Auténtica participación

La Ley de Participación Ciudadana, considerada una de las “estrellas” de esta bien estrellada legislatura, nace, por tanto, en medio de la controversia sobre su finalidad y contenidos, sin consenso e invadiendo competencias de ayuntamientos y cabildos. Corporaciones locales e insulares a las que el Gobierno sistemáticamente desoye.

Modos y maneras que sí sintonizan, todo hay que decirlo, con la práctica habitual de este Ejecutivo que escucha poco y prefiere la aplicación del rodillo al establecimiento de acuerdos, lo que le lleva a cometer frecuentes errores, como hemos visto estos días con su planificación de la reforma de la Formación Profesional, una transformación de enorme calado que ha sido realizada sin el imprescindible diálogo con todos los sectores implicados en la misma.

Práctica contraria

Trata de sacar adelante esta ley un Gobierno, el de ATI-CC y PP, que en sus dos años de mandato no se ha caracterizado en modo alguno por una práctica que estimule ni respete la participación de los ciudadanos y las ciudadanas en la vida pública, más bien todo lo contrario, cercenando de manera impresentable y escasamente democrática las iniciativas de colectivos y ciudadanos.

En ese sentido, resultan absolutamente incoherentes y alejadas de la práctica real las proclamas del consejero de Presidencia y Justicia, José Miguel Ruano, sobre la gubernamental idea de “fomentar una sociedad activa, responsable y participativa”. Más allá de las palabras está la acción política de un Ejecutivo que camina justo en dirección contraria.

Un ejemplo claro de ello fue que los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno ni siquiera permitieron la toma en consideración de la Ley de Iniciativa Popular sobre el crecimiento turístico presentada por Ben Magec-Ecologistas en Acción, pese a contar con el respaldado de más de 45.000 firmas. Considero que lo responsable era tomarla en consideración, más allá del legítimo derecho del Parlamento, en el que está representada la voluntad de cientos de miles de canarios, a aprobarla o no.

Sin embargo, fueron capaces de aprobar una ley que afecta al territorio, la de Medidas Urgentes, con los votos exclusivos de sus parlamentarios y con un amplio rechazo social (patronales turísticas, instituciones locales e insulares, colegios de arquitectos, etcétera). Sólo 30 parlamentarios, la mitad de la Cámara, ratificaron esta Ley.

Se rompía, de esta manera, con lo ocurrido hasta ahora en la Comunidad Canaria, donde siempre las grandes leyes que tienen relación con la ordenación territorial se han aprobado tras un debate intenso, con un enorme apoyo social y por unanimidad en el Parlamento de Canarias, como sucedió con la Ley de Ordenación del Territorio, la de Espacios Naturales o las de Directrices de ordenación general y del turismo.

Ley electoral

Resulta más paradójico aún que se llenen la boca con participación social los mismos partidos, ATI-CC y PP, que tratan a toda costa de evitar la reforma de un sistema electoral injusto que en las elecciones de mayo de 2007 dejó sin representación a 150.000 canarios, el 17% de los votantes, por la presencia de barreras electorales que no tienen parangón en ninguna comunidad autónoma ni en otros sistemas electorales europeos.

El voto en los distintos comicios es, precisamente, una de las formas más importantes de participación en las sociedades democráticas. Y resulta escandalosa la pervivencia de barreras del 30% insular y del 6% archipielágico, cuando para acceder a ayuntamientos, cabildos o al Congreso de los Diputados es sólo del 5%. Porcentaje similar al que se exige en las elecciones autonómicas de las distintas comunidades, salvo la vasca que desde hace varias legislaturas lo redujo al 3%.

Por tanto, más que inventarse nuevas leyes, que se suman a la conocida estrategia propagandística del actual Gobierno canario, urge la rectificación de una práctica política que tiene muy poco en cuenta la opinión de la ciudadanía y de los colectivos organizados, así como de la propia oposición parlamentaria; y que muestra un escaso respeto a los distintos ámbitos institucionales, invadiendo competencias de cabildos y ayuntamientos. Urge rectificar y proceder a la recuperación de la búsqueda de consenso social y político sobre los grandes temas que afectan a Canarias y proceder, asimismo, a la reforma del sistema electoral canario.

Lo contrario es persistir en un discurso vacío y en unas actuaciones cara a la galería que no estimulan una auténtica participación y que en nada contribuyen a mejorar la calidad de nuestra democracia.

(*) Román Rodríguez es presidente de Nueva Canarias. Román Rodríguez *