Me lo expliquen por Emilio José Armas Ramírez

Como sabrán todas aquellas personas que han seguido el conflicto a través de la prensa escrita y demás medios informativos, un sector sindical, compuesto básicamente por Anpe, Insucan y una parte de CCOO, ha firmado con la consejera de Educación un preacuerdo de mejora retributiva con contrapartidas que ha supuesto, de facto, la ruptura del anterior Comité de Huelga por la Homologación que, hasta entonces, había sido ampliamente respaldado por todo el profesorado. Los referidos sindicatos justifican su apoyo al preacuerdo de marras por dos razones fundamentales.

La primera de ellas es que con el citado preacuerdo se pretende, según la consejera y las organizaciones firmantes, mejorar la calidad del sistema educativo. Visión ésta, no compartida por el resto de sindicatos, Stec-IC, EA-Canarias, UCPL y UGT, que creen que la mejora de la calidad del sistema educativo pasa por una serie de reformas estructurales que requieren, en primer lugar, de una mayor inversión económica y de una mayor consideración hacia la educación pública canaria por parte del ejecutivo autonómico.

La segunda razón es que, siempre según los firmantes del preacuerdo, éste no va a impedir que se siga demandando la homologación ya que ellos también la consideran justa. Lo que al parecer pretenden es aprovechar lo poco que da la consejera, algo que algunos de los representantes de esas organizaciones ha definido como “pájaro en mano”. Sin embargo, las organizaciones contrarias al preacuerdo consideran que, de elevarse a definitivo, el preacuerdo supondría la aparición de un nuevo sistema retributivo, que diferenciaría al profesorado del resto de los funcionarios de la comunidad autónoma y crearía discriminaciones retributivas entre el propio profesorado. Ello, según los no firmantes, sepultaría definitivamente las aspiraciones de homologación del profesorado.

Y aquí es donde surge la pregunta del millón. Si, como dicen los sindicatos firmantes Anpe, Insucan y CCOO, el preacuerdo es tan bueno para la calidad y no perjudica la homologación. ¿Por qué el pasado lunes, durante el pleno de la Junta de Personal Docente de la Enseñanza no Universitaria de la provincia de Las Palmas, no dieron su apoyo al programa de trabajo de dicho órgano para los próximos años? Aclaremos que las Juntas de Personal de ambas provincias son los máximos órganos de representación del profesorado. Consecuentes con este planteamiento, la Junta de Personal de Las Palmas ha querido desarrollar un plan de trabajo que refleje las principales demandas y preocupaciones del profesorado, tanto en materia laboral, como social y educativa. En tal sentido, el referido programa gira en torno a dos pilares fundamentales: el reconocimiento de la deuda contraída por el gobierno de canarias con el profesorado en concepto de homologación, una medida considerada necesaria para la justa valoración de la labor educativa que los docentes llevan a cabo, más allá del estricto cumplimiento de sus obligaciones; y la necesidad de introducir una serie de mejoras en el sistema educativo, conducentes a incrementar la calidad de la educación pública en Canarias a lo largo de los próximos años.

Si todas las organizaciones sindicales realmente creen en lo que, desde hace meses, nos han estado contando, el referido plan de trabajo debía haber sido aprobado por unanimidad. Sin embargo, como ya se ha explicado, las organizaciones pro-acuerdo se las han ingeniado para eludir la responsabilidad de pronunciarse sobre el plan de trabajo presentado. Y no es que discreparan con el mismo, que en democracia todos tenemos derecho a ello, eso sí, con argumentos. El problema es que los sindicatos firmantes saben que si suscriben un programa que reconoce la homologación como un derecho del profesorado y apunta a otro lugar, que no sea el propio profesorado, como causas de los malos resultados académicos, van a tener problemas para explicárselo al gobierno y, a estas alturas, no hace falta decir de parte de quién están esos sindicatos.

Lo peor de todo es que dichas organizaciones hicieron gala de un pésimo mal gusto y de la más absoluta desconsideración hacia el profesorado al que representan ya que, o bien no acudieron, o bien se marcharon justo antes de la votación, o simplemente se abstuvieron. ¿Cuáles fueron las razones para que todos los representantes de las organizaciones pro-acuerdo fueran paulatinamente ausentándose durante el pleno o sencillamente no acudieran al mismo? ¿Cómo puede alguien abstenerse de votar algo que dice tener tan claro? ¿Cuáles fueron los verdaderos motivos que llevaron a estas organizaciones a negar el apoyo a un programa de trabajo tan serio y riguroso como el presentado? ¿Es que no quieren la homologación? ¿O acaso no están de acuerdo con que se le exija al gobierno que invierta recursos para mejorar la calidad? Probablemente la respuesta a estas preguntas sea que ni quieren homologación, ni quieren calidad, lo que han estado haciendo es engañar al profesorado y a la sociedad con discursos demagógicos y vacíos de contenido. Bueno en realidad no nos han estado engañando, al menos no a todos, pero sí que lo han intentado y lo seguirán haciendo.

Por suerte, el profesorado puede estar tranquilo pues, gracias a la responsabilidad de la mayoría sus representantes, el programa de trabajo salió adelante.

* Emilio José Armas es delegado de la Junta de Personal Docente de la Enseñanza no Universitaria de Las Palmas por STEC-IC.

Emilio José Armas Ramírez *