Digo que supone un paso, porque desde Nueva Canarias hemos apostado firmemente, desde nuestro nacimiento como partido, por superar una situación, nacida del primer Estatuto de Autonomía de 1982 y que consideramos absolutamente sui géneris. Se consagra en él la doble capitalidad entre Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, situación única en el mundo, pero se establece la sede del Parlamento de Canarias de forma estable en la capital tinerfeña, mientras que la Presidencia del Gobierno alterna, cada legislatura, entre las dos capitales canarias.Ya en nuestra ponencia estratégica señalamos que el Estatuto vigente dio una respuesta insuficiente, destacando que hoy el Parlamento, con la consolidación del autogobierno y la asunción de nuevas competencias para Canarias, “se ha transformado en un instrumento central en el entramado institucional del Archipiélago”. Y añadimos en nuestro documento estratégico que “es el momento de adaptar nuestras instituciones a la realidad social y política de nuestra Comunidad, atendiendo al principio de equilibrio y también al de cercanía de las instituciones a sus administrados”.Asimismo, en nuestro programa electoral para los comicios autonómicos del pasado 27 de mayo insistimos en esas tesis en el apartado dedicado al Buen Gobierno, proponiendo la creación de una sede del Parlamento de Canarias en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, cuyo funcionamiento atendería al principio de alternancia entre ambas capitales por períodos legislativos completos, coordinadamente con la alternancia en la sede del presidente del Gobierno. Planteando, asimismo, que las islas no capitalinas deberán contar con Oficinas Parlamentarias que faciliten el acceso de los ciudadanos y ciudadanas de estas islas a sus representantes en el Parlamento de Canarias.En el programa también hacíamos referencia a la ley de sedes, exigiendo que se incorporara al nuevo Estatuto los preceptos más importantes de la misma, a fin de que este elemento central del equilibrio institucional tenga su reconocimiento en la norma de máximo rango de nuestra Comunidad.Lógicamente, esas posiciones programáticas las hemos incluido en nuestras enmiendas al Estatuto de Autonomía, en su actual proceso de reforma. “La sede del Parlamento de Canarias alternará entre ambas capitales, por períodos legislativos, evitando la coincidencia en una misma capital con la Presidencia del Gobierno. Las islas no capitalinas contarán con oficinas parlamentarias, a los efectos de acercar las instituciones a los administrados”. Esa es la redacción de la enmienda que hemos presentado en este tema. Justificada en que la condición excepcional de doble capitalidad que se da en la Comunidad Canaria, exige que sus dos instituciones fundamentales, la Presidencia del Gobierno y el Parlamento de Canarias, estén sujetas al principio general de alternancia que es inherente a la condición de doble capitalidad. Así como en el hecho de que la complejidad que ha ido adquiriendo con los años la dinámica parlamentaria requiere facilitar el trabajo de representación de los diputados y diputadas de las islas no capitalinas mediante la dotación de oficinas parlamentarias en estos territorios.Estamos convencidos de que avanzar en esa vía construye un auténtico antídoto contra el insularismo radical, al contribuir a una Canarias más equilibrada y vertebrada, no sólo entre sus dos islas capitalinas, sino en el conjunto de su fraccionado territorio. Es insostenible mantener el actual desequilibrio institucional entre las dos capitales canarias; como lo es el que los diputados y las diputadas elegidos en las seis circunscripciones que carecen de sede parlamentaria no dispongan de un lugar adecuado para atender las reclamaciones ciudadanas. Sabemos que el planteamiento levantará resistencias, como en su momento las hubo cuando Gran Canaria quiso contar con su primer instituto o cuando reclamó la implantación de una Universidad completa. Esperamos contar con la oposición radical de ATI. Pero resultará difícil de entender que no apoyen la medida el PSOE y el PP, que deberían actuar con valentía y en defensa de los intereses generales. Se trata, nada más y nada menos, de contribuir al equilibrio institucional de la Comunidad Canaria y al mejor trato a la ciudadanía de todas las islas. En la reforma estatutaria muy probablemente nos quedaremos solos defendiendo esos reequilibrios institucionales. Pero estamos seguros de que más temprano que tarde esta razonable propuesta se hará realidad, contribuyendo a una Canarias más unida, fuerte y equilibrada.(*) Román Rodríguez es presidente de Nueva Canarias. Román Rodríguez (*)