Pero la diputada del PP por Las Palmas, Mercedes Roldós, fue más allá al calificar la reforma de “nacionalsocialista”; o sea, de nazi. Lo que molestó al portavoz psocialista, Diego López Garrido, que carece de sentido del humor suficiente para reparar en quienes están más cerca de semejante parentesco ideológico. Puso en evidencia la frivolidad e ignorancia de Roldós, las que no resultan novedosas, en lugar de preguntarle, por ejemplo, si prefería una reforma nacionalsindicalista más ajustada a sus ancestros ideológicos inmediatos. Pero eso no es nada comparado con la montada a cuenta del Estatuto catalán. El PP, derrotado en las instancias políticas, recurrió al Tribunal Constitucional contra el Estatut. Y arremetió contra uno de sus componentes, el magistrado Pablo Pérez Tremps, porque hace años la Generalitat le encargó un informe académico sobre el dicho Estatut, mira tú. En el momento del encargo, elaboración y entrega del informe, Pérez Tremps no formaba parte del Constitucional, pero el trabajo dio pie a la recusación del PP para entender de su recurso contra el Estatut. Recusación que el Tribunal no aceptó la primera vez. Pero el PP volvió a la carga y tres de los magistrados modificaron su voto anterior y admitieron la recusación para que de mayoría a los magistrados afines al PP y a las tesis contrarias al Estatut.Al margen de los motivos de los magistrados que cambiaron el voto, es evidente que con el PP suelto, habrán de renunciar a publicar y a aceptar encargos cuantos catedráticos aspiren a ocupar algún día un cargo. El informe de Pérez Tremps para la Generalitat siguió la línea de sus trabajos anteriores, la mayoría de ellos publicados, lo que le ha resultado actividad de alto riesgo al servirle a la derechona en su estrategia de bloqueo. Una estrategia obstruccionista que el PP quiere llevar con el mayor descaro a sus últimas consecuencias. Ahora trata de evitar la dimisión de Pérez Tremps porque el Gobierno estaría obligado (insisto, obligado) a nombrarle sustituto y perdería esa ventaja. Así que se esfuerza la derechona para que el magistrado no dimita y adelantó ya que, de producirse, la sustitución (obligada, repito) del magistrado “sería propia de otros regímenes”, “un fraude”, “una desvergüenza”. En definitiva: con verdad o sin ella, el PP acusará al Gobierno de forzar la dimisión de Pérez Tremps, si ésta se produce. Están pues dispuestos los peperos a acabar con todo para hacerse con el Gobierno. Lo peor es que ya es tarde para cambiar de país.