El internamiento de migrantes en los CIE durante la alarma “vulnera su derecho a la salud”: “En Barranco Seco hay seis personas por celda”

Canarias Libre de CIE urge a que se ponga en libertad inmediata a todas las personas retenidas en Barranco Seco (Gran Canaria) y Hoya Fría (Tenerife) dado el actual Estado de Alarma en el que se encuentra el país con motivo de la crisis sanitaria del coronavirus. Además exige que no se autoricen nuevos ingresos y se les garantice una acogida digna y humanitaria, suspendiendo también los procedimientos de expulsión y repatriación. Esta petición se suma a sus reivindicaciones por la clausura definitiva de estos centros y por encontrar alternativas que respeten los derechos humanos. “Carece de toda lógica seguir reteniendo a estas personas para expulsarlas, dada la actual situación internacional de suspensión del tráfico aéreo, así como el cierre de fronteras”.

Son muchas las razones que sustentan su exigencia, como “el derecho a la salud de las personas retenidas, así como del personal que trabaja en los centros”. La plataforma recuerda que un sindicato policial ha confirmado el positivo de un agente de la Policía Nacional que prestaba servicio en el CIE de Tenerife. “Las personas internas son consideradas de alto riesgo por su condición de hacinamiento. No podemos obviar las pésimas condiciones en las que se encuentran, ya que es imposible aplicar algunas de las medidas de prevención y seguridad que garanticen la propagación de la enfermedad y la salvaguarda de sus derechos”.

Respecto a Barranco Seco, su estructura arquitectónica y distribución de espacios hace imposible mantener las medidas de alejamiento recomendadas por las autoridades sanitarias y consideradas necesarias para evitar posibles contagios (1,5 metros), teniendo en cuenta que “en cada celda duermen seis personas”. Canarias Libre de CIE también propone facilitar el regreso a su residencia de las personas que cuentan con familiares domiciliados en territorio nacional.

Cada centro de internamiento ha adoptado de forma unilateral distintas medidas en cuanto a la atención de la emergencia del COVID-19. “Esto refleja una total incoherencia con la centralización de las competencias anunciadas con el Estado de Alarma. El Ministerio del Interior debe establecer unas directrices comunes aplicables a todos los centros sobre la puesta en libertad, la continuidad de los internamientos y el cumplimiento de las medidas de prevención y seguridad”, insiste la organización.

El 19 de marzo, el Defensor del Pueblo trasladó en una carta al vicepresidente portavoz de la Asociación de Abogados de Extranjerías la necesidad de poner en libertad a las personas migrantes internadas en los CIE de España.