo de pobreza, a la vez que deprimiría la demanda agregada, por lo que reclama “reformas estructurales en apoyo del crecimiento”. Asimismo, pone el acento en la desigualdad, estableciendo la necesidad de una “nueva estrategia de protección social”, de una reorientación de prioridades de las políticas en atender a la población más desfavorecida.

Y es aquí donde, desde Nueva Canarias, venimos defendiendo la necesidad urgente de arbitrar las medidas necesarias para proteger a esta parte más vulnerable de la sociedad, por lo que seguiremos demandando un plan de lucha contra la pobreza y la exclusión social, incrementando la prestación canaria de inserción, para garantizar una renta básica a las familias sin ningún tipo de ingresos, incrementando el plan de empleo social, en colaboración con los ayuntamientos, y disponiendo de un fondo para alquiler social que ponga fin al drama de los desahucios.

La sociedad palmera no puede vivir de espaldas a esa realidad tan dura que padece casi un tercio de la población. Por ello, planteamos que es la hora de apostar por un cambio de rumbo en las políticas erráticas que se han venido aplicando. Y en este mismo sentido, desde el Cabildo Insular, y de manera coordinada con el resto de instituciones y las ONG que intervienen en este ámbito, demandar los recursos necesarios para priorizar nuevas políticas que combatan la pobreza y la creciente desigualdad.