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'Eolo' sopla en Lanzarote

José A. Alemán / José A. Alemán

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Dice el Gobierno que la oferta de Inalsa no cumple no sé qué requisito; responden los conejeros que de eso nada, que no hay incumplimiento maldito y que en agosto la Consejería los llamó para corregir ciertos defectos técnicos de su oferta y no dijo ni media palabra del incumplimiento de ese requisito que pretexta ahora para negarles el aire y no sé si el resuello. De ser esto cierto, me pregunto cómo es posible que la Consejería obviara entonces la falta de un requisito tan importante que le ha servido ahora para descartar a Inalsa. O miente el Cabildo o ha habido mala fe de la Consejería para perjudicar a Inalsa a favor de otros aspirantes; una de dos porque lo contrario es imposible.

Mucho me temo que estamos ante un nuevo caso de favorecimiento de intereses privados mediante el atropello de los públicos representados aquí por la corporación y los siete ayuntamientos de Lanzarote. Con el antecedente del caso Eolo, en el que también se alinearon la Consejería y los Soria con capitales privados, cabe pensar mal y hasta peor: no se advirtió a Inalsa de la ausencia de un requisito importante para dejarla luego tirada. Si, encima, se comprueba que no existe el incumplimiento alegado, ya me contarán.

Manuela Armas calificó la adjudicación sólo de “canallada”: es una señora y no va a decir que realmente fue una cabronada. Denuncia Armas que esta entrega de los recursos naturales conejeros a capitales privados foráneos implica trato colonial del Gobierno a la isla que preside. No digo que no, si bien parece más preciso decir que la decisión es otro reflejo del intervencionismo de corte provincialista, del espíritu de la Provincia única que empapa cada vez más las decisiones gubernamentales centralizadas en beneficio de quienes están más cerca del poder; aunque ahora no lo llamen “provincial” sino “autonómico”. Da igual: el favorecimiento de los intereses y de los grupos en el entorno del poder centralizado es el mismo en esto que llaman “autonomía” que en la antigua “provincia”. ¿De qué autonomía hablan cuando decisiones adoptadas al estilo provincial centralizador puro y duro niegan a una isla el derecho a gestionar y administrar sus propios recursos? La Consejería ha actuado como los viejos gobernadores civiles.

Queda mucho por ver en este asunto. Pero, en cualquier caso, por encima de la disputa concreta, vuelve a ponerse en evidencia la desconfianza general que inspiran las decisiones de un Gobierno solícito con los intereses privados cuando son lo suficientemente poderosos para dejarse sentir; y querer, claro. La energía eólica es negocio atractivo para el capital privado y debe parecerle al Gobierno que merita la pena pasar, como otras veces, por encima del interés público, en este caso el de Lanzarote y de todas sus corporaciones locales. Total, qué es otra raya para un tigre.

Al margen del nuevo contencioso en sí, resulta significativo, a lo que iba, la primera reacción: sin conocerse aún los detalles, se considera altamente probable que la Consejería, el Gobierno en definitiva, haya actuado de mala fe contra los intereses generales conejeros; nuevo indicio de que al Ejecutivo sólo lo sostiene un Estatuto inadecuado con más trampas que la chaqueta de un mago; de los que hacen magia, se entiende. Está el Gobierno tan atrincherado y resulta estatutariamente tan inatacable que no hace propósitos de la enmienda, no se preocupa de aprender de una vez para la siguiente y ni siquiera se ha enterado de que la avaricia, presunta of course, de alguno de sus miembros puede romperle el saco.

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