Las eléctricas al borde de un ataque de nervios

Las tarifas eléctricas las fija teórica o aparentemente el Estado pero en realidad las establecen las compañías. El Boletín Oficial del Estado decide cada año la cuantía autorizada con criterios políticos, sociales y económicos de forma que la elevación tarifaria sea digerible por los ciudadanos y por la actividad económica; es en efecto un gasto considerable para las familias, un factor de inflación y, como ingrediente universal de las empresas, de todas las empresas, un coste que afecta a su competitividad. Fijadas las tarifas por el Estado las compañías pergeñan sus propios cálculos y constatan que son inferiores a sus costes. En consecuencia calculan la tarifa “idónea”, hacen una sencilla operación de resta con la oficial de lo que se desprende un “déficit” o “deuda” exigible al Estado. Este déficit de diseño sería un brindis al sol inoperante si no fuera reconocido por el Estado; este no lo reconoce oficialmente pero si oficiosamente y con este reconocimiento oficioso, las eléctricas “titulizan” ? palabra mágica que se ha hecho sospechosa ? y colocan los títulos a los bancos recibiendo así un adelanto, con intereses por supuesto, de lo que ellos estiman que se les debe.

Así ha funcionado el sistema hasta ahora pero hete aquí que llega la crisis, la sequía del crédito, las dificultades bancarias etc, los bancos dejan de adquirir tales títulos y el sistema estalla. Por eso decía antes que aunque el momento no es el más propicio no hay más remedio que afrontarlo pues no podemos seguir como hasta ahora. Las compañías aseguran que no pueden financiarse y en consecuencia amenazan con anular sus compromisos de inversión.

El sector eléctrico es muy singular, entre otras razones porque la electricidad no se puede almacenar, porque España es una isla eléctrica y no funciona un verdadero mercado comunitario que garantice una competencia efectiva; de hecho funciona un semiduopolio integrado básicamente por Endesa e Iberdrola los gigantes, acompañados a gran distancia por Unión Fenosa, en proceso de absorción por Gas Natural, e Hidrocantábrico en manos de EDP, la compañía portuguesa. Es una actividad compleja en sus cuentas por lo que siempre habrá dudas sobre la autenticidad de los costes que las compañías presentan en una contabilidad enrevesada. Esta es una cuestión previa que interesa resolver pero que no afecta al fondo del problema y de las propuestas alternativas para resolverlo.

Una de estas alternativas, la que podríamos llamar, “definitiva” o “solución final” es la propuesta por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) consistente en elevar la tarifa para el año que viene en un 30 por ciento, lo que es políticamente inviable. La propuesta ha sido calificada por el ministro de Industria, Miguel Sebastián de “barbaridad” y acto seguido les ha reducido el presupuesto al órgano regulador que se encuentra con el alma en vilo porque es la hora de renovación de unos consejeros que están mejor pagados que los ministros. El recorte viene en un momento en que la CNE que preside Maite Costa reclamaba más margen de maniobra para ejercer sus funciones de supervisión de los mercados energéticos.

Otra opción sería que el Estado garantizara los “títulos” aludidos, los “vales” del fructífero “déficit de tarifa” o que comprara los “vales” a cuenta de los 50.000 millones de euros destinados por la Administración a la compra de activos decretada para aliviar a las entidades financieras. Queda finalmente otra solución: que el supuesto déficit tarifario entrará en el auténtico y genuino déficit del Estado a lo que, ya puede decirse, Solbes no está dispuesto. Lo que ya no se pude hacer es seguir al “tram-tram” de toda la vida, subiendo las tarifas a niveles aceptables por la opinión publica y prometiendo a las eléctricas que ya se lo pagará.

Es posible que los costes reales no sean los que proclaman las compañías pero en lo que estas tienen razón es que las tarifas sustentan no solo sus costos de producción sino también los dictados gubernamentales para integrar las energías renovables ? eólicas y fotovoltaicas sobre todo - que cuestan mucho más que las otras, en las que al Gobierno se ha excedido con sus bonificaciones, así como los sobrecostes del suministro a las islas y otras acciones de interés general.

Ha llegado el momento de clarificar las cuentas, de que el Estado asuma lo que es del Estado, quizás vía presupuestaria, y que el sector asuma sus propias responsabilidades. El caso es que las eléctricas están al borde de un ataque de nervios y amenazan con una huelga de inversiones y ya sabemos a lo que llevan los retrasos inversores en términos de apagones y deterioro del servicio además de en puestos de trabajo.

*José García Abad es periodista, escritor, director de El Siglo y analista político, en elplural.es

elplural.es José García Abad*