Más de un billón de euros

Hay que recordar que el BCE es un banco público, que sostenemos los ciudadanos europeos; y que, pese a ello, solo parece contar con fondos para beneficiar a la banca privada. Los mismos que se niegan a los estados, a las empresas y a las familias.

Voluntad política

Desgraciadamente, y por absoluta falta de voluntad política, por no establecer condiciones a los beneficiarios de estos préstamos, no existe ninguna garantía de que esta revitalización de la banca se traslade a la sociedad, mediante una mayor facilidad de acceso a los créditos tanto por las familias como por las pequeñas y medianas empresas. Es decir, que este abundante riego financiero no repercutirá ni en la inversión ni en el empleo.

Como en la anterior ocasión, la del mes de diciembre, solo va a servir para resolver las deudas que tienen los bancos, saneando sus cuentas; así como para que estos coloquen una parte en depósitos en el propio BCE y, además, compren deuda soberana de los estados a intereses abusivos. Eso es jugar con cartas marcadas: la banca siempre gana.

Se persiste, por tanto, en continuar por una vía profundamente injusta y equivocada. Un camino que no incide lo más mínimo en la reactivación de la economía y en el establecimiento de elementos que coadyuven a la superación de la actual y profunda crisis; y que atenúen sus consecuencias en la población de los estados europeos, en las que sus sociedades observan como se incrementa el desempleo, están menos cohesionadas y más empobrecidas, así como con deteriorados servicios públicos.

Vale la pena recordar aquí la propuesta planteada hace apenas un mes por el exprimer ministro de Francia, Michel Rocard, quien rechazó que los bancos privados sean financiados por el BCE a intereses reducidos, del 1%, y que luego los estados miembros tengan que pagar ese dinero diez o doce veces por encima.

Planteando como salida más correcta que el Banco Central Europeo puedan prestar a los Estados a intereses justos, evitando así la recesión, la crisis política y social, la condena al desempleo y a la pobreza a la que conducen las actuales medidas.

El problema de la deuda soberana tiene una solución más que razonable, sin recurrir al actual desmantelamiento del Estado del Bienestar, si el Banco Central Europeo habilita créditos a tipos asequibles de interés. Es decir, poniendo en práctica lo que ya hacen los bancos centrales de EEUU, Japón o Reino Unido, todos ellos con deudas públicas por encima de la española.

Estímulo

Insisto, en que además de obligar a que una parte de lo concedido a la banca privada se inyecte en el sistema financiero, facilitando el acceso a los créditos de familias y empresas, el BCE puede contribuir, en torno a los 150.000 millones, a un plan de estímulo que facilite la inversión pública y tire de la demanda.

Por otra parte, considero imprescindible que Europa dé pasos para el establecimiento de impuestos a las transacciones financieras y a los beneficios de los bancos; y ponga límites al papel de las agencias de calificación. Se precisa, igualmente, un modelo fiscal más progresivo, que haga que paguen más lo que más tienen. Y que persiga contundentemente el fraude fiscal y trabaje para eliminar los paraísos fiscales.

En este sentido, no es de recibo que el 80% de las empresas del IBEX (28 de las 35 que la integran) tengan presencia en paraísos fiscales. Estrategia con la que se evita pagar impuestos en los estados donde las empresas producen su riqueza, en este caso España. Porcentaje muy superior, por cierto, al del año 2009, donde eran el 69%.

Asimismo, llevo tiempo planteando la necesidad de rebajar el ajuste fiscal para evitar su brutal impacto en la economía, que se traduce en pérdida de empleos y retroceso de las políticas sociales y los servicios públicos.

Sorprende la decisión del Gobierno de Rajoy de elevar el objetivo de déficit para 2012 del 4,4% establecido por el Plan de Estabilidad al 5,8%, al parecer sin contar con el visto bueno de Bruselas. Y que, de forma incoherente y disparatada, plantea alcanzar el 3% el próximo año. Demuestra, una vez más, el desnorte del presidente, sus improvisaciones e incumplimientos; así como la gravedad de la situación y las presiones recibidas por parta de las comunidades autónomas del PP.

Sucedió con la subida de impuestos, que negó reiteradamente, y llevó a la práctica pocas semanas después de acceder al Ejecutivo. O con su rechazo antes del 20-N a una reforma laboral asociada al despido, aprobando una normativa extremadamente agresiva y que facilita enormemente las reducciones de plantilla. Ahora, el mismo Rajoy que consideraba que era obligatorio cumplir con los objetivos de déficit porque lo contrario generaría desconfianza en los mercados, se lo salta unilateralmente dejando al desnudo sus incoherencias y, al mismo tiempo, la oposición irresponsable que ejerció.

He reiterado que es preciso aplazar los actuales objetivos de déficit, derivándolos hasta 2015 o 2016, y que ésta es una decisión que debe adoptar Europa. Porque tampoco será posible alcanzar el 3% al que se conmina a España en el año 2013. Salvo que se someta a un sacrificio inhumano, al paro, a la pobreza y a la carencia de cualquier tipo de protección social, a millones de ciudadanos y ciudadanas.

Europa y España no pueden persistir en políticas equivocadas que solo nos llevan a un año de profunda recesión económica, de pérdida, en el caso español, de cientos de miles de empleos (sólo en febrero ya se han producido más de ciento diez mil nuevos desempleados, de ellos casi 5.000 en Canarias, a lo que también ha contribuido la reforma laboral; y calculan otros 630.000 en lo que queda de año). Y, por tanto, políticas de enorme castigo, de dolor sin nada a cambio, como bien señala Paul Krügman. Con el que coincido en que es hora de dejar atrás “las creencias imaginarias sobre las virtudes de la austeridad en una economía deprimida”. La práctica ha demostrado suficientemente su completo fracaso.

Román Rodríguez