Electores excluidos

Cierto es que para lograr sus objetivos han contado con la complicidad del PP y, últimamente, de un PSOE que en el 'Acuerdo para aprobar los Presupuestos Generales del Estado y para la estabilidad política, institucional, económica y social' rubricado por Zapatero con CC, ha aceptado desvincular la reforma estatutaria del cambio del sistema electoral, dejando a los pies de los caballos a sus compañeros del PSC.

En efecto, el actual Gobierno canario en minoria ?el sustentado por la organización política que más retrocedió en las urnas, el tercero en voto ciudadano, con el respaldo de un 23% de los que en mayo de 2007 acudieron a los colegios electorales; con un 77% del electorado que no los apoya- acaba de anunciar la presentación de un recurso de inconstitucionalidad a la reforma de la ley electoral aprobada recientemente por el Congreso de los Diputados.

Como se sabe, la misma, apoyada por los dos grandes partidos estatales, impide el sufragio a los emigrantes españoles en las elecciones municipales, posibilitando, eso sí, que lo sigan haciendo en los comicios autonómicos y en las elecciones generales. Desde NC hemos sido claros en el rechazo a esa restricción, defendiendo el voto de los emigrantes canarios a locales, autonómicas y generales.

Déficit democrático

Hubiese sido muy importante que los mismos reflejos, la misma rapidez, la misma invocación a valores democráticos, el mismo interés demostrado en la gubernamental respuesta a las modificaciones introducidas en la ley electoral estatal, lo aplicase el presidente autonómico y su partido en la defensa de los hombres y mujeres que se acercan a las urnas en estas islas y que son víctimas de un sistema electoral disparatado y que provoca un profundo déficit democrático en nuestra tierra.

Como he señalado en otras ocasiones, la comparación del voto que no obtiene representación parlamentaria en Canarias con lo que sucede en otras comunidades resulta escandalosa. Y reduce gravemente la calidad de la vida democrática en las Islas, al imponer unos topes para acceder al Parlamento del 6% archipielágico y del 30% insular, mientras que en el resto de comunidades autónomas oscila entre el 3% y el 5%.

Así, en las elecciones catalanas sólo el 2,45% de los electores se quedaron sin representación, y en las del País Vasco el porcentaje baja hasta el 1,8%. En Canarias, en los comicios de 2007, el voto del 16,3% de los ciudadanos, más de 150.000 personas, fue a parar a la papelera; y en el caso de Lanzarote el porcentaje se elevó hasta el 36%.

Interés partidista

Esta circunstancia, que es subsanable desde el Parlamento de Canarias, que no exige la intervención de instancias externas, se mantiene inalterable por el interés partidista de la derecha canaria, que pone por delante el beneficio de ATI-CC, importándole muy poco el respeto a la voluntad que la ciudadanía expresa en las urnas, potenciando paralelamente la abstención y el desafecto hacia la participación política e impidiendo el cambio político. Se trata de mantener el mismo sistema electoral que, por ejemplo, posibilita que en la circunscripción de Gran Canaria ATI-CC tenga actualmente un escaño cuando apenas alcanzó el voto del 5% de los sufragios y Nueva Canarias, que casi le triplica en apoyo ciudadano, quedara fuera del Parlamento.

Por eso, la reclamación del Gobierno canario, su anuncio de presentación de un recurso de inconstitucionalidad a la reforma de la ley electoral estatal, no tiene nada que ver con convicciones democráticas ni con una apasionada defensa del voto popular.

Está presente, eso sí, el interés de ATI-CC por captar ?mediante la reiteración de prácticas clientelistas en algunos países de América Latina- el voto de 87.000 inmigrantes canarios, unos sufragios que pueden influir en la conformación de mayorías en algunos ayuntamientos, especialmente en las islas occidentales del Archipiélago.

Pese a las limitaciones que impone el sistema electoral canario, Nueva Canarias superará ampliamente la barrera del 6%, y estará representada en el Parlamento canario tras las elecciones locales y autonómicas del próximo mes de mayo, en las que, estoy plenamente convencido, el apoyo ciudadano nos permitirá constituir grupo parlamentario. Y está dispuesta, a petición de nuestras organizaciones insulares, a la búsqueda de acuerdos que ayuden a garantizar la voluntad política expresada en las urnas, para que otras fuerzas políticas en los distintos territorios insulares puedan superar esas injustas barreras y el Parlamento de Canarias sea más democrático y plural, reflejando la auténtica voluntad de la ciudadanía, lo que no sucede cuando se excluye al 16,3% de los votantes.

Y desde el Parlamento seguiremos impulsando decididamente una profunda reforma de la ley electoral para que, por fin, se respete la voluntad que los hombres y mujeres de Canarias expresan ante las urnas, cosa que hoy, por la responsabilidad de ATI-CC y sus aliados, no ocurre en modo alguno.

* Presidente de Nueva Canarias.

Román Rodríguez*