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Despropósitos

José A. Alemán / José A. Alemán

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Fuentes, el alcalde, es un trabajador y dice no haber visto en su vida semejante cantidad ni disponer de ella, así que está dispuesto a ir a la cárcel. Y denunció, de paso, la asfixia económica de su pequeño municipio por parte del Pocero, que se niega a abonar una deuda de cuatro millones de euros, cantidad relevante ante un presupuesto municipal de sólo once. Sin que nadie le siente la mano, faltaría más.

Otra resolución llamativa fue la que condenó a dos periodistas de la Ser de la que tanto se ha hablado estos días. El delito fue publicar el listado de una serie de afiliaciones irregulares al PP en el marco de aquel lío, el del diputado Tamayo, que dio la presidencia de Madrid a Esperanza Aguirre. El juez reconoció en la sentencia la veracidad de la información y su interés público, pero los condenó porque apareció en un periódico digital y a juicio de su señoría Internet no es un medio de comunicación social. La leche. Confundió la velocidad con el tocino al no diferenciar el soporte de la función y se agarró, por último, a la protección legal de los datos privados. De lo que se deduce que dar el nombre de quien ha cometido una irregularidad grave es invadir ilícitamente la intimidad del nombrado.

Nada les digo de la aceptación por el Supremo de las querellas contra el juez Garzón por querer investigar los crímenes franquistas presentadas por gentes a las que debieron parecerles bien, digo yo que será. Lo dicho: no se les entiende o se les entiende demasiado.

En cualquier caso, son asuntos de fácil solución. Al alcalde de Seseña le bastaría abandonar sus actitudes políticamente incorrectas y buscar una empresa que le ponga el millón a cambio de licencias cuando vuelva, Dios mediante, la especulación. Lo molestarían menos al pasarse al bando guay en lugar de exponerse si no paga a comenzar a cumplir desde ya, antes del juicio, los años de cárcel que solicitan para él los abogados del Pocero.

En cuanto a la Ser, dado que la veracidad y el interés público no bastan, podría solventarse el problema si fueran los jueces, no los periodistas, quienes decidieran lo que ha de publicarse. Al fin y al cabo no es práctica tan desconocida pues tiempo hubo en que los contenidos de cada edición tenían que pasar por la censura de Información y Turismo antes de salir a la calle. Cosa que, bien mirada, no deja de ser un avance ya que en lugar de ser un funcionario quien tenga la última palabra, ahora le correspondería a un juez adornado con todas las virtudes de independencia e imparcialidad que se le suponen.

De lo de Garzón nada digo ya que Franco no fue derrocado sino que murió en la cama y consiguieron los franquistas concesiones. La amnistía, por ejemplo. Está claro que a nadie puede pedírsele cuentas por aquello pues sus autores materiales han desaparecido, pero se trata con excesivas contemplaciones a quienes hacen alarde proselitista de las ideologías que están detrás.

Así es si así les parece, que no vamos a discutir por eso.

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