De espaldas a la ciudadanía por Guacimara Medina Pérez

Y la respuesta del consejero Domingo Berriel en los medios de comunicación no tiene desperdicio alguno: “sólo los grupos que se oponen a la creación de nuevas infraestructuras están en contra del nuevo catálogo de especies protegidas”. Es decir, que el Gobierno de Canarias tiene como prioridad absoluta la construcción de infraestructuras por encima de todo y poco le importan sus consecuencias desde el punto de vista social y medioambiental. Y ¿ustedes se autodenominan nacionalistas? Cuando no escuchan la voz de los canarios, cuando en vez de proteger el principal recurso de estas islas, que es el territorio, lo destruyen en beneficio de unos intereses particulares y en contra del interés general de Canarias.

Mire usted, no nos oponemos a las infraestructuras. Simplemente consideramos que algunas se realizan en beneficios de intereses muy concretos de unos pocos y que afectan gravemente al patrimonio medioambiental de estas islas, como han puesto de relieve los máximos expertos y científicos con datos contundentes. Sin embargo el fundamento de su Gobierno se basa en la mentira y en el engaño, alentando la desinformación y fomentando la confusión social. Sirvan dos ejemplos entre miles:

1.- Hace unos días la diputada del PP, María Australia Navarro, aseguraba que tenía informes de expertos que avalaban el Catálogo de Especies Protegidas. Si eso es así, señora Navarro, ¿por qué no proporciona esos supuestos informes, por qué no expone públicamente sus consideraciones y por qué no es capaz de poner nombres y apellidos de esos expertos? Tengo la impresión que ese oscurantismo es simplemente la excusa de otra mentira más.

2.- CC, a través de su diputado José Miguel González, ha justificado la modificación del actual Catálogo a la aportación realizada por un colectivo científico en 2004. Sin embargo, esas afirmaciones han sido desmentidas por la comunidad científica canaria, que denuncia que el Catálogo está planteado más como un sistema de descatalogación que de protección -y que si fuera aprobado dejaría fuera de protección a 226 especies protegidas desde 2001, a otras 131 se les rebajaría el grado de protección y 94 se protegerían “de forma perversa”- y, además, han resaltado que el Catálogo contempla la posibilidad de que los espacios protegidos puedan dejar de estarlo por motivos de interés general.

El descaro del Gobierno de Canarias es tan desmedido que han surgido voces de quienes han desempeñado cargos públicos con CC, contrarias a la aprobación de la nueva Ley. Así, Faustino García Márquez -ex director general de Urbanismo y de la Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático, nombrado por el propio Paulino Rivero- ha llegado a manifestar que en Canarias “para lograr unos intereses privados se manipula y se expolia nuestro patrimonio de una manera descarada” y que ''la consejería de Medio Ambiente se ha convertido en la de Infraestructuras''. O también las declaraciones de Fernando Redondo Rodríguez -presidente del Consejo Económico y Social (CES) de Canarias y ex consejero de Política Territorial de CC- que junto a otros 14 expertos firma un manifiesto donde se critica duramente la intención de CC y PP de aprobar un nuevo catálogo de especies amenazadas que “rebasa los límites de la propia acción parlamentaria”.

El PSC-PSOE comparte y coincide con la comunidad científica canaria, las asociaciones ecologistas y los colectivos sociales en que esta ley no nace con la idea de proteger la biodiversidad de las Islas, sino con la finalidad de destruirla. Y que la misma tiene como única finalidad desbloquear, contra las leyes estatales y europeas, la construcción del puerto en Granadilla, que es su principal interés. Por tanto, para el PSC no es suficiente con introducir medidas correctoras en la Proposición de Ley impulsada por CC sobre el Catálogo Canario de Especies Protegidas. Hay que enmendarla en su totalidad.

Un gobierno que impide que una proposición de ley de iniciativa popular con el aval de más 50.000 firmas sea discutida en el Parlamento; un gobierno sordo ante las demandas sociales de miles de canarias que se han lanzado a la calle reivindicando sus derechos; un gobierno incapaz de establecer diálogos y confrontar ideas; un gobierno que desprecia y castiga a la comunidad científica; un gobierno que defiende un sistema electoral antidemocrático; un gobierno que atenta contra la conservación del medio ambiente; un gobierno que fomenta la especulación y prima los intereses particulares de unos pocos; un gobierno que basa su política en el engaño y la desinformación; un gobierno que no da respuesta a los problemas sociales, económicos y medioambientales; un gobierno que, en definitiva, da la espalda a la ciudadanía no es un gobierno democrático en sus formas. Y ese es el modelo nacionalista de Coalición Canaria. Todo lo demás, cuento.

* Diputada del Grupo Socialista en el Parlamentario Canario

Guacimara Medina Pérez*