Por fin Europa en la Constitución española por Juan Fernando López Aguilar

Todas las democracias de nuestro entorno contemplan y practican con madurez y normalidad reformas en sus constituciones. Y lo hacen por mayorías cualificadas de sus parlamentos, sin necesidad de referéndum. Los ejemplos se cuentan por decenas en EEUU y Europa. En España hemos sacralizado en tal modo el pacto constituyente de la transición como un suceso astral “históricamente irrepetible” que, no solamente hemos petrificado la Constitución sin atrevernos a tocarla por más que pasasen los años y se pusiesen de manifiesto disfunciones y demandas que era imposible contemplar en los años 70, sino que hemos llegado a perjudicar la fuerza de la Constitución y su proyección hacia el futuro a base de cosificarla y alejarla de las generaciones que no pudieron votarla, o que ni siquiera habían nacido.

Es cierto que esta reforma plantea legítimamente un debate sobre su objeto, procedimiento y plazos de tramitación.

En cuanto al fondo, estoy de acuerdo como socialista en que la ausencia de estabilidad presupuestaria perjudica la sostenibilidad de las cuentas públicas y supone un quebranto de la solidaridad intergeneracional, transfiriendo deudas que no podemos pagar a los españoles que vendrán.

Técnicamente, el artículo es discutible y remite a una ley orgánica, pero también contiene dos aciertos que hacen historia:

Por un lado, constitucionaliza- por fin, ya era hora- la Unión Europea en la Constitución (coordenada sin la cual es imposible entender lo que nos pasa y mucho menos resolverlo); y por otro, constitucionaliza el compromiso de las comunidades autónomas, y de todas por igual, con el cumplimiento de nuestras obligaciones con Europa, y el rigor en las cuentas públicas que deben financiar los servicios que realizan los derechos fundamentales de los ciudadanos y el futuro del Estado de bienestar y de la solidaridad.

En cuanto al procedimiento, la vía del artículo 167 es la correcta: mayoría de 3/5 en cada cámara sin necesidad de referéndum. Es cierto que el referéndum refuerza democráticamente las grandes decisiones binarias (un 'sí' o un 'no' claramente delimitado), pero también. que cuando se trata de articulados complejos el referéndum puede prestarse a varios ángulos de controversia: Su coste económico, su carácter inevitablemente divisorio o confusión y conflictos en la gestión de sus resultados. Su invocación es legítima pero también lo es que las Cortes desestimen su convocatoria por las 9/10 partes de sus miembros.

Precisamente porque la Constitución no quiere vincular un referéndum a cualquier retoque que su texto pueda recibir en el curso del tiempo, es por lo que se ha establecido, como en todas las democracias, la facultad de hacerlo por mayoría cualificada, lo que es en sí impecable.

En todo caso, debe saberse que la Constitución sustrae toda reforma constitucional a la iniciativa popular: Ni la reforma ni el referéndum pueden solicitarse mediante recogida de firmas (artículo 166).

El tercer problema afecta a los tiempos. A mi juicio, es el más difícil y es la objeción más seria de entre las que se plantean. Somos todos conscientes de que toda reforma aconseja, en tiempos normales, debates prolongados y participativos.

Pero esta ocasión se explica como extraordinariamente grave. Se trata de apremiar los tiempos para emitir los mensajes que puedan inspirar confianza y determinación para embridar las cuentas públicas. En este punto, con todas las dificultades y objeciones que comparto, sólo puedo y debo apoyar el ejercicio de responsabilidad que han asumido el Gobierno y las 3/5 partes que han apoyado la reforma. Se trataba de hacerlo ahora, antes que lamentar que un nuevo asalto a la deuda incremente de tal modo los intereses que estamos obligados a pagar que se haga imposible financiar, como es determinación del Gobierno socialista, las prestaciones por desempleo, la sanidad, la educación y los servicios esenciales sin sacrificios adicionales.

Por último, espero que esta reforma abra el debate acerca de la puesta en hora de la Constitución española en otros puntos que así lo requieran en la próxima legislatura. Con la apertura, transparencia y madurez que le es exigible a España como democracia avanzada dentro del proceso europeo.

*Juan Fernando López Aguilar es presidente de la Comisión de Libertades, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo

Juan Fernando López Aguilar*